NOTA INFORMATIVA | Esclavos del siglo XXI

El domingo 9 de junio, la Fiscalía General de Jalisco, la secretaría de Gobierno y la Secretaría de Trabajo armaron un operativo llevado a cabo el lunes 10 de junio: llegaron a la empresa Bioparques de Occidente, en el municipio de Tolimán, ubicada unos 160 kilómetros de Guadalajara.

La liberación de los 275 jornaleros agrícolas fue anunciada el martes 11 de junio. Lo que encontraron los policías y funcionarios era algo más parecido a un campo de concentración que a las instalaciones de una agroindustria: barracones de nueve metros cuadrados donde se hacinaba a las familias; jornadas de trabajo de 12 a 14 horas por apenas 100 pesos; la obligación de recolectar hasta 40 cajas de jitomate y con la sanción de obtener menos sueldo al no cumplir la cuota.

La comida que recibían los jornaleros con frecuencia tenía moscas y cucarachas, según los relatos de los propios jornaleros liberados.

Los jornaleros, provenientes de Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero e Hidalgo, no recibían su salario en efectivo, sino en vales que cobraban al final de su contrato de tres meses, pero muchas veces salían debiendo debido a que con frecuencia los trabajadores migrantes se veían obligados a comprar en la propia tienda de raya. Sí, como en el Porfiriato.

Se trata de condiciones de trabajo explotadoras y prácticamente esclavistas: los jornaleros eran privados de su libertad, explotados laboralmente, maltratados en su dignidad y persona.

La responsable directa es la empresa Bioparques de Occidente, propiedad de Eduardo de la Vega Echevarría, empresario agrícola de Sinaloa con conexiones políticas y empresariales importantes. Sorprende el cinismo y la astucia de esta empresa y su dueño. Resulta que tenía certificado como empresa socialmente responsable y que en los dos años últimos Bioparques de Occidente recibió apoyos federales y estatales por poco más de 10 millones de pesos (mdp).

Como suele ocurrir, descubierta la historia, las autoridades han empezado a actuar. Lo primero fue renovar las inspecciones laborales que, inexplicablemente el anterior gobierno del panista Emilio González Márquez había suspendido en los dos últimos años. Y se abrió una expediente laboral en contra de Bioparques de Occidente que podría derivar en una multa de hasta 300 mil pesos: muy poca cosa comparado con la sobreexplotación en contra de estos jornaleros.

La liberación de los trabajadores esclavizados en la planta de Tolimán, Jalisco, podría pensarse como un final feliz si no tuviéramos una lacerante realidad de migración tan profunda y lacerante.

El problema de los jornaleros migrantes, sobre todo de comunidades indígenas, es una de las caras más dramáticas de la pobreza en el país. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña- Tlachinollan (de Guerrero) ha dedicado años de su trabajo a apoyar y ofrecer servicios a los jornaleros migrantes en México.

En su informe más reciente, Migrantes somos y en el camino andamos, estima que en México 26 por ciento de la población es migrante, de los cuales 9 de cada 10 son migrantes internos, es decir unos 3.5 millones de personas, en su mayoría indígenas pobres, principalmente de los estados de Oaxaca, Guererro, Chiapas, Hidalgo y Veracruz, entre otros.

Sus condiciones de trabajo son infames. Ser jornalero agrícola es “sinónimo de abuso, explotación, condiciones deplorables e impunidad”, afirma el Centro Tlachinollan, y esto se debe a que “defraudar, engañar y explotar es el secreto del enriquecimiento de los empresarios agrícolas”.

Es inadmisible que un país que ha tenido varias revoluciones para alcanzar un ideal de justicia social y democracia, persistan condiciones laborales de explotación y esclavitud como las que acaban de ser descubiertas en esta finca agrícola en Tolimán, Jalisco.