“PARA QUE LLUEVA MAÍZ EN LA MONTAÑA»

CONSEJO DE COMUNIDADES DAMNIFICADAS DE LA MONTAÑA DE GUERRERO

“PARA QUE LLUEVA MAÍZ EN LA MONTAÑA”

Propuesta integral para el abastecimiento emergente de maíz, frijol y arroz para las familias indígenas damnificadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid

Noviembre 2013

I. Presentación

Los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre un fenómeno meteorológico de enormes proporciones originado por la conjunción de la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid, golpeó el territorio nacional, causando graves afectaciones en el Estado de Guerrero.

Una de las regiones más afectadas del Estado fue La Montaña, donde además existen condiciones estructurales de marginación. Las tormentas no sólo causaron daños que requieren atención urgente, sino también han puesto a la región al borde de una crisis alimentaria. La pérdida de la cosecha del maíz de autoconsumo que se recogería en este ciclo agrícola y que es la base de la alimentación en la Montaña, arroja a la incertidumbre a miles de familias indígenas de los pueblos Me’phaa, Na Savi y Naua, los cuales durante el próximo año no tendrán que comer.

Frente a este panorama, el Consejo de Comunidades Damnificadas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC) han elaborado esta “Propuesta integral para el abastecimiento emergente de maíz, frijol y arroz para las familias indígenas damnificadas”.

II. El contexto de la emergencia: el paso de Manuel e Ingrid por La Montaña

La Montaña, región conformada por 19 municipios incluyendo a los más pobres de México, con más de 1,000 comunidades en donde se concentra el 85% de la población indígena del estado según el Censo del 2010 del INEGI, fue severamente dañada por la combinación de la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid. Algunas de las principales afectaciones que dejaron las lluvias son las siguientes:

Fallecimientos. Hasta el momento se han verificado alrededor de 40 fallecimientos tan sólo en la región de la Montaña. Si se considera que el total de fallecimientos a nivel nacional que dejaron las tormentas asciende a 130 personas, y que en Guerrero se reportan 78 en las cifras oficiales, las muertes de hombres, mujeres, niños y niñas indígenas de la región representarían casi una tercera parte del total nacional y prácticamente la mitad del número de decesos en el estado.

Comunidades de desplazados. Las y los habitantes de comunidades como Filo de Acatepec, El Tejocote, La Lucerna, Moyotepec, El Tepeyac y San Miguel Amoltepec permanecen en calidad de desplazadas, viviendo en precarios campamentos que han improvisado a las orillas de los caminos.

Caminos colapsados. Las principales rutas carreteras y de caminos rurales de la región sufrieron distintos tipos de daños colapsando la comunicación vía terrestre. Aunque al día de hoy algunas rutas han sido reabiertas, muchas otras , como el camino intermunicipal que conecta a Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, con Chilixtlahuaca, municipio de Metlatónoc, permanecen cortadas. Asimismo, otras rutas de gran importancia han sido reabiertas de forma precaria, como la carretera Tlapa-Marquelia, convirtiéndola en una ruta de alto riesgo, misma que puede nuevamente colapsarse en cualquier momento.

Viviendas destruidas. Las afectaciones causadas por las lluvias ocurrieron en prácticamente todas las comunidades, evidenciando la intensidad del fenómeno meteorológico, así como la precariedad de las condiciones y servicios de vivienda en la Montaña.

Deslaves. Las deslaves de grandes proporciones no solamente afectaron viviendas y caminos, si no que arrasaron con cientos de hectáreas de cultivos de temporal de Milpa (siembra de maíz, frijol, calabaza), próximas a cosecharse. La desaparición de la milpa pone en grave riesgo de hambruna a quienes perdieron su principal fuente de alimento, misma que no podría ser sustituida por despensas, si bien ésta han resuelto parcial y temporalmente el abasto de alimento para un sector de las familias afectada.

Destrucción de servicios básicos. Una gran cantidad de comunidades continúan sin agua potable, sin servicio de energía eléctrica y sin atención médica, lo cual, aunado al desabasto de alimentos, incrementa los niveles de riesgo de enfermedades en la población damnificada.

En este contexto, las propias personas damnificadas conformaron el 22 de septiembre de 2013 el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero. Este esfuerzo organizativo surgió para dar voz a las comunidades, que al no ser consideradas algún nivel de gobierno corrían el riesgo de ser excluidas de los programas de atención inmediata y de reconstrucción. Asimismo, el Consejo fue creado para impulsar una mayor rendición de cuentas y más amplios espacios de participación ciudadana que permitan integrar a la discusión su visión respecto a sus necesidades, con el objetivo de orientar las acciones impulsadas por el gobierno tras el paso de las tormentas.

