BOLETÍN | Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero.

Comunidad indígena Me’phaa logra cancelación de concesiones mineras en la Montaña de Guerrero

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía busca impedir que la SCJN estudie la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
Autoridades indígenas de 17 núcleos agrarios en La Montaña de Guerrero llaman a la Primera Sala de la SCJN a que continúe el estudio del caso de Júba Wajiín y determine la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
Júba Wajiín continúa la defensa de su territorio y consigue nueva suspensión de plano frente a declaratoria de libertad de terreno en un segundo juicio de amparo.

Ciudad de México, 18 de mayo de 2016.- La comunidad indígena San Miguel del Progreso – Júba Wajiín en su lengua Me’phaa – acompañada por representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, llamaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que garantice los derechos al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas y declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera. Denunciaron que el Ejecutivo Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, busca impedir que la SCJN examine el fondo del asunto, al pedir a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, en lista bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para su análisis en la Primera Sala del Máximo Tribunal el próximo 25 de mayo.

Cabe recordar que, luego de que la comunidad Júba Wajiín interpusiera una demanda de amparo al enterarse de que su territorio ancestral había sido concesionado para actividades mineras; en febrero de 2014 el Juez Primero de Distrito del Estado de Guerrero emitió una sentencia inédita a favor de la comunidad, dentro de la cual consideró que habían sido violados sus derechos al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras, invocando para ello tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH). No obstante, la sentencia fue impugnada por el Gobierno Federal mediante un recurso de revisión; por su parte, en junio de 2014, San Miguel del Progreso acompañado por Tlachinollan solicitó formalmente a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos.

Así, en febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala del Máximo Tribunal mexicano acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente, debido a que el caso cumple con los requisitos de importancia y trascendencia al estar relacionado con el análisis e interpretación de preceptos constitucionales y legales; con lo que se dio inicio al estudio del amparo en revisión radicado bajo el número 393/2015, ahora a cargo de la ponencia de la Ministra Piña Hernández.

Frente a la posibilidad de que la Suprema Corte analizara una Ley Minera que en años recientes se ha invocado para despojar a comunidades indígenas y campesinas por todo el territorio nacional, diversos actores han buscado obstaculizar los esfuerzos de la comunidad indígena para proteger su territorio. Por ejemplo, la propia Cámara de Minería buscó que el máximo Tribunal negara el amparo y protección a la comunidad indígena, cuestionando incluso que la consulta fuera necesaria antes de otorgar de concesiones mineras.

En ese marco, cuando la demanda de Júba Wajiín estaba próxima a ser analizada, en octubre del 2015 la comunidad fue notificada por la SCJN de que las empresas Hochschild y Zalamera, propietarias de las concesiones “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”, se habían desistido simultáneamente de sus títulos, por lo que las concesiones habían sido canceladas. La cancelación de las concesiones mineras en el territorio de San Miguel del Progreso, resultado de la organización comunitaria y del ejercicio jurídico de sus derechos con asesoría de Tlachinollan, representa un triunfo inédito para una comunidad indígena, pues es una de las primeras ocasiones en que al acudir a la Justicia Federal un pueblo originario alcanza la cancelación de una concesión minera. Además, la cancelación beneficia de manera directa a al menos once núcleos agrarios de seis municipios, conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas emplazadas en 168,346 hectáreas de núcleos agrarios integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), organización en que se articulan las comunidades de la Montaña de Guerrero amenazadas por la minería a gran escala y de la que San Miguel Del Progreso forma parte.

Pese a la relevancia de la cancelación de las concesiones, para Júba Wajiín y Tlachinollan no hay duda de que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN con las referidas cancelaciones. En efecto, ante la posibilidad de que se evidenciara que la Ley Minera contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales, las empresas y el Gobierno Federal optaron por operar la cancelación de los títulos concesorios.

De esa manera, además, Júba Wajiín quedó expuesta a nuevos riesgos. El 24 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la relación de declaratorias de libertad 02/2015 donde la SE declaró la libertad de los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” y “Corazón de Tinieblas”[1]. En dicha publicación se estableció que los terrenos quedarían libres a los treinta días naturales; en consecuencia, el territorio indígena de San Miguel del Progreso se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante esto, la comunidad interpuso una segunda acción legal. El pasado 11 de diciembre de 2015 el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, admitió la nueva demanda de amparo radicando el juicio con el número 1402/2015 y otorgando a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente, por conocimiento previo, se remitió el amparo al Juzgado Primero de Distrito para que sea éste quien resuelva, quedando así radicado bajo el número de 429/2016.

A pesar de lo anterior, la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por Júba Wajiín. El caso será analizado en breve, durante la sesión de la Primera Sala de la SCJN del próximo 25 de mayo, a partir del proyecto que elabore la Ministra Piña. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe sobreseerse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad de San Miguel del Progreso solicitó a la Primera Sala que continúe el análisis del caso, ya que el acto reclamado no ha cesado cabalmente todos sus efectos. Esto en razón de que al emitirse la declaratoria de libertad de terreno como consecuencia de la cancelación de las concesiones, particulares ajenos a la comunidad pueden solicitar nuevas concesiones sobre el territorio de Júba Wajiín. Es decir, el territorio ancestral de San Miguel del Progreso no ha sido plenamente protegido y sobreseer el amparo dejaría en total desprotección a la comunidad.

En ese marco, las autoridades agrarias y tradicionales de San Miguel del Progreso y del CRAADT consideran que el Máximo Tribunal de nuestro país está ante una oportunidad histórica para establecer criterios amplios sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente a proyectos mineros de gran escala, diseñados sin consulta. Por eso, instaron a la SCJN y al Juzgado Primero de Distrito a resolver los juicios bajo su responsabilidad, en un sentido que protejan los derechos de las comunidades indígenas frente a los intereses de las industrias extractivas. Asimismo, Júba Wajiín refrendó su solidaridad con todas las comunidades amenazadas por los megaproyectos, compartiendo los aprendizajes de su proceso de lucha organizativa y jurídica. En este sentido, para fortalecer las acciones de solidaridad, la comunidad presentó durante la conferencia la publicación “Júba Wajiín: Una batalla a cielo abierto en la Montaña de Guerrero por la defensa del territorio y la vida” que recopila su larga lucha jurídica por la defensa de su territorio, como parte de una resistencia de más de cinco siglos en defensa de la vida.