El santuario de las mujeres, ensangrentado

En este 2024 la ONU Mujeres en su campaña ÚNETE, impulsará el tema “Cada 10 minutos se asesina a una mujer. #NoHayExcusa.ÚNETE. A partir de este 25 de noviembre, el día internacional para eliminar la violencia contra la mujer, inicia la campaña para concluir el 10 de diciembre, en el día internacional de los derechos humanos. Son 16 días de activismo para impulsar campañas en favor de una vida segura de las mujeres y para exigir a los gobiernos que dejen los discursos huecos en favor de los derechos de las mujeres y salgan de sus aposentos para estar a su lado y contener la avalancha de las violencias que sistemáticamente suceden en sus casas, sus trabajos y en los espacios públicos.    

De acuerdo con información de ONU Mujeres, a nivel global, casi una de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. La realidad nos apabulla al constatar que la violencia contra las mujeres y las niñas es generalizada en todo el mundo, al grado que cada 10 minutos se asesina una mujer. En el 2023 más de 51 mil mujeres y niñas de todo el orbe murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Se trata de una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar de trabajo y los espacios en línea.

En este 2024 se cumplen 25 años de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lamentablemente la violencia se incrementa y los gobiernos no han cumplido con sus compromisos internacional de garantizar y proteger los derechos de la mujer. En México, de acuerdo con cifras oficiales se registran de 2018 a 2022 un promedio de 10 mujeres asesinadas por día; en 2023 fueron 9 y, a lo largo de 2024, 10 mujeres murieron violentamente cada día.

En el ámbito laboral tampoco es una excepción. El 27.9% de las mujeres en México ha sido violentada en el trabajo al menos una vez en su vida, y 6 millones de quienes experimentaron violencia física o sexual no acudieron a ninguna institución o autoridad debido a que el 31.6% consideró que se trató de algo sin importancia o que no les afectó

En Guerrero el grave problema que arrastramos es la inacción y complicidad de las autoridades encargadas de investigar los delitos y de aplicar la justicia. Las mujeres y las niñas sufren una desprotección estructural: no son tratadas con respeto, las cosifican y son objeto de burla y discriminación. No le dan crédito a su palabra, hacen más cruento su sufrimiento, hacen escarnio de la agresión sexual de la que fueron víctimas. Las mujeres de la Montaña se ven obligadas a realizar largos viajes y gastos onerosos para interponer una denuncia en Tlapa. En la agencia del ministerio público no son bien recibidas, no las consideran dignas de atención, sufren maltratos, las someten a trámites burocráticos. El fin es revictimizarlas y frustrar su afán de justicia. Toda la carga de la prueba se la dejan a la víctima o a sus familiares. Los perpetradores contratan abogados que negocian con los ministerios públicos para que las denuncias no prosperen. Todo el aparato de justicia se mueve con dinero y palancas. 

Para que impere la legalidad hay que interponer otros recursos jurídicos que remueva los vicios acendrados de la corrupción y obliguen a los agentes investigadores a regirse bajo los principios de imparcialidad e independencia. Los que acompañamos a las víctimas tenemos que recurrir a la denuncia pública para evidenciar las malas actuaciones tanto de los ministerios públicos, como de los jueces y las juezas. Los riesgos son mayores para sus familiares porque son amenazados o agredidos para acallarlos. La denuncia que es filtrada por personal de la misma fiscalía es la que atiza la violencia contra las mujeres y niñas indefensas.       

Para ONU Mujeres, ante las cifras adversas que hay en el mundo, se ha propuesto movilizar a todos los miembros de la sociedad para contener esta alarmante escalada de violencia contra las mujeres. Busca también revitalizar los compromisos de los gobiernos y exigir responsabilidad y medidas concretas a las autoridades  para contener este flagelo.

En nuestro país la violencia contra las mujeres y niñas se ha trivializado y normalizado. Es muy común que las mujeres callen las violencias que sufren en el hogar. Viven atemorizadas. Ocultan lo que padecen para que no trascienda entre los vecinos ni en las redes sociales. Viven angustiadas y sometidas. Callan y se llevan sus penas y dolores hasta la tumba. 

De acuerdo con la declaración de la ONU, la violencia contra la mujer abarca actos que causan daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico, así como amenazas, coacción o privación de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. La violencia impacta la salud física, sexual y psicológica de las mujeres en todas las etapas de su vida, afectando su educación, empleo y oportunidades. 

