OPINIÓN | Las paradojas del poder

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Para el gobernador Héctor Astudillo el principal logro en el primer año de su administración fue “recuperar el gobierno”, que por una parte significó “retomar el control y las finanzas públicas de la entidad” y por el otro, fue identificar las áreas que presentaban “un mayor abandono”, como las instituciones de seguridad y de justicia. Remarcó que lo más importante fue el establecimiento de una nueva estrategia de seguridad conducida por el Grupo de Coordinación Guerrero. Hacerse presente en los 81 municipios del estado fue una de sus prioridades, para no dejar duda de que había un nuevo gobernador.

Lo principal fue tomar el cargo y pactar con las corrientes políticas de su partido que lo hicieron ganar. Una vez alcanzado el objetivo entró a la disputa, nada tersa, por los cargos estratégicos. El acuerdo cupular fue fundamental para evitar tensiones internas y desgastes estériles en la conformación del nuevo gabinete. La distribución de cuotas fue de acuerdo a los apoyos, de diversa índole, que proporcionaron los diferentes grupos políticos en la campaña. El pacto de caballeros fue imprescindible para un buen arranque del gobierno que inició con todo el respaldo de la federación. La mayor preocupación fue contener el malestar social. Apaciguar a los sectores movilizados; desactivar la alta conflictividad causada por los mismos actores gubernamentales que actúan impunemente y que son responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.

La tarea fue sofocar la crispación social con la presencia de más efectivos militares y elementos de la policía federal. Lo urgente fue instaurar un gobierno que pudiera administrar la actividad criminal, pero sobre todo usar la fuerza para someter a los sectores movilizados, de ahí la necesidad de contar con cuerpos de élite para demostrar el poder represor.

El diagnóstico no se centró en atender las causas de la crisis de gobernabilidad sino en sus efectos, en mirar que los problemas que más nos afectan surgen de la misma sociedad y no por las malas actuaciones de los gobernantes. Porque incumplen con sus responsabilidades y por no garantizar el respeto a los derechos humanos. No se ha dado ese intento de corregir las graves deficiencias de los funcionarios que delinquen y que están coludidos con el crimen organizado. Al interior de las instituciones todo se tolera y todo se resuelve torciendo la ley. No se trastocan los intereses de las elites políticas y más bien se encubre a quienes han hecho de la corrupción un modo de vida. No hay el mínimo interés de depurar a las instituciones de seguridad y de justicia; de investigar las atrocidades cometidas por agentes estatales; de castigarlos y de luchar frontalmente contra la corrupción y la impunidad.

Lo que pasa en nuestro estado no es un asunto menor, es un problema que hunde sus raíces en el tiempo largo. Es una cuestión estructural, que requiere cambios de fondo. Lo que hoy padecemos como ciudadanos y ciudadanas, se debe a estilos de gobernar que se fueron arraigando y normalizando como las prácticas de la extorsión, la mordida, el soborno, el chayote, la mentira, la aplicación de la tortura, el uso faccioso de la ley, la vendetta, las ejecuciones y las desapariciones. Esta perversidad escaló de nivel en la medida que los mismos gobernantes constataban que no había contrapesos políticos que lo obligaran a cumplir las leyes. Por el contrario encontraron un terreno fértil para actuar con total impunidad. Se sintieron intocables, casi virreyes, dueños de las arcas públicas, llenos de soberbia y de ira. Mareados por el poder utilizaron la fuerza represiva para gobernar y sin ningún miramiento atentaron contra la vida de sus adversarios para imponer su ley y gobernar a sus anchas. Esta política de la barbarie se instaló en nuestro estado por esa complacencia que existió con los poderes centrales y porque lograron instalar gobiernos entrenados para reprimir a la población.

Recuperar el gobierno no significa que en nuestro estado haya gobernabilidad, que los amplios sectores de la sociedad se sientan escuchados ni atendidos en sus demandas fundamentales. Prevalece más bien un ambiente de polarización, confrontación y persecución. Hay una población que se siente agraviada, excluida y criminalizada. Existe un déficit de gobernabilidad por esa falta de respuestas efectivas de las autoridades a la multiplicidad de planteamientos legítimos de la población pobre que recurrentemente es discriminada.

No solo hay desatención sino distanciamiento y desdén a determinados grupos y organizaciones de la sociedad, por su forma de pensar y de expresar su sentir. Las personas que han sido víctimas de la violencia desconfían de la autoridad por su complicidad con el crimen organizado. No se atiende este reclamo. A pesar de ser un problema muy sensible y grave, las autoridades mantienen intocado el sistema de seguridad. No realizan depuraciones ni cambios entre los agentes que trabajan para la delincuencia. La población sabe con mucha precisión que gran parte de los hechos violentos se debe a esta colusión de los elementos de las corporaciones policiales con las organizaciones delictivas. A pesar de esta verdad de Perogrullo, las autoridades no actúan a favor de la población que está en el límite de la sobrevivencia. Estas formas de gobernar, de no escuchar el reclamo de la gente, dañan la relación de confianza con la autoridad y en consecuencia pierde legitimidad y presencia, porque nada bueno puede esperar.