Es fundamental señalar que el Consejo lo constituyen autoridades comunitarias (Comisarios), que dada la identidad indígena de la región Montaña, son los representantes directos de sus pueblos y portavoz para con las autoridades municipales y cuentan con la representatividad legal y real de las comunidades, lo que no puede decirse de autoridades electas como las municipales, que en la región tienen un grave déficit de representatividad. Además éstas tienen el conocimiento concreto de los daños que han sufrido, siendo ello fundamental para recibir una atención oportuna y adecuada a sus propias circunstancias. En este sentido, frente a la magnitud de la devastación el Consejo representa un esfuerzo único de contraloría social y participación cívica con pertinencia cultural en la Montaña de Guerrero.

El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña ha sido reconocido oficialmente desde el 23 de septiembre de 2013, durante la reunión que tuvieron con la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, además de mantener interlocución permanente con el Subsecretario de esa dependencia federal, Javier Guerrero.

Desde su constitución, el Consejo ha mostrado especial preocupación por el desabasto de granos básicos. La inmensa solidaridad nacional e internacional, mediante el envío de víveres, ha permitido a algunas comunidades de la Montaña enfrentar la carestía más inmediata. Sin embargo, la pérdida de la siembra de este ciclo agrícola y el desabasto que se presenta en la red de DICONSA, pueden conjugarse para generar en el corto plazo una crisis de abastecimiento de maíz y frijol capaz de traducirse en hambruna, dado que, como es sabido, estos granos son el componente central de la alimentación de las comunidades.

En ese contexto, los integrantes del Consejo han decidido elaborar una propuesta que rompa con la inercia de la dotación de víveres, de manera que se garantice suficiente alimento que les permita dar paso al inicio de la reconstrucción de sus viviendas y de sus pueblos, sin tener que invertir los esfuerzos y tiempos comunitarios en resolver el acceso a la dotación de alimentos, que en ocasiones, implica el trasladarse caminando por horas para recibir víveres que cubren sus necesidades por periodos mínimos.

Para los integrantes del Consejo, este tema debe encuadrarse como la exigibilidad del derecho a la alimentación circunscrito en el marco constitucional y convencional que enseguida se detalla.

III. La obligación estatal de garantizar el derecho a la alimentación en contextos de desastre natural

Como es sabido, mediante un decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2011, el artículo 4 de la Constitución fue modificado para señalar que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

A ello hay que agregar que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho humano a la alimentación en su artículo 11. También lo hace el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en su artículo 12; así como el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño.

Es importante señalar que dichos tratados internacionales han sido debidamente firmados y ratificados por el Estado mexicano, por lo que no cabe duda de que forman parte del bloque de regularidad constitucional creado por virtud de la reforma en materia de derechos humanos aprobada en 2011, que establece que tales derechos se encuentran en la cúspide del ordenamiento jurídico mexicano, de suerte que todas las autoridades deben promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de conformidad con los principios pro persona y de interpretación conforme.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación General número 12 de 1999, señaló que el derecho a la alimentación comprende: “la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada” así como “la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos”. (Párrafo 8).

Es importante destacar el énfasis que el Comité ha puesto en la aceptabilidad cultural. Al respecto, en la propia Observación General 12 señala esta instancia: “hay que tener también en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponible” (Párrafo 11).

En el ámbito internacional, es ampliamente reconocido que los Estados deben adoptar medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la alimentación en desastres naturales. En la misma Observación General 12 el Comité se ha referido a la obligación del Estado de adoptar medidas especiales para mitigar el hambre en casos de desastre natural (párrafo 6).

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha dicho: “La obligación de proveer implica que el Estado, como último recurso, debe suministrar alimento “en el caso que un individuo o grupo de individuos no pueda disfrutar del derecho a la alimentación adecuada a través de los medios a su disposición, por cualquier motivo que escape a su control” (Observación General 12, parágrafo 15). Las situaciones de emergencia, debido a su naturaleza misma, conllevan a menudo un cambio de la obligación de facilitar a la obligación de suministrar.” Y en el mismo sentido, ha apuntado: “Existe una gran variedad de formas para implementar la obligación de suministrar: programas gratuitos de ayuda o de trabajo por alimentos; la provisión de alimentos o de dinero (en este último caso, las medidas para cumplir/proveer pueden ser asociadas con las medidas para cumplir/facilitar el acceso del comercio privado en una región afectada)”.

Desde este marco de derechos, tras una amplia consulta entre un número representativo de comunidades afectadas, enseguida se exponen los componentes esenciales de esta propuesta.

