En defensa de los derechos de la población jornalera agrícola

Tlapa, Guerrero, a 1 de octubre de 2021. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan firmó el primer convenio de colaboración con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato para la atención de la población jornalera migrante de la Montaña de Guerrero. Es una iniciativa inédita que conjunta esfuerzos entre un gobierno estatal con organizaciones de la sociedad civil para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la niñez indígena y de los trabajadores agrícolas.

Las familias jornaleras indígenas de la Montaña se enrolan en los trabajos agrícolas de 20 estados del país, donde los malos tratos por las empresas o agricultores rayan en la discriminación y racismo. La explotación es constante, sin atención ni protección de parte de las autoridades estatales y federales. Este viernes 1 de octubre se estableció un acuerdo interinstitucional para atender con presteza a un sector de la sociedad que es víctima de abusos, maltratos y engaños por parte de los enganchadores y empresarios agrícolas. Se logró tender un puente de esperanza desde el bajío hasta la Montaña de Guerrero.

Este convenio de colaboración para la atención integral de las familias indígenas jornaleras de la Montaña de Guerrero estará presidida por el antropólogo Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, quien cuenta con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y tendrá la facultad suficiente para hacer que las partes pueden dar “cumplimiento a las obligaciones del presente instrumento legal”. En México es la primera vez que una entidad firma un convenio de trabajo de colaboración con una organización de derechos humanos para velar por los derechos y las condiciones laborales de cientos de familias jornaleras.

El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, junto con Tlachinollan, del 2020 a agosto 2021 registró más de 23 mil 347 jornaleras y jornaleros que migran a los estados del norte del país. El 93% de las familias jornaleras son indígenas Na Savi, Me’phaa y Nahua. De febrero a diciembre de 2020 se tiene 15 mil 423 indígenas que migraron, 6 mil 372 sin estudios, mientras que de enero a agosto de 2021 hubo 7 mil 924 personas que migraron a los campos, y más de 6 mil 553 son niñas y niños que tienen que dejar la escuela para trabajar con sus padres en el corte de chile, jitomate y tomatillo, entre otras verduras. El derecho a la educación queda relegado en el fango de los surcos, ensanchando aún más la brecha de la desigualdad y el analfabetismo.

Entre los municipios más pobres de México se encuentran Cochoapa el Grande y Metlatonoc que expulsan un gran número de familias pobres que no encuentran un trabajo remunerado en la región. Le siguen Atlamajalcingo del Monte, Xalpatlahuac, Tlapa, Alcozauca, Atlixtac, Malinaltepec, Iliatenco, Huamuxtitlán, Tlacoapa, Alpoyeca, Tlalixtaquilla y Cualac. La mayoría de familias llega a los campos de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

Estas familias indígenas jornaleras que buscan mejorar sus condiciones de vida pasan por un calvario, donde al final son víctimas de vejaciones, explotación laboral y tratos discriminatorios. El 23 de agosto fallecieron seis integrantes de una familia Me’phaa de la comunidad de Juanacatlán, en un accidente carretero en el tramo de Atotonilco-La Barca, Jalisco. Seis días después un padre de familia, Ricardo Marcos García, del pueblo Me’phaa de la comunidad de Francisco I Madero, municipio de Metlatonoc, murió en un accidente en la carretera de Parral, Chihuahua, igual que Albino Maldonado Flores en Colonia de los Valles.

En estas últimas dos semanas han muerto 5 migrantes de la Montaña en Nueva York y 10 personas se encuentran desaparecidas en la frontera con Estados Unidos. Lo más cruento es que ninguna autoridad atiende ni protege a los migrantes, son los mismos familiares y amigos los que se cooperan para pagar los servicios funerarios y el traslado de los cuerpos. Las remesas también se destinan para pagar de 6 a 10 mil dólares el viaje en avión de quienes truncaron sus sueños en la frontera de la muerte.

El convenio de colaboración se firmó este viernes 1 de octubre, a las 11:30 de la mañana, por parte del doctor John Robert Hernández, secretario del migrante y enlace internacional del gobierno de Guanajuato y Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, acompañado por el consejo de coordinadores del Centro de Derechos Humanos y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.

También estuvieron autoridades del estado de Guanajuato que forman parte de la Red Estatal de Atención a Personas Migrantes Jornaleras Agrícolas: Libia Dennise García Muñoz Ledo, secretaria de gobierno del gobierno de Guanajuato, Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de hospitalidad e interculturalidad, Juan Carlos Alcántara Montoya, titular de jefatura de gabinete del poder ejecutivo, Jorge Octavio Muñoz Frausto, coordinador de eje desarrollo social y humano, Marina Alamilla Cruz, subjefa de análisis  y seguimiento estratégico, María Teresa Palomino Ramos, procuradora estatal de protección de niñas, niños y adolescentes, Sagrario Villegas Grimaldo, secretario ejecutivo del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, José Francisco Gutiérrez Michel, secretario de desarrollo agroalimentario y rural, Fortino Hernández Becerra, subsecretario de fomento y desarrollo de la sociedad rural, Raquel Barajas Monjaras, coordinadora general jurídica, José Miguel Fuentes Serrato, director general de promoción y desarrollo laboral, y subsecretaria del trabajo y previsión social; Gabriela Ledezma García, encargada de la dirección de inspección del trabajo, Gerardo Trujillo Flores, director general del sistema para el desarrollo integral de la familia, Gabriela García González, subdirectora general operativa, Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de salud, Alma Yurixhi Perdomo Albarrán, jefe de atención primaria del área de atención médica, Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de educación, Alejandro Rutilo Ávalos Rincón, director de inclusión educativa, Irma Guadalupe Martínez Acosta, jefa de departamento de educación intercultural y Anabel Pulido López, directora general del instituto para las mujeres, que asumieron el compromiso de atender los planteamientos más urgentes que requieren las familias jornaleras.

El convenio que se suscribe es para implementar acciones orientadas a proteger los derechos de las familias jornaleras, atenderán a las personas que sean víctimas de un delito; a las mujeres jornaleras contarán con atención con las instancias competentes para prevenir y erradicar la violencia que se ejerce contra ellas. También se brindarán los servicios básicos como atención médica, apoyo educativo para niñas y niños indígenas en los municipios donde hay mayor número de familias jornaleras. Se implementarán acciones orientadas a proteger los derechos laborales con la participación con la secretaría del trabajo y previsión social. Se buscará el apoyo para atender situaciones graves que enfrenta la población jornalera como accidentes y defunciones. Es un primer esfuerzo que busca articular acciones por parte de las diferentes dependencias del gobierno de Guanajuato con un organismo civil de derechos humanos y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.

Ante la falta de políticas públicas y la ausencia de programas federales para la atención de más de 2 millones de personas que sobreviven del trabajo jornalero en los campos agrícolas del norte y occidente del país, las familias indígenas libran una desigual batalla contra la discriminación social y la explotación económica. Con el cambio de gobierno estatal en Guerrero la población jornalera emplazará a la gobernadora Evelyn Salgado para que incorpore dentro de su plan estatal de desarrollo recursos financieros que reviertan la pobreza extrema en que se encuentran sumidas por el olvido gubernamental. Que esta iniciativa sirva para establecer convenios entre los gobiernos estatales para brindar atención a la población jornalera y salvaguardar sus derechos laborales ante un empresariado agrícola voraz.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan