Opinión / Cuando las milpas no espigan

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

En memoria de doña Euología Ortega Carlos

quien falleció este sábado en Ayutla de los Libres a los 55 años.

Al mismo tiempo que luchó incansablemente contra el cáncer

se unió a sus hermanos Elocadio, Meliton y Hermenegildo

para exigir la presentación de su sobrino Mauricio Ortega Valerio,

uno de los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa,

miembro del pueblo me’phaa y originario de Monte Alegre

municipio de Malinaltepec.

El drama que las autoridades no les interesan atender es la crisis agrícola que enfrenta los productores del campo que desde 1992 fueron avasallados por el poder presidencial, cuando Carlos Salinas de Gortari impuso su reforma al artículo 27 de la Constitución Política. Esta reforma sentó las bases de la privatización de los territorios comunitarios. Por decreto se abandonó a los campesinos pobres y se impulsaron programas orientados a legalizar el despojo y a debilitar la organización de los núcleos agrarios. De manera arbitraria se dio por concluido el reparto agrario y se impulsó un modelo de explotación capitalista fincado en el extractivismo, en lugar de apostarle a la autosuficiencia alimentaria. La visión empresarial de los gobiernos neoliberales hizo más rentable la importación de granos, que incentivar la producción de los pequeños productores. La reconversión de campo al capital transnacional fue desmantelando la economía comunitaria. Se crearon nuevas instituciones para darle prioridad a los mega proyectos que con el tratado de libre comercio adquirieron un estatus jurídico que les permitía explotar a gran escala los bienes naturales de los pueblos originarios. Lo importante es la apropiación del territorio para realizar inversiones de largo plazo, lo irrelevante son ahora los indígenas y campesinos pobres que han cuidado celosamente a la madre tierra. El gobierno los borró del mapa y los utilizó solo para obtener la autorización en el cambio del uso del suelo. La Procuraduría Agraria (PA), está muy lejos de ser una instancia que defienda los derechos de los pueblos indígenas y del campesinado. Su diseño institucional esta más bien volcado para suplantar a las autoridades agrarias a quienes se les da un rol secundario como simple representantes del núcleo agrario. Poco a poco esta procuraduría ha ido tomando el control para la realización de las asambleas, mediatizando las demandas legitimas de los titulares de estos territorios. La PA es la punta de lanza para convencer a ejidatarios y comuneros de las bondades que traen los megaproyectos impulsados por empresas trasnacionales.

El caso de La Parota es un claro ejemplo de cómo la Comisión Federal de Electricidad, la PA, la SEMARNAT y otras dependencias del ramo se unieron para imponer la hidroeléctrica en los Bienes Comunales de Cacahuantepec. Realizaron asambleas espurias, utilizaron la fuerza pública para impedir que comuneros opositores a la presa participaran en las asambleas, cometieron una serie de irregularidades en los procedimientos con el fin de garantizar la aprobación de la hidroeléctrica y llegaron al extremo de criminalizar a sus líderes y encarcelarlos, para desmovilizarlos. Los campesinos opositores se vieron obligados a conformar el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), para resistir los embates de los tres niveles de gobierno. Pelearon en las calles y al interior de sus Bienes Comunales para impedir el atraco y nulificar las asambleas en los Tribunales Agrarios. Con la ley en la mano, derrotaron al gobierno federal. El mismo ex Relator Especial para pueblos indígenas de la ONU Rodolfo Stavenhagen recomendó al Estado Mexicano que se respetara la libre decisión de los comuneros de no permitir la construcción de la presa, por su inviabilidad social, económica y ambiental.

Han sido quince años de lucha tenaz, de dar la batalla a brazo partido, de enfrentar a un gobierno represor que se ha empeñado en doblegar al CECOP criminalizando su lucha y generando divisiones para desgastarlos internamente alentando la confrontación entre los grupos. Lo que pasó en la comunidad de la Concepción, municipio de Acapulco el 7 enero fue el desenlace de un conflicto anunciado tanto por las autoridades del estado con sus operadores políticos en la región que trabajan coordinadamente con empresarios que han promovido la creación de grupos de choque para desafiar al CECOP y a la Policía Comunitaria que operaba en la Concepción.

