El 7 de enero de 2018 se suscitaron hechos de violencia en Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, al finalizar un baile que se celebró en la comunidad de La Concepción con motivo de una fiesta local. Un operativo letal y violatorio de los derechos humanos de fuerzas policiales en esta fecha dejó personas ejecutadas extrajudicialmente, personas torturadas y detenidas arbitrariamente, así como un ambiente de vulnerabilidad para familias que en años anteriores decidieron organizarse a través del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) para defender su derechos al territorio y al consentimiento libre, previo e informado. La actuación parcial e irregular del Estado frente al conflicto añejo derivado de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota ha dado pauta a una polarización intracomunitaria para después incursionar de manera extremadamente violenta en la comunidad de La Concepción, Acapulco.
Resumen de los hechos
Alrededor de las 3 am ocurrió un enfrentamiento entre personas armadas y miembros del Comité de Enlace de la CRAC-PC de la comunidad de La Concepción cuyo resultado fue la muerte de dos policías comunitarios y seis de las personas armadas. Los hechos tuvieron lugar cuando los miembros de la Policía Comunitaria intentaron detener a una persona que llegó a la Casa de Enlace, orinó en la puerta y comenzó a arrojar piedras hacia el interior. Miembros de la CRAC-PC intentaron restablecer el orden al detener a esta persona que corrió rumbo a la Comisaría Municipal de La Concepción, ubicada a más de 100 metros de este lugar. Cuando los policías se aproximaron a la comisaría fueron recibidos por detonaciones de arma de fuego en su contra por personas que se encontraban en el interior, cayendo en ese instante privados de la vida dos elementos de la CRAC-PC: Eusebio Elacio Martínez y Ulises Martínez García. El fuego cruzado se intensificó de ambas partes y resultó en la muerte de seis de los civiles armados que se encontraban al interior de la comisaría: Alejandro Melchor León, Obdulio Mongoy Dorantes, Daniel Everardo Miranda, Alejandro Melchor Ángel, Jesús Estrada Calixto y Alexis Estrada Ascencio.
Hacia las 11 am, mientras se realizaban las primeras diligencias de investigación por parte de la Policía Ministerial, un operativo de más de 200 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías estatales y federales, así como por el ejército, arribó a la comunidad de La Concepción. La presencia policial alteró los ánimos de los asistentes generando un clima de mayor tensión entre policías del estado y personas pertenecientes al CECOP y la CRAC-PC. El director de la Policía Estatal, Esteban Maldonado Palacios, ordenó la detención y desarme de los policías comunitarios y esto provocó que éstos se atrincheraran. Los policías estatales y ministeriales iniciaron, entonces, el enfrentamiento armado. Según algunos testimonios, la policía estatal comenzó a disparar al escucharse un cohete, mientras que otros afirman que se trató de un disparo proveniente de un policía estatal.
En el lugar agredieron a un total de 9 periodistas entre los que se encontraban Roberto Ramírez Bravo, Héctor Briseño y el fotoperiodista Rubén Vázquez Santiago de La Jornada Guerrero; Sergio Robles de Quadratín; el fotoperiodista Carlos Alberto Carbajal; y el reportero Jacob Morales de El Sur. Además, Francisco Robles de Reforma, Bernandino Hernández Hernández de Cuartoscuro, la revista Proceso y AP, así como Roberto Arroyo Matus de un medio digital local fueron golpeados y acosados para detener las videograbaciones; también refirieron ser encañonados por policías estatales.
Cabe destacar el caso de Bernardino Hernández, quien fue arrastrado por más de 50 metros en donde recibió patadas y culetazos con armas de los policías. Esto le provocó diversas lesiones en el cráneo y hematomas en diversas partes del cuerpo, la columna vertebral y sus rodillas, por lo que tuvo que ser hospitalizado. En estos hechos le fueron dañados dos equipos de fotografía de tipo profesional, además de le sustrajeron dos tarjetas de memoria, en las cuales había tomado imágenes de los golpes propinados a los detenidos. Señaló que en todo momento lo amenazaban diciéndole que no importaba para quién trabajaba: “Aquí te vamos a desaparecer”, le dijeron.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) cuenta con elementos de convicción que permiten afirmar que tres policías comunitarios fueron ejecutados extrajudicialmente. Testigos directos del enfrentamiento afirman que los policías comunitarios Feliciano Ascencio Sierra y Alexis Santos Castillo se encontraban en el patio trasero de la Casa de Enlace, el primero hincado con las manos en la nuca y el segundo de pie alzando las manos en señal de rendición, cuando la Policía Estatal les disparó asesinándolos. Crescenciano Everardo Lorenzo fue detenido cuando se encontraba en el patio delantero de la Casa de Enlace junto a la calle. Llegaron dos elementos de la Policía Estatal que le solicitaron su arma y, sin oponer resistencia, la entregó. De inmediato los policías lo sujetaron y se lo llevaron detenido rumbo al establecimiento de la Liconsa que está junto a la iglesia de la comunidad. Posteriormente, apareció su cuerpo sin vida.
Posteriormente, las fuerzas de seguridad estatal se desplegaron en comunidades circunvecinas y empezaron a catear varios domicilios de policías comunitarios y miembros del CECOP. En algunos domicilios fueron sacados y detenidos algunos de sus moradores que hoy están siendo imputados por el homicidio de las seis personas, como los casos de Marceliano Marín Barrios, Pablo Carmen García y otros.
A la fecha, las autoridades no han informado si han iniciado una investigación por estas ejecuciones extrajudiciales. Además, en la indagatoria que se abrió por el asesinato de las seis personas civiles no figura ningún policía comunitario.
Irregularidades durante las detenciones y en el proceso de investigación penal
Se han detectado irregularidades desde el inicio de las detenciones y estas condiciones irregulares persisten ahora que se encuentran en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Las Cruces en Acapulco. La actuación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero viola los principios de imparcialidad, independencia y buena fe que debe observar el Ministerio Público. Las decisiones que están tomando en el proceso muestran que sólo en apariencia se conducen dentro de la legalidad. Estas irregularidades se observan tanto en la información proporcionada por las autoridades en relación a los detenidos, como en los procedimientos.
En un inicio, el número de detenidos fue difícil de determinar debido a que las propias autoridades proporcionaban información contradictoria. En un primer momento se informó sobre la detención de 30 personas; después en un comunicado del Gobierno del Estado la cifra cambió a 38, incluyendo tres menores de edad. El día 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que en la Fiscalía se encontraban 21 personas detenidas, mientras que el CDHM Tlachinollan obtuvo información de 25 detenidos por parte de familiares que se encontraban fuera de esta instancia. A raíz del conocimiento del traslado de 6 detenidos a la Procuraduría General de la República (PGR) por delito de portación de armas, se pudo deducir que el total de detenidos en la Fiscalía era de 26.[1]
Los detenidos en la Fiscalía en ese momento consistían en policías comunitarios, personas que se encontraban en proceso de reeducación, integrantes del CECOP y civiles que se encontraban en la zona del enfrentamiento y en espacios aledaños a la comunidad de La Concepción. La falta de certeza en la información era grave porque, de acuerdo a pobladores de las comunidades, había personas de las que no se conocía su paradero. Actualmente, se les ha logrado identificar y son 25 los detenidos que se encuentran en el Cereso de Las Cruces, Acapulco: 2 son personas que se encontraban en proceso de reeducación en la Casa de Enlace de la CRAC-PC, 13 son policías comunitarios y 10 son civiles pertenecientes al CECOP.[2]
Hasta el momento, el CDHM Tlachinollan ha documentado diversas violaciones a los derechos de acceso a la justicia y a un juicio justo, y a la seguridad e integridad personales de los detenidos. En primer lugar, las detenciones de las 38 personas fueron arbitrarias, pues no existía ninguna orden de aprehensión ni les informaron sobre los cargos en su contra. Asimismo, durante las detenciones hubo indicios claros de al menos 10 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Cuando detuvieron a Marco Antonio Suástegui Muñoz, un policía estatal, uno ministerial y un miembro del ejército lo trasladaron a un cerro aledaño a La Concepción. Le subieron la playera a la cabeza con la intención de que no supiera a dónde lo llevaban. Los policías lo interrogaron y golpearon, mientras que el elemento del ejército se encontraba vigilando el perímetro. En ese lugar, los policías lo azotaron con un palo de moringa en la espalda y le bajaron los pantalones para golpearle en la zona de los glúteos. El policía ministerial le preguntó a Marco Antonio: “¿A cuántos mataste anoche?”, y él le contestó: “Yo no he matado a nadie, no sé nada, yo no he disparado un arma”. Entonces, el policía ministerial ordenó al policía estatal que le diera un arma para que disparara. El ministerial le ordenó disparar a Marco Antonio, a lo cual se negó. Entonces, le da un golpe en la cabeza que lo hace perder la conciencia por alrededor de veinte minutos. Cuando recuperó el conocimiento, Marco Antonio alcanzó a escuchar que el policía estatal dice: “Hay que matar a este cabrón”. A continuación, el policía estatal intentó introducir el cañón de una pistola en la boca de Marco Antonio y éste se hizo a un lado para esquivarlo. Inmediatamente, el policía ministerial cortó cartucho y le colocó la pistola en la nuca, diciéndole: “De todas formas te vas a morir”. El policía estatal le preguntó, entonces: “¿Quién eres?”, y Marco Antonio respondió: “Soy gente de Villa y Zapata, culero”. Luego, el policía estatal le contestó: “¡Ah, entonces aguantas vergazos!”, y lo pateó nuevamente el policía ministerial en la parte izquierda del tórax, las costillas y la columna. Los policías lo amenazaron diciéndole: “Ahora sí te vas a chingar, te vamos a empapelar”. Finalmente, el helicóptero descendió para llevárselo.
Otro de los detenidos es una persona mayor que durante su detención en La Concepción fue arrastrado varios metros, lo que le provocó lesiones graves que tardan en sanar más de 15 días. A otro más, un policía ministerial, durante su traslado, lo golpeó, le bajó los pantalones y le tocó partes del cuerpo de manera lasciva mientras le gritaba: “Vas a ser mi puta”. Igualmente, a otra persona le quemaron por alrededor de veinte minutos las plantas de los pies con un cigarro. Al momento de entrevistarse con los abogados del CDHM Tlachinollan, ellos pudieron constatar a simple vista que todos los detenidos habían sido agredidos físicamente.
Una vez en la Fiscalía, a todos los mantuvieron en un estado de incomunicación. No se garantizó que defensores de confianza pudieran comunicarse con los 38 detenidos. A 6 de ellos que ya contaban con órdenes de aprehensión por delitos fabricados, incluido Marco Antonio y su hermano, Vicente Suástegui Muñoz, policías ministeriales los trasladaron al Cereso de Las Cruces alrededor de las 5 pm. Debido a la incomunicación en la que se encontraban y al riesgo que representaba este traslado debido a la criminalización, amenazas y ataques que Marco Antonio ha recibido por años por su labor como defensor comunitario y su liderazgo como parte del CECOP, sus familiares y el CDHM Tlachinollan temieron que fueran trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad e, incluso, que fueran víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. No fue sino hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ingresó a Las Cruces que los abogados del CDHM Tlachinollan pudieron entrevistarse con los detenidos.
En el caso de los 26 detenidos que permanecieron en la Fiscalía, no se permitió sino hasta el martes 9 de enero, que pudieran realizar una llamada telefónica. Se negó a sus familiares poder comunicarse con ellos y proporcionarles información sobre su situación jurídica. Además, durante la mañana del mismo día recibieron insultos y amenazas por parte de los guardias de seguridad de la Fiscalía. También les informaron que los detenidos eran tratados de manera adecuada, pero los abogados del CDHM Tlachinollan observaron que la sala en la Fiscalía donde se encontraban permitía deducir que probablemente habían dormido sentados, pues no había espacio ni instalaciones para que durmieran de manera digna. Asimismo, la única familiar que logró ingresar a la Fiscalía observó que su hijo no contaba con calzado. A los demás familiares no se les permitió el acceso en ningún momento. Cuando los abogados del CDHM Tlachinollan pudieron acceder a la Fiscalía para asumir la defensa jurídica de los detenidos, las autoridades les dieron personalidad jurídica para un proceso penal por narcomenudeo; fue a través de ellos que las familias tuvieron conocimiento de los cargos en su contra. Sin embargo, a los abogados no se les informó sobre la nueva carpeta de investigación existente por homicidio calificado de las 6 muertes ocurridas durante la madrugada del 7 de enero.
Alrededor de las 10 pm y minutos antes de la audiencia inicial en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, los abogados del CDHM Tlachinollan tuvieron conocimiento de que ésta sería por homicidio y no por narcomenudeo, lo cual demoró que asumieran su calidad de representantes legales y abría la posibilidad de que un defensor público lo hiciera. Esto conduce a pensar que esta acción funcionó como un distractor para obstaculizar una defensa adecuada y de su elección para los detenidos. Una vez que la Fiscalía puso a disposición de la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal a los detenidos, se pudo constatar que tres de ellos se encontraban descalzos, por lo que se negó a iniciar la audiencia y ordenó que se les proporcionara sus respectivos calzados. Ninguno de los detenidos había probado alimento desde la mañana y sólo entre las 10 pm y 12 am pudieron hacerlo. Durante la audiencia, 8 de los detenidos señalaron haber sufrido tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que la juez ordenó abrir una carpeta de investigación por tortura para investigar estos hechos, aplicar el Protocolo de Estambul, y brindar atención médica y un tratamiento especial a quienes fueron víctimas de estos actos. Actualmente, a los detenidos les corre el plazo constitucional de 144 horas que vencen el lunes 15 de enero, momento en el que habrá de resolverse su situación jurídica.