IV. Para que llueva maíz en La Montaña: una propuesta integral construida por las Comunidades Damnificadas en diálogo con los pequeños y medianos productores nacionales

La propuesta tiene dos vertientes fundamentales: a) Implementar acciones para prevenir una hambruna en la Montaña, que permita mitigar que aumenten los índices de pobreza extrema y los flujos migratorios, y b) Que las comunidades damnificadas dejen de invertir su tiempo en recorrer grandes distancias para gestionar la entrega de víveres, para que puedan concentrase en la reconstrucción de sus viviendas, pueblos, caminos, siembras y tejido social, los cuales se encuentran indelebles y frágiles consecuencia del paso de las tormentas.

Para lograr ese propósito se requiere con urgencia un cambio en la estrategia de atención a la emergencia por parte de las instancias de gobierno, por una política pública de atención integral que incluya el reabastecimiento gratuito de granos básicos, garantizando la inclusión y la participación de mujeres y hombres de los pueblos y sus autoridades tradicionales. Sólo sin hambre las personas y comunidades de La Montaña podrán enfrentar adecuadamente los enormes desafíos ante la reconstrucción.

A efecto de alcanzar este objetivo, los representantes de las comunidades integrantes del Consejo han expresado que lo central es garantizar el suministro suficiente y de calidad de maíz, frijol y arroz, dado que estos representan el centro de la dieta de las comunidades indígenas, lo que además incluye y trasciende desde el propio derecho a la aceptabilidad cultural, elemento que quedaría plenamente garantizado.

La propuesta del Consejo de Comunidades Damnificadas implica que el Gobierno Federal realice una compra extraordinaria de maíz, frijol y arroz, así como, en coordinación y consulta con las autoridades tradicionales de los pueblos más afectados, que diseñe una estrategia de distribución gratuita, mediante la red de Diconsa o con otras opciones adecuadas, sujeta al escrutinio del propio Consejo. De tal forma, se garantizaría la alimentación de las familias de La Montaña durante un año, y se adecuarían las condiciones para iniciar la reconstrucción, la cual incluye la rehabilitación de la siembra del ciclo de lluvias, cuya planeación debe ser inminente para poder iniciar la recuperación de la producción agrícola de autosubsistencia.

Con el objetivo de fortalecer la propuesta, el Consejo ha tenido reuniones con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), quienes a través de sus productores serían un elemento clave para la implementación de ésta, dado que, la ANEC puede garantizar el suministro requerido a un precio favorable y bajo los principios de la soberanía alimentaria, donde los productores nacionales apoyarían a los productores de La Montaña.

En las reuniones semanales del Consejo de Comunidades se han sistematizado las estadísticas de consumo de los granos básicos y se han cruzado con los datos oficiales del INEGI, a efecto de contar con datos fidedignos que permitan formular una propuesta integral adecuada. En este sentido, se ha establecido que en promedio las familias de la Montaña se componen por entre 4.5 y 5 integrantes; y estimando que cada familia realiza un consumo diario de aproximadamente 4 kg de maíz, el promedio de consumo mensual puede establecerse en 125 kg. Así, el consumo semestral ascendería a los 750 kg y el anual a los 1,500; es decir, una tonelada y media de consumo de maíz por familia. Por otra parte, el promedio de consumo anual de frijol y arroz por familia ronda por 300 Kg de cada grano.

Hasta el momento el Consejo se integra por 200 comunidades, con 92,334 personas integradas en 20,538 familias. Proyectando este nivel de consumo para las 200 comunidades que componen el Consejo de Comunidades Damnificadas, las necesidades de maíz en la región para evitar la hambruna pueden determinarse conforme al siguiente cuadro:

Las cerca de 31 mil toneladas de maíz, más aproximadamente 6 mil de frijol y 6 mil de arroz bastarían para garantizar el abasto para más de 20 mil familias de 200 comunidades de la Montaña de Guerrero, que enfrentaron daños severos causados por Manuel e Ingrid y que hoy se encuentran en el umbral de la hambruna.

Dada la relevancia y tamaño de esta propuesta, el Consejo de Comunidades Damnificadas ya ha avanzado en el diálogo con los productores que podrían satisfacer las necesidades emergentes de abasto de grano en La Montaña, priorizando entrar en contacto con pequeños y medianos productores nacionales que promuevan los principios de sostenibilidad y soberanía alimentaria. Como ha sido mencionado, el Consejo estableció contacto directo con la ANEC, que puede garantizar el suministro extraordinario requerido a un precio favorable. De este modo, a partir de los precios de garantía de la ANEC, la erogación requerida se ajusta a lo siguiente:

Es importante contextualizar este monto: El total no significaría más que apoyar con algo más que 8 pesos diarios a las y los integrantes de las familias del Consejo, que han sido afectadas directamente por los estragos de Manuel e Ingrid. El siguiente cuadro demuestra el costo anual, mensual y diario de la propuesta del Consejo a través de los costos ofertados por ANEC:

Más aún, en el contexto de los fondos que se han anunciado para la reconstrucción de Guerrero, la Propuesta integral de abastecimiento emergente de maíz para las familias indígenas damnificadas por la tormenta Manuel no representa ni siquiera el 2% de los montos anunciados.