Las mujeres y niñas indígenas de Guerrero, enfrentan mayores riesgos, por el empobrecimiento extremo, la profunda desigualdad social, la alta conflictividad comunitaria, el analfabetismo que las esclaviza y las vuelve más vulnerables, la ausencia de las instituciones de salud, la carencia de apoyo a la niñez, los matrimonios forzados y la discriminación estructural que cargan sobre sus frágiles cuerpos.

En el marco del 25 aniversario, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, recordamos a Melani, víctima de feminicidio el 28 de noviembre de 2017, a 7 años del artero crimen perpetrado por su esposo José Luis, piloto aviador de la fuerza aérea, con grado de teniente. De manera cobarde la golpeó, la jaló de los cabellos y la azotó contra la puerta de la recámara. Al someterla la tiró al piso atenazándola con las dos manos hasta romperle el hueso hioide privándola de la vida.

Para simular un accidente, José Luis la arrastró por las escaleras que dan al primer piso, colocando su cuerpo entre los escalones y la pared. Antes de pedir auxilio trató de borrar todas las evidencias del feminicidio para hacer creer a los médicos que se trató de una caída accidental. No permitió que las autoridades entraran a la recámara. Agilizó los trámites para el levantamiento del cuerpo y lo llevó a una funeraria para que lo incineraran. Contrató a un médico para que elaborara un certificado médico a modo que argumentara que la muerte de Melani fue por causas naturales.

Los padres de Melani se opusieron a que su marido la incinerara y sólo mandó el cuerpo a Hermosillo a través de una funeraria. No quiso enfrentar a sus padres en el funeral y los presionó para que se desistieran de la denuncia a cambio de que pudieran convivir con su nieto.  Don Martín y Jovita dejaron su casa para interponer la denuncia por feminicidio contra José Luis en el puerto de Acapulco. Pidieron que se exhumara el cuerpo de su hija para conocer a fondo la causa de su muerte. Los peritajes arrojaron datos de que Melani fue privada de la vida por ahorcamiento y desechó la teoría de que había sido por accidente.       

El jueves próximo se cumplirán 7 años del feminicidio de Melani. Para don Martín y doña Jovita el dolor que los aprisiona no ha sido obstáculo para trasladarse hasta Acapulco a rendir sus testimonios. La jueza en lugar de considerar la calidad de víctimas de don Martín y doña Jovita los ha maltratado y no ha tomado en consideración que su estancia en Acapulco es complicada porque tienen que viajar desde Hermosillo. Ha postergado las audiencias de manera arbitraria y ha declarado desiertos varios testimonios que son claves, sin dar oportunidad al ministerio público que pueda localizarlos. Es preocupante la actuación parcial de la juez en un caso de feminicidio que requiere una actuación pulcra incorporando la perspectiva de género y tomando en cuenta el contexto en que sucedieron los hechos y la asimetría de poder entre el victimario y la víctima.

En esta semana conoceremos la resolución final de la jueza. La gobernadora tiene que estar atenta sobre el desenlace del caso de Melani. Más allá de la autonomía del poder judicial, hay estándares internacionales que obligan a todos los juzgadores a aplicarlos con mucho rigor para garantizar justicia a las víctimas. No pueden prevalecer visiones cortas y sesgadas en los juzgadores, ni posturas subjetivas e interesadas. La violencia contra las mujeres se incrementa por los juicios a modo que dejan libres a los perpetradores, enviando desde el poder judicial, señales funestas de que la justicia tiene precio y que no les interesa que nuestro estado se desangre por la impunidad que impera.

El compromiso asumido por la gobernadora Evelyn Salgado, de que nuestro estado será un santuario libre de violencia de género, se tira por la borda cuando los casos de feminicidio siguen incrementándose.

En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gobernadora tiene que fijar una postura pública en favor de las mujeres que, como Melani, son víctimas de feminicidio. No puede mantener una postura tibia, tiene que colocarse del lado de las víctimas. Ya es tiempo de desenmascarar a las autoridades que protegen a los feminicidas y que no atienden las recomendaciones internacionales, de aplicar los estándares de protección más altos, para evitar que “cada 10 minutos se asesine a una mujer en el mundo.”    

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan