Irregularidades en la justicia para Melani

A unos días de que se cumplan siete años del feminicidio de Melani, el proceso jurídico tiene múltiples irregularidades con probabilidades de que quede en la impunidad. En las audiencias de juicio oral la jueza que lleva el caso en Acapulco, Evelina Ramírez Venegas, favorece al feminicida. Las autoridades de justicia, sin perspectiva de género, no están garantizando el derecho a la justicia, al contrario, profundizan las relaciones asimétricas de poder y alientan a los perpetradores para que se sigan repitiendo estos crímenes. Los padres exigen a las autoridades el castigo al feminicida de su hija.

El 28 de noviembre de 2017, Melani se encontraba en el segundo piso del departamento. José Luis la empezó a maltratar y en minutos se le abalanzó azotándola contra la puerta. Estando en el piso la empezó ahorcar hasta que le rompió el hueso hioides, quitándole la vida. Para simular un accidente la llevó a las escaleras y horas más tarde pidió ayuda. Los médicos que la revisaron señalaron que ya tenía varias horas muerta. El perpetrador trató de borrar toda la evidencia. No dejó pasar a las autoridades a la escena del crimen para hacer las investigaciones. Lo más cruento es que rápidamente llevó el cuerpo a un crematorio para incinerarla porque según era su voluntad. Contrató un médico para elaborar un certificado médico a modo. Condicionó a los padres de Melani la convivencia con su nieto a cambio de que desistieran de la denuncia.

Este 7 de noviembre de 2024, en la conferencia a las 12 del día Martín Iván, padre de Melani, señaló que estaba impactado cuando les avisaron que el agresor había “acabado con la vida de mi hija el 28 de noviembre del 2017. El 21 de febrero de 2018 puse la denuncia, no podía quedarme con los brazos cruzados. Estamos aprendiendo a vivir con el dolor, pero todavía no asimilamos el nivel de injusticia que estamos viendo. Es peor con los tratos que se nos dieron el 29 de octubre en el juzgado por parte de la jueza. Me sentí muy agraviado. Fui a hacer la parte que nos correspondía de declarar. En todo momento, cuando yo estuve en audiencia, la jueza me decía que me limitara nomás a responder sí o no. Pero yo quería aclarar las cosas que sabía, que no me parecían. La jueza me atoraba con que me iba a sancionar si yo respondía otra cosa que no fuera lo que me estaba preguntando la defensa de José Luis. Ya me sentía mal psicológicamente, me bloqueaba con las cosas que me decían porque no podía contestar cosas que no me preguntaban. Nunca había estado en una situación así”.

“Yo no sabía la violencia que ejercía sobre ella hasta que mi esposa fue Acapulco para apoyarla con su bebé. Cuando mi mujer trajo el certificado médico que le expidieron allá, dice que había sido agredida violentamente. El doctor manifiesta que son heridas que no tardaban más de 15 días en sanar, pero ya mi hija tenía un bebé dentro del vientre. Es una falta de humanidad. La golpeó sabiendo que mi hija estaba embarazada, de 15 semanas de gestación. Por eso estuvo hospitalizada. Corría riesgo su vida. Eso era lo que quería decir a la jueza, y que no estaba tomando en cuenta por lo que había pasado mi hija. El agresor no tuvo misericordia ni para el niño que traía en su vientre. A mí me parecía grave, a lo mejor a ella no, porque esos detalles yo quería decirle, pero no se me permitió. El abogado de José Luis me decía limítese a responder lo que es”, reclamó don Martín.

Arón Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que el caso de Melani lo lleva la jueza Evelina Ramírez Venegas que integra el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal en Acapulco. Las audiencias de juicio oral iniciaron el 12 de abril del 2024. Se han desahogado todas las pruebas por parte de la Fiscalía, por parte de la asesoría jurídica de Tlachinollan, representando a don Martín y a doña Jovita. La defensa también ha realizado lo suyo como aportar pruebas para tratar de acreditar la no responsabilidad de José Luis y probar que Melani se cayó de las escaleras.

Los abogados de Tlachinollan consideran que la jueza ha sido muy parcial con la defensa por las múltiples inconsistencias que se han cometido de su parte durante casi cinco meses de audiencias. En los debates se hicieron objeciones a preguntas que se formulan de manera incorrecta por parte de la defensa del feminicida cuando a veces tratan de confundir a las personas que son testigos. Sin embargo, la jueza, le da la razón al agresor. Lo peor es que las preguntas a veces son ilegales. La defensa quería hacer notar que en un certificado médico se había escrito “si aliento alcohólico”, “mientras nosotros tratamos de hacer notar que eso era un error de redacción y justo eso era lo que estaba manifestando don Martín, pero la jueza lo regañó diciéndole que tuviera respeto a la audiencia y que se limitara únicamente a responder lo que le preguntaban, de lo contrario, lo podía multar. A don Martín le causó un impacto porque lo bloquea psicológicamente y le infunde miedo a las víctimas”, señaló Arón Díaz.

“Otra irregularidad que consideramos grave es que ella es una jueza, es mujer. Estaba desahogando un testimonio una perito en psicología forense, su testimonio era respecto de los tipos de violencia y la asimetría de poder que existía entre un militar y Melani, una mujer. Ama de casa y con un hijo. La psicóloga decía que Melani, antes de su muerte, tuvo una violencia exacerbada de parte de José Luis y que probablemente antes de morir sufrió mucho. Empero, la defensa para contrarrestar, le preguntó si era feminista. Se objetó esa pregunta, pero la jueza dijo que contestara porque estaba atacando su credibilidad. Nosotros manifestamos que eso era una cuestión ideológica, sin embargo, la juez obligó a la perito que contestara”, explicó Arón Díaz. Ningún resquicio de perspectiva de género en la juzgadora.

Pasó lo mismo con “un testimonio de un doctor de Sonora que había hecho un dictamen en mecánica de hechos. Trataba de contrarrestar también lo de la muerte accidental. Él decía que, si una persona tuviera una muerte accidental, hay instintos del cuerpo, reflejos, que automáticamente se activan, o por lo menos se podrían notar lesiones, pero en Melani no se veían. Este doctor ya había dado parte de su testimonio, lamentablemente tuvo una cirugía un mes antes, y se le complicó asistir a la audiencia. Ante eso la juez declaró desierto ese testimonio porque debió estar presente cuando ella lo citó, sin importarle su salud”.

Los padres de Melani, Martín y Jovita, tuvieron que buscar un equipo multidisciplinario para realizar una necropsia. Su dictamen fue que hubo una fractura del hueso hioides que fue generado por el ahorcamiento de su agresor. Sin embargo, dos necropsias anteriores pasan por alto estas conclusiones. En esta suma de irregularidades la jueza Evelina Ramírez no le da valor a este dictamen.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, solicitó a las autoridades que intervienen en el caso de Melani que el juicio sea imparcial, “que se valoren todas las pruebas que aportó el Ministerio Público de manera muy objetiva. Principalmente lo que queremos solicitar es que se tome en cuenta todo el continuum de violencia que sufría Melani, que se tomen en cuenta todos los ciclos de violencia, cómo fue aumentando, cómo empezaron los maltratos verbales y cómo estos ascendieron hasta llegar a su muerte y, sobre todo, que la jueza valore las pruebas bajo el principio de perspectiva de género para que nos permita superar estos estereotipos que hay contra la mujer, que nos permita superar estas barreras que las mujeres tienen para acceder a la justicia”.

Exigimos justicia para Melani, de lo contrario, se estará dando un mensaje de impunidad y de alentar a los perpetradores para que los feminicidios sigan aconteciendo. De por sí estamos en un momento violento en el estado de Guerrero, donde la violencia contra la mujer va en ascenso, y más si se dicta una sentencia por parte de una jueza en la que no considere todos estos elementos. Será muy lamentable para las mujeres y para las víctimas. Hacemos un llamado al Tribunal Superior de Justicia, a la jueza, a la gobernadora y a otras autoridades que estén pendientes de este caso. Es deber de la jueza actuar con imparcialidad, conforme a derecho y perspectiva de género.