La manera como se intentó enfrentar a la delincuencia organizada en este período no hubo nada nuevo en la estrategia de seguridad, porque utilizó las mismas medidas punitivas, que se basan en el aumento de efectivos militares y de policías. Esta estrategia no ataca las raíces de los actos de violencia ni identifica las problemáticas sociales prevenibles. Tampoco enfrenta a la delincuencia en el ámbito económico-social. Para la clase política estos intereses no se tocan, porque afectan el engranaje del sistema económico que se nutre de la economía criminal. La delincuencia organizada no es un fenómeno militar para que solo se ataque con militares y policías, ante todo es un fenómeno social y económico, por lo mismo, la delincuencia crece y se expande porque obtiene ganancias de sus negocios que las autoridades le permiten instalar. En muchas ocasiones cubre las necesidades y demandas que el mismo gobierno no satisface. Por eso a nivel social la delincuencia organizada genera expectativas para ciertos sectores de la sociedad. Para los jóvenes es una opción ante la falta de oportunidades. Las fallas y ausencias del gobierno, sus corruptelas y la debilidad de sus instituciones contribuyen al fortalecimiento de la delincuencia, porque llena los espacios públicos y porque es una oferta que cubre necesidades de sobrevivencia.

Con esta estrategia bélica que solo busca usar las armas para poner orden sin atender la problemática social que se vive en el estado, se deja un boquete grande entre la población que se siente desatendida y desprotegida. La ley viene hacer el uso excesivo de la fuerza contra los que se atreven a protestar y los operativos contra la delincuencia resultan ineficaces, porque son efímeros y solo atacan superficialmente a los grupos que delinquen, pero no hay un ataque frontal a sus causas primigenias. El orden que se quiere imponer queda supeditado al uso de la fuerza, al número de operativos que se realizan, a meras estadísticas que no muestran el fondo del problema que está enquistado en las mismas instituciones del gobierno. El orden que se quiere imponer se traduce en enfrentamientos, detenciones, decomisos y patrullajes, pero la inseguridad y la violencia campean en todo el estado. El miedo atrapa a una población que no confía en los agentes de seguridad, que más bien les teme por su doble función que desempeñan.

El gran desafío es cómo garantizar la gobernabilidad implementando una estrategia integral de seguridad; promoviendo el bienestar social; reduciendo la desigualdad y la brecha económica. La lucha de la mayoría de guerrerenses es por su seguridad personal y por su sobrevivencia económica. Con los nuevos recortes presupuestales al gasto social, la desatención que hay en el sector salud, la falta de apoyo a los campesinos e indígenas pobres para la producción de básicos y el gran rezago educativo, pone en grave riesgo la gobernabilidad del estado, porque seguirán profundizándose los problemas del desempleo; la crisis en el campo; la oferta educativa de nivel medio superior y superior; los servicios de salud; la inseguridad y la violencia. Los sistemas de seguridad y justicia, por su descrédito no podrán ser la palanca que requiere la población para transitar a un estado donde impere la ley y se garantice la seguridad.

La apuesta del gobernador por los grandes proyectos como la creación de una zona económica especial en la región de Petacalco con el desarrollo de Puerto Unión; con los nuevos proyectos turísticos; el impulso a la minería; la creación de un clúster industrial moderno y la red de infraestructura del estado es mantener la postura de que con la llegada de las multinacionales, sus inversiones millonarias, dejaran una gran derrama económica que nos sacará del sótano de la miseria. La generación de más de 50 mil empleos, se anuncia con bombo y platillo, imaginando que serán permanentes y bien remunerados.

El modelo extractivista y privatizador requiere de amplias franjas de nuestro territorio y de recursos naturales que garanticen recuperar al 100% sus inversiones. El apetito de ganancia crasa no contempla la justicia social como un valor supremo para el emporio empresarial, porque lo descapitaliza y lo hace inviable como negocio. Fincar el futuro de Guerrero con la llegada de capitales extranjeros para que extraigan nuestras riquezas, es poner en manos ajenas la construcción de los cimientos de un desarrollo equitativo que mínimamente garantice los derechos económicos de una población pobre, que no se deja vencer por el poder depredador de las trasnacionales, ni se doblega ante las amenazas de la delincuencia que se ha enquistado en las estructuras del poder político.