Violar y matar a niñas indígenas

Este viernes 22 de abril, cuando Delfina platicaba con su papá en el patio de su casa, recibió un escopetazo por la espalda. Al instante cayó muerta. Los asesinos aprovecharon la oscuridad para llegar hasta su domicilio y cometer el artero crimen. Aún no daban las 9 de la noche, cuando se escucharon las detonaciones. Fue en la comunidad Na savi de la Barca, que se formó con 60 familias desplazadas a causa de los hundimientos que se dieron en la comunidad de San Rafael, municipio de Cochoapa el Grande, hace 18 años. Delfina tenía 17 años y vivía en la casa paterna. Por pertenecer a una familia numerosa, sus papás ya no pudieron apoyarla para que estudiara la secundaria en la cabecera municipal de Metlatónoc. Delfina como muchas niñas indígenas acompañan a sus padres a los campos agrícolas, para trabajar como jornaleras agrícolas en los estados de Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y San Quintín Baja California. La mayoría se casa entre los 12 y 14 años, después de que terminan la primaria. Delfina no perdía las esperanzas de salir a trabajar a la ciudad y de ver la posibilidad de cruzar la frontera. Su ilusión de salir de la pobreza quedó sepultada en la antevíspera de la fiesta de San Marcos, que festejan en san Rafael.

Muy poca gente acudió este domingo a su sepelio. Prefirieron mantenerse en sus casas para evitar que los maleantes tomaran represalias. Nadie de la comunidad se atreve hablar del caso. Las mismas autoridades evaden las a respuestas con el argumento de que no tienen nada qué informar. La banda de música de san Rafael, que se encuentra ocupada con la novena de San Marcos, se dio un tiempo para acompañar a la familia en el funeral. Por lo menos los acordes que se escuchaban en el pequeño poblado aminoraron el dolor de la familia de Delfina. No hay forma de encontrar consuelo, ante tanta pobreza, violencia y abandono de las autoridades.

Este mismo viacrucis padeció la abuelita de Amalia, una menor de edad que cursaba tercero de secundaria, quien por ir en busca de su celular, fue violada y asesinada con 14 puñaladas en la casa de los ladrones y asesinos, que la tiraron en una barranca que cruza la cabecera municipal de Cochoapa el Grande, en junio de 2020. Otras dos hermanitas de 4 y 12 años de edad, hablantes se la lengua Me phaa, del municipio de Zapotitlán Tablas, fueron asesinadas y quemadas junto con sus padres adentro de su camioneta, en el mes de marzo de 2020. En Tlapa, el 2 de junio del mismo año, una niña de 3 años fue encontrada colgada junto con su mamá en su domicilio de la colonia Contlalco, argumentando la autoridad ministerial que la mamá mató a su hija y que después ella se suicidó, descontextualizando los hechos de violencia que había sufrido con su pareja. Un caso que causó mucha indignación a nivel estatal fue el de la niña Ayelín, quien desapareció el 15 de octubre de 2020 en la cabecera municipal de Tixtla. Su cuerpo fue encontrado mutilado, con signos de violencia y arrojado en una barranca. Después de intensas búsquedas de sus familiares y de muchas personas solidarias, fue encontrada 5 días después de su desaparición, en un paraje que ya había sido investigado.

Otras tragedias que han marcado la vida de muchas niñas indígenas de la Montaña son las violaciones sexuales que, ante el temor de las mamás de interponer denuncias contra los perpetradores, los casos quedan en la impunidad. Hay muchos padres y padrastros que violan a sus hijas de 8,9 y 10 años. El silencio y el miedo de las niñas son aprovechados por los violadores que de manera continua someten a las pequeñas víctimas. Cuando son descubiertos, amenazan a las esposas con matarlas. La indolencia y corrupción de las agentes del ministerio público forman parte de la red de complicidades que atrapan entre sus garras a las mismas niñas y madres indefensas.  A pesar de tantas adversidades varias madres se han armado de valor, para poner a salvo a sus hijas. Su lucha es desigual porque no les creen, las autoridades desacreditan sus dichos con el argumento de que quieren dañar a los esposos y revictimizan a las niñas al someterlas con interrogatorios como si fueran mayores de edad.