Es evidente, así, que al poner en perspectiva el gasto que supondría garantizar la alimentación de las familias indígenas de la Montaña afectadas por las tormentas, no generaría un desembolso incosteable al Estado. Además, más allá de los costos, tratándose de una política con enfoque de derechos, debe entenderse que se trata de una inversión para garantizar un mínimo vital a los más excluidos, en un contexto de emergencia humanitaria.

La propuesta del Consejo, claramente, presenta una serie de virtudes de primera importancia:

Enfoque de derechos: No se trata de una política asistencial, sino de un mecanismo extraordinario de protección de derechos que hoy se encuentran en riesgo.

Pertinencia cultural y fortalecimiento del tejido social: Al incluirse la participación de los Comisarios, como autoridades tradicionales de los pueblos originarios, se asegura que la medida tome en cuenta la identidad indígena de los destinatarios.

Participación ciudadana y construcción de ciudadanía: El diseño del programa con las autoridades y la sociedad civil, generará esquemas de diálogo entre el gobierno y la sociedad que son inéditos en una región donde la presencia estatal ha sido secularmente punitiva antes que garante de derechos.

Transparencia: Los esquemas de contraloría social que generará la participación directa de las comunidades damnificadas será el mejor resguardo contra actos de corrupción y manejos indebidos.

Visión de mediano plazo: Asegurando el derecho a la alimentación mediante un plan integral de reabastecimiento de maíz, frijol y arroz, las comunidades damnificadas podrán acometer las inmensas tareas que impone la fase de reconstrucción.

Defensa del interés nacional y la soberanía alimentaria: Al incluir expresamente la compra de granos a pequeños y medianos productores nacionales, el Gobierno Federal generaría un círculo virtuoso al adoptar medidas extraordinarias a favor de quienes más lo necesitan, estimulando simultáneamente a los productores mexicanos que requieren del impulso estatal para comercializar sus productos en mejores condiciones.

Gratuidad: Al entregarse los granos básicos gratuitamente, los escasos ingresos de las familias podrán concentrarse en la reconstrucción y no en satisfacer este derecho humano recurriendo a alimentos poco nutritivos pero más baratos. Es importante mencionar que la gratuidad está dada en el marco de la emergencia y con el uso de los recursos públicos que han sido destinados para ello.

El Gobierno Federal, cabe señalar, ha anunciado que repartirá maíz en la Montaña a través de la red de Diconsa; sin embargo, los montos anunciados hasta hora son insuficientes y en las condiciones actuales no se encuentra garantizada la gratuidad de la entrega, como tampoco la transparencia, la pertinencia cultural y la participación civil.

V. Conclusión

La propuesta integral de abastecimiento emergente de maíz para las familias indígenas damnificadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid “PARA QUE LLUEVA MAÍZ EN LA MONTAÑA”, refleja las necesidades reales de las comunidades y puede evitar la crisis de hambre que se avecina entre los pueblos Me’phaa, Na Savi y Naua. Además, constituye un ejercicio inédito entre pueblos indígenas, sociedad civil y los productores nacionales. La posibilidad de que el Gobierno Federal atienda la voz unida de estos sectores, representaría igualmente una apertura sin precedente, cuyo potencial para replicarse sería inconmensurable.

El Consejo de Comunidades Damnificadas, la ANEC y Tlachinollan, privilegiando en todo momento el diálogo entre la sociedad y el gobierno, allegarán esta propuesta al Gobierno Federal, a través de SEDESOL. Sucesivamente, buscarán también que la propuesta sea conocida y secundada por otros sectores de la sociedad civil que deseen impulsarla.

Siendo público que el Gobierno Federal destinará Veintidós mil quinientos millones de pesos a la reconstrucción de Guerrero sin que se conozcan los mecanismos de transparencia que le respaldarán; con esta propuesta el Consejo de Comunidades Damnificadas, con el apoyo de la ANEC y Tlachinollan, lanza una pregunta fundamental: ¿Priorizará el Estado Mexicano destinar menos del 2% de los fondos de reconstrucción para garantizar que los pueblos Na Savi, Me’phaa y Nauas de la Montaña no tengan hambre? Las familias de la Montaña que han quedado en la más extrema vulnerabilidad, aguardan con esperanza y dignidad la respuesta.