Los saldos sangrientos de esta refriega fueron de 6 personas asesinadas del grupo del comisario apoyado por los empresarios gravilleros y dos elementos de la Policía Comunitaria de la Concepción. Las autoridades del estado en lugar de haber prevenido esta tragedia no solo permitieron que se consumara, sino que se abalanzaron contra los miembros del CECOP y en un ostentoso operativo de policías estatales y ministeriales, llegaron a la comunidad, no para restablecer el orden, sino para accionar sus armas y cobrar venganza. En este operativo ejecutaron a 3 miembros de la Policía Comunitaria, detuvieron y torturaron al líder histórico del CECOP, Marco Antonio Suasteguí, realizaron detenciones y cateos ilegales y trasladaron a más de 30 campesinos del CECOP, acusados inicialmente de delitos contra la salud. Esta acción delincuencial de las policías se consumó con el encarcelamiento de 25 campesinos quienes, al ganar un amparo, la Juez ordenó reponer el proceso de la audiencia inicial en donde fueron liberados dos personas y siete más en la audiencia de vinculación.

Los vicios reproducidos en estas detenciones salieron a relucir en el nuevo sistema de justicia penal. Se ha logrado demostrar que se fabricaron pruebas y testimonios y que se practicó la tortura, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes en varias de las detenciones. Lo que se esperaría de las autoridades encargadas de investigar estos delitos es que sus actuaciones se apegaran al debido proceso, sin embargo, después de que se logró la liberación de los compañeros la policía ministerial ha emprendido una ferrea persecución contra los miembros del CECOP. Actualmente mantienen un aparatoso operativo en las principales entradas a los bienes Comunales de Cacahuatepec como Las Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, Las Palmitas, Tasajeras, San Isidro Gallinero y La Concepción. Con lista en mano revisa de manera ilegal a todos los campesinos que salen o entran a los Bienes Comunales. Más de 80 elementos recorren la zona.

Recientemente policías ministeriales catearon de forma ilegal el domicilio de Clemente Cabrera Benítez, destacado miembro del CECOP en la comunidad de Tasajeras y se lo llevaron detenido. El 4 de septiembre detuvieron en San Isidro Gallinero a Tomás Cruz Valeriano de la comunidad de Ilamos, los dos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de daños y despojo que derivan de acusaciones infundadas y pruebas fabricadas.

La Fiscalía ha liberado más de 50 órdenes de aprehensión contra igual número de comuneros del CECOP, cuyo delito ha sido defender sus tierras y sus bienes naturales como el Rio Papagayo que es explotado irracionalmente por los empresarios gravilleros. Desde hace una semana la policía estatal y ministerial mantiene prácticamente sitiado los Bienes Comunales de Cacahuatepec con el objetivo de desmantelar al CECOP y diezmar su lucha histórica.

Las acciones de la Fiscalía General de Guerrero es una clara expresión de la persistencia del Estado de seguir criminalizando a los defensores comunitarios del CECOP. Es evidente el uso faccioso del aparato de justicia para desmantelar la organización y resistencia de los campesinos en su defensa de su territorio y bienes naturales.

La perversidad del poder no solo se enfoca en encarcelar a los campesinos que defienden su tierra, saben perfectamente que con esta acción causan graves daños a su familia y a las mismas comunidades. En lugar de dedicarse al trabajo de sus parcelas y huertas tienen que desgastarse en todos los sentidos para luchar por la libertad de los detenidos, su dependencia económica se sustenta de lo que siembran en sus parcelas. Si la milpa no espiga es porque el gobierno los encierra para que dejen de amar su tierra. El peor castigo para el campesino y para sus familias, además de la cárcel es violarles el derecho a seguir siendo campesinos y a vivir del fruto de su trabajo.

En esta temporada de cosecha, no espigaran las milpas, ni habrá fiesta en los bienes comunales de Cacahuantepec porque el gobierno se obstina en darles trato de delincuentes a los campesinos que se han atrevido a empuñar su acero para defender sus tierras. Su consigna de que ¡la tierra no se vende, se ama y se defiende! les ha costado muy caro. Porque han cancelado durante estos quince años la presa La Parota descarrilando los planes de los grandes empresarios, de transformar el rio Papagayo en un jugoso negocio para amasar fortunas a cambio del desplazamiento forzado de los campesinos y su confinamiento a las periferias del Acapulco violento.

Demandamos el cese de la persecución contra miembros del CECOP; el retiro de los retenes ilegales que mantiene la policía ministerial. Que cesen los cateos ilegales a los domicilios de los miembros del CECOP. Que se cancelen las órdenes de aprehensión infundadas y pare el uso faccioso del aparato de justicia contra los campesinos que defienden el territorio.

¡Libertad inmediata a los presos del CECOP!