El asesinato de Marco Antonio Suástegui

Abel Barrera Hernández

En plena Semana Santa, cuando Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), se retiraba de la playa Icacos, donde rentaba sombrillas y motos acuáticas, fue balaceado por una persona que vigilaba sus movimientos. A pesar de que el gobierno del estado había desplegado un operativo con más de 4 mil elementos de la Guardia Nacional, aproximadamente a las 6:45 pm del Viernes Santo, ningún elemento de seguridad pública se encontraba en el lugar y mucho menos se percataron de la fuga del agresor. Los turistas y vendedores huyeron y nadie prestó auxilio a Marco Antonio, quien cayó sobre la arena ante una bala asesina. Su salud se mantuvo en estado crítico y lamentablemente murió este viernes a las 13:40 horas.

En múltiples ocasiones, Marco Antonio Suástegui Muñoz solicitó al Mecanismo de Protección de Defensores que se le otorgara protección policiaca ante las constantes amenazas que registraba y que fueron trasladadas a las autoridades competentes. Solicitó acompañamiento de la Guardia Nacional, pero la respuesta fue negativa, con el argumento de que sus amenazas no representaban un riesgo inminente. Trivializaron sus denuncias y más bien desacreditaron los hechos que narraba. Marco comprendió que como defensor era sacrificable. De nada le valieron los cinco lustros de su lucha incansable contra la presa La Parota. Fue un defensor tenaz, aguerrido y comprometido con las comunidades rurales de Acapulco.

El defensor del territorio tuvo que sortear su seguridad con medidas de autocuidado, sobre todo, cuando se desplazaba a las asambleas de Cacahuatepec. Siempre se transportó en su inseparable camioneta azul y con su machete al cinto. Nunca se arredró ante las amenazas de los empresarios gravilleros que lo denunciaron por daños y robo, y tuvo el valor de enfrentar al grupo de la Upoeg que fue utilizado por el gobierno como fuerza de choque para confrontar y asesinar a los comuneros del Cecop.

En condiciones extremas, Marco Antonio tuvo que replegarse y hubo un tiempo en que prefirió permanecer en su comunidad para tomar respiro y reorganizar a las comunidades del río Papagayo.

En Acapulco le quemaron sus motos acuáticas y destruyeron los muebles con los que daba servicio a los turistas. Interpuso denuncias, pero fueron infructuosas porque nunca tuvo resultados favorables. En la playa Icacos, donde trabajaba, hubo varios incidentes relacionados con su seguridad, en algunas ocasiones presintió que atentarían contra su vida. Supo neutralizar los riesgos impulsando la organización Tuderpi. En todo momento defendió su espacio y peleó su derecho como trabajador de la playa.

En Guerrero, a los luchadores sociales se les confina a vivir en la penumbra para ponerse a salvo. Al colocarse al frente de las luchas son criminalizados, encarcelados, amenazados, desaparecidos y asesinados. Es un destino cruento, con un final trágico sólo por levantar la voz, por defender el territorio y luchar por la justicia. Marco Antonio, a pesar de que tuvo oportunidad para trabajar en la ciudad o desempeñar un cargo público, siempre permaneció en la trinchera de los hombres y mujeres que enarbolan la justicia para los pobres del campo. Tuvo el valor de enfrentar a los gobernadores al desenmascarar sus tropelías para dividir a los comuneros e imponer por la fuerza La Parota. Fueron memorables las confrontaciones que tuvo el Cecop con los policías de Acapulco, que les impedían participar en las asambleas espurias organizadas por la Procuraduría Agraria.

La desaparición de su hermano Vicente, el 5 de agosto de 2021, desgarró su corazón y lo colocó en el filo de la navaja porque salió a denunciar a los perpetradores, realizó búsquedas en los lugares más recónditos donde anida la delincuencia. Los mítines que mensualmente realizaba en el asta bandera causaron molestia tanto a los grupos de poder como al crimen organizado. Como un defensor comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores de las playas, tuvo el valor de evidenciar las complicidades que se han tejido en el puerto de Acapulco entre autoridades, elementos policiacos, comandantes de la Upoeg y grupos de la delincuencia.

El asesinato de Marco Antonio no puede quedar impune, las autoridades tienen la responsabilidad de investigar y de garantizar justicia a las víctimas. No pueden permanecer impacibles y omisos ante actos criminales contra un defensor del territorio. Tampoco pueden cargar a las víctimas la responsabilidad para darle impulso a la carpeta de investigación que vive momentos aciagos.

¿De que sirvió este aparatoso operativo de seguridad en la Semana Santa si en plena zona turística una persona pudo burlar esta zona blindada y atentar contra la vida de Marco Antonio? La inoperancia de los cuerpos de seguridad pone en entredicho su compromiso por la seguridad de una población que es rehén del crimen organizado. Como guerrerenses no podemos tolerar más crímenes arteros como el de Marco Antonio Suástegui, ni permanecer indiferentes ante esta agresión cobarde. No podemos continuar con esta espiral de violencia que nos ha colocado en la ley de la muerte. Como sociedad, tenemos que ejercer un contrapeso ante los poderes del mal. Tenemos que ser el dique que contenga esta avalancha delincuencial.

Publicado originalmente en La Jornada