Guerrero, pueblo combativo

Nuestro estado ha sido un bastión de las gestas históricas que por siglos han protagonizado los pueblos prehispánicos. Desde la colonia dieron una batalla desigual contra los españoles. Los sometieron e impusieron un sistema esclavista para explotarlo sin misericordia. Hubo una baja poblacional muy grande, un etnocidio que diezmó a la población indígena. Muchos murieron en plena faena, construyendo los grandes monumentos que ahora usufructúan las élites económicas y políticas. La sangre indígena fue el cimiento de la Nueva España, como le nombraron los conquistadores. Fueron saqueados con la espada y la cruz. Quisieron acabar con su estirpe guerrera, pero pelearon y resistieron en lo alto de las montañas.

Son los pueblos indígenas y afromexicanos los que siguen dando la batalla en sus territorios y en todos los frentes que han abierto para exigir el respeto a su libre determinación y al reconocimiento pleno de sus derechos colectivos. Su gran temple ha desafiado a los gobiernos racistas y corruptos. A pesar del abandono y el saqueo secular han sabido mantenerse en la trinchera para proteger la vida de la comunidad y alcanzarla justicia tan ausente en el estado.

En esta herencia del coloniaje la Montaña de Guerrero ha sido un terreno fértil para los cacicazgos y los partidos políticos. Han abusado de la nobleza de la gente para usurpar el poder y vaciar las arcas públicas. Han utilizado a líderes locales para asegurar votos y ganar elecciones. Desde que el PRI se consolidó como un partido hegemónico, en la Montaña los caciques y sus secuaces se encargaban de embarazar las urnas para imponer en los cargos públicos a sus amigos y compadres. La población indígena era acarreada en camionetas de redilas para llenar las plazas y simular la simpatía de los candidatos del partido oficial. Cada líder llevaba a sus huestes para mostrar ascendencia, presencia y legitimidad, y con eso negociar algún cargo o prebenda.

Lamentablemente este tipo de política barata, basada en la lisonja, se sigue reproduciendo en todos los partidos políticos. En nuestro estado predomina la práctica del corporativismo nefasto, del acarreo de la población pobre, de la adulación a los dirigentes, de las promesas incumplidas, los compromisos irrealizables y un sin número de marrullerías, para congraciarse con una población ávida de ser atendida en sus necesidades más apremiantes. Esta situación sigue causando un gran agravio al pueblo pobre de Guerrero. La brecha de la desigualdad es más honda, se mantiene intacto el dicho lacerante pueblo pobre, gobierno rico. En nuestro estado hay más de 2 millones de pobres, más del 60 por ciento, mientras que la clase gobernante se encuentra en la bonanza, gozando de los privilegios que les da el poder. Realizando gastos suntuosos y exhibiéndose en las redes sociales. Los vicios del lucro y la corrupción continúan arraigados en las instituciones de gobierno. Lo más cruel es que ahora el gobierno de Morena aplica la austeridad republicana a quienes han vivido en la miseria. Obligan, como lo hicieron los priistas, a que se aprieten el cinturón los que no tienen ingresos seguros, para que los políticos que están en lo alto de la pirámide puedan seguir volando en helicópteros o paseándose en una camioneta Cybertruck.

En la entidad el gobierno de Morena no ha dado pasos firmes para revertir la pobreza ancestral de la mayoría de guerrerenses. A nivel estatal no hay un programa enfocado a los sectores más pauperizados. Más bien se han restringido los servicios básicos en las regiones pobres como la dotación de medicamentos, la contratación de personal médico y enfermeras. La construcción de aulas y la incorporación de maestras y maestros en las comunidades donde los índices de marginalidad son escandalosos.

Los programas para pequeños agricultores son insuficientes. El déficit alimentario sigue sin atenderse, la desnutrición infantil es un problema crónico y la muerte materna, ahora la han ocultado en las estadísticas oficiales, en detrimento de la atención a las madres que no son aceptadas en los hospitales, para que regresen a morir a sus comunidades.

No hay forma de que la gente sea escuchada, pero sobre todo atendida. Es imposible, porque los funcionarios sólo atienden en las cabeceras municipales, y en contadas ocasiones, pero nadie atiende a la gente que vive en las comunidades, donde no hay agua ni alimentos y la violencia se enseñorea contra las mujeres y niños.

Las luchas históricas de Guerrero no han cejado, más bien, siguen vivas y demandando justicia social para revertir la pobreza. Justicia por sus familiares asesinados y desaparecidos. Verdad para saber su paradero y fin a la impunidad para castigar a los responsables. Se tiene que garantizar la reparación de los daños que muchos son irreversibles y hacer efectivas medidas de no repetición.

Los pueblos y comunidades también abanderan luchas de largo aliento que tienen que ver con reformas legislativas para garantizar los derechos fundamentales y los derechos colectivos. El movimiento impulsado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conocido popularmente como la Policía Comunitaria (CRAC-PC) convocó esta semana a las autoridades de las cinco casas de justicia, junto con los comisarios para marchar en la capital del estado con el fin de plantear con mucha precisión y contundencia los temas que el Congreso del Estado debe tomar en consideración, para que la reforma indígena federal tenga un impacto favorable en Guerrero a través de las leyes secundarias. Ha sido un ejemplo muy importante, una muestra de civilidad y sobre todo un ejercicio de lo que es ser ciudadano, de ejercer el derecho a la protesta para demostrar que la agenda de los pueblos tiene un derrotero propio y se construye desde las comunidades, no en los aposentos públicos. Es en las calles y en las comunidades donde están los reclamos más profundos de un pueblo que padece la desatención y el mal trato de las autoridades y es víctima de la violencia criminal.

Los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicano. A pesar de que la reforma aprobada el 18 de septiembre de 2024 reconoce la jurisdicción indígena tiene graves lagunas, porque los limitan a resolver problemas menores al interior de las comunidades, es decir, no pueden resolver un homicidio o un feminicidio, cuando lo están haciendo bajo el paraguas de sus sistemas normativos. El fondo de la reforma que tiene que ver con el derecho a la propiedad ancestral, con el territorio, la impartición de justicia y los gobiernos propios no se tomaron en cuenta.

El coordinador regional de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Ezequiel, es contundente “se nos hace creer que nosotros como indígenas no tenemos capacidad para impartir justicia y para hacer valer nuestros derechos. Se nos reconoce como sujetos de derecho a medias, pero no se nos reconoce como institución que puede impartir justicia”. Las autoridades comunitarias exigieron respeto a sus estructuras de gobierno milenario que, antes de la conformación del Estado-Nación, ha funcionado. Sin embargo, los diputados han estado ausentes y han dejado que los pueblos indígenas y afromexicano sigan siendo despojados y atracados por la clase política gobernante y el crimen organizado.

En los 90 los asaltos y las violaciones a mujeres indígenas estaban al día. No había ley, sólo era la que imponían los perpetradores. La solución emergió de las asambleas con el hartazgo de las familias que no podían transitar por los caminos peligrosos.

Las comunidades se organizaron y acordaron implementar la seguridad, la justicia y la reeducación. Los abuelos y las abuelas recordaron cómo se hacía la justicia, enraizada desde la casa del pueblo y desde su pensamiento y su filosofía. En las asambleas reafirmaron lo que se veía a leguas: estaban solos, sin la protección de los gobiernos. Las mismas autoridades abusaban de las familias indígenas de la Montaña. No había esperanzas del Estado, tenían que juntar los brazos para pelear contra los criminales, los policías y el Ejército. Por eso la CRAC-PC empezó a ejercer su derecho a la libre determinación y autonomía, con un sistema de justicia comunitaria.

Los legisladores y legisladoras están lejos de entender esta justicia del pueblo, así como la pluriculturalidad que reconoce los sistemas normativos indígenas, que se inspira en una cosmovisión propia, diferente al derecho romano. No pueden dar marcha atrás. Sus conquistas y sus derechos son progresivos por eso la lucha de los pueblos por sus derechos colectivos nadie la puede parar.

Este es el pueblo combativo, no es el que está corporativizado en los partidos políticos y quienes solamente se movilizan para aplaudir algún candidato o líder partidista. Es el pueblo que se organiza en torno a sus derechos, a su exigencia de justicia y a su lucha por la verdad. Es el Guerrero de las venas abiertas que sangran, pero que al mismo tiempo dan la pelea. No están derrotados y nunca van a ceder un ápice para olvidar estos crímenes de lesa humanidad. Siempre están altivos y decididos a dar la batalla en cualquier trinchera.

La construcción del segundo piso que propone la presidenta Claudia Sheinbaum necesariamente tiene que generar primero los cimientos para sacar de la pobreza a más de 2 millones de guerrerenses, atender con prontitud a las víctimas de los crímenes del pasado, a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, a los colectivos de víctimas de desaparecidos y asesinados por el crimen organizado y garantizar castigo al Ejército que es el principal perpetrador por las graves violaciones a los derechos humanos que impunemente ha cometido en Guerrero, desde la desde las décadas del terrorismo de Estado hasta la fecha.