Las niñas jornaleras indígenas padecen agresiones sexuales en total desamparo, porque además de que se encuentran lejos de su comunidad, son víctimas de malos tratos y vejaciones por parte de los capataces y de los hombres mismos. Su ser indígena las vuelve más vulnerables, porque son acosadas constantemente por los jefes de las cuadrillas. En varias ocasiones las raptan y las violan. Varias quedan embarazadas. Se han dado casos de niñas que son llevadas a otros campos para abusar de ellas sexualmente. Nadie se atreve a denunciar, más bien, no hay autoridad que atienda estas denuncias. Para hacerlo, las víctimas tendrían que desplazarse a los centros urbanos, pero además de perder varios días para interponer las denuncias, las correrían del campo por abandonar su trabajo. Quienes se animan a denunciar se topan con los funcionarios corruptos y racistas, que no les dan importancia a sus denuncias. En la mayoría de los casos las niñas se resignan a padecer los abusos y a sobrellevar los maltratos y la violencia sexual.

Un caso reciente es el de una menor del pueblo nahua, que en el mes de enero se fue con su padre a trabajar a uno de los campos agrícolas de Navolato Sinaloa. En el mes de marzo llamó con desesperación a su mamá para pedir auxilio porque había sido agredida sexualmente por su papá. Las familias que se encontraban en la misma galera tuvieron que intervenir. Además de someter al padre lo golpearon y estuvieron a punto de lincharlo. La policía municipal llegó para ponerlo a salvo y tenerlo tres días en la cárcel. Para las autoridades se trató de una falta administrativa, dejando a la menor en manos de su agresor. La presión de los mismos trabajadores y la denuncia pública que hicieron en los medios locales, obligó a que los funcionarios del DIF municipal se encargaran de la menor y la llevara a un lugar seguro. Mientras tanto, el papá señala que su hija se había juntado con otras jóvenes y que tenían tratos con una persona desconocida, que seguramente era para explotarlas sexualmente. Es un caso que muestra el estado de indefensión en que se encuentran cientos de niñas jornaleras, que para sobrevivir en los campos agrícolas sufren todo tipo de vejaciones, hasta de sus mismos familiares, sin que haya autoridades que las proteja. Los campos agrícolas no solo se han transformado en espacios de explotación laboral, sino de abuso y explotación sexual contra las mujeres y las niñas, principalmente indígenas. Lo más grave es que ya se vende y consume el cristal entre los jóvenes, que es un negocio controlado por personajes vinculados a los grupos del crimen organizado.

No hay espacios privados ni públicos que garanticen seguridad a las niñas indígenas. En sus casas además de padecer la violencia, también son víctimas de violación sexual de los mismos esposos, padres, padrastros y suegros. Las denuncias que interponen en las comisarías municipales no son atendidas porque quienes imparten justicia son los hombres mayores, que le dan al lado a los padres sin que le den crédito a la denuncia de las hijas menores. Las mismas madres son ignoradas y sufren más violencia si se atreven a ir a las comisarías a denunciar al esposo.   A nivel municipal las autoridades ignoran a las mujeres indígenas. Estos espacios públicos regularmente los ocupan los hombres. Las sindicaturas y regidurías son espacios que se reparten los partidos políticos para quienes se candidatearon por algún cargo. Solo son cuotas de poder. No funcionan como instancias que atiendan los problemas más sentidos de la población. El DIF solo se reduce a repartir despensas, pero no a proteger los derechos de las mujeres no de las niñas. Cuando la síndica municipal llega atender un asunto de violencia familiar, es común que a la mujer se le obligue a acatar lo que el esposo plantea. La explicación es sencilla, porque el esposo arregla antes el problema entregando dinero a la síndica para que proceda a su favor. En los ayuntamientos los casos que denuncian las mujeres y las niñas no son resueltos a su favor, siempre pierden. Si la esposa  persiste en la denuncia, las consecuencias son fatales, porque en sus mismos domicilios son asesinadas.

Los agentes del ministerio público y los jueces también hacen causa común contra las mujeres, porque los esposos o quienes son señalados como responsables de cometer violaciones o asesinatos contra mujeres, conocen bien las tarifas y les llegan al precio a quienes investigan delitos y aplican la justicia de los machos. En la Montaña de Guerrero, se viola y se mata a las niñas indígenas porque el Estado opresor sigue siendo un macho violador. Cuando el único recurso de los hombres sea matar a las mujeres y a las niñas, es porque hay un fracaso total del sistema de justicia estatal. Seguimos padeciendo la corrupción y la impunidad de una clase política machista y racista.