El CDHM Tlachinollan ha presentado un amparo contra el traslado de Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz para evitar que, de nueva cuenta, las autoridades estatales utilicen esta medida extrema para obstaculizar una defensa adecuada e impedir que su familia y miembros del CECOP puedan visitarlo. Existe el temor fundado de que los dirigentes del CECOP detenidos puedan ser trasladados a un penal de máxima seguridad, dado que en anteriores ocasiones esto ocurrió con Marco Antonio Suástegui Muñoz y por las propias aseveraciones que funcionarios estatales han realizado públicamente en los últimos días, particularmente el vocero del Gobierno del Estado de Guerrero. Además, esta acción evidenciaría que a Marco Antonio se le trata como un delincuente peligroso, cuando en realidad es un defensor comunitario que ha demostrado a lo largo de 14 años tener un compromiso probado con su pueblo en la defensa de su territorio. Su trabajo contra la presa hidroeléctrica La Parota ha sido conocida y acompañada durante estos años por diversos mecanismos y organizaciones internacionales, incluyendo Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el ex Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, la actual Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz y el ex Relator especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Miloon Kothari, entre otras.
Incendio de objetos en Casa de Enlace de La Concepción
Testimonios de pobladores de La Concepción informaron que el día 11 de enero alrededor de las 12:30 pm llegó a la Casa de Enlace el Comisario Municipal Florencio Melchor León con un grupo de personas ordenando la recolección de objetos y pertenencias que no fueron sustraídas el día 7 de enero durante las investigaciones para llevarlas al patio y prenderles fuego.
Según estos testimonios, el comisario anunció que para ellos el proyecto de la Policía Comunitaria había terminado y que no permitirían que retomaran sus funciones. Solicitaron al gobierno del estado que la Casa de Enlace la ocupara la Policía Estatal y que fueran quienes brindaran seguridad a la comunidad. Por ello, procedieron a quemar estos objetos para entregar el lugar a las 2 pm a la Policía Estatal. Todo esto ocurrió delante de un grupo de policías estatales que resguardaban el lugar y que se limitaron a observar. Lo anterior es particularmente grave, pues con ello se alteró y contaminó una escena del crimen, destruyendo y quemando evidencia e indicios que podrían ser vitales para el esclarecimiento de los crímenes cometidos. Cabe destacar que dentro de la Casa de Enlace estuvieron los cuerpos de dos policías comunitarios. Actualmente, la Casa de Enlace de La Concepción se encuentra ocupada por la Policía Estatal.
Polarización y atmósfera de intimidación en La Concepción
Pobladores de las comunidades aledañas a La Concepción expresaron su temor en relación al recorrido del comisario en los alrededores con el apoyo de policías estatales y ministeriales, pues en ellas señalaba a personas del CECOP para que fueran interrogadas y algunas detenidas. El mismo día se trasladaron a la comunidad de El Rancho Los Hilamos a preguntar por personas que pertenecen a este consejo. La presencia de estas personas y elementos de policía continúa enrareciendo el clima de inseguridad de la región, ya que se mantiene la persecución e intimidación en contra de los simpatizantes del CECOP para ser señalados como responsables de las muertes del enfrentamiento del domingo en la madrugada.
Estas acciones reflejan la polarización de las comunidades fomentada por personajes solapados por el gobierno que tienen intereses económicos y de otro tipo en la región, que quieren arrebatar la tierra y sus recursos a los campesinos, y que buscan erradicar de cualquier modo el esfuerzo de seguridad y justicia comunitaria emanada de los pueblos indígenas. En concreto, estas personas fabricaron divisiones intracomunitarias para avanzar el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.
Aunque los esfuerzos del CECOP, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, lograron suspender este proyecto, este operativo letal marca un hito para su reactivación. El desmantelamiento de la Policía Comunitaria significa tanto un golpe directo a este sistema de seguridad y justicia indígena legal y protegido por tratados y estándares internacionales de derechos humanos, así como al derecho a la tierra y el territorio, pues la CRAC-PC ha contribuido en buena medida a que el CECOP tuviera éxito en la suspensión de la construcción de la presa.
Además, han provocado que una parte de la población se manifieste en contra de algunos medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos. Se ha acusado al diario El Sur y al CDHM Tlachinollan de apoyar a Marco Antonio Suástegui, a quien acusan como el responsable de la división y de la muerte de las personas en el primer enfrentamiento entre policías comunitarios y personas armadas. Asimismo, se teme que esta atmósfera de polarización e intimidación continúe limitando el acceso a la información sobre lo que sucede en La Concepción. Hasta el momento, el CDHM Tlachinollan no ha tenido acceso a la comunidad por estas razones y la seguridad de periodistas es incierta. Actualmente, la ausencia de la Policía Comunitaria implica la desprotección de las comunidades y sus derechos.
[1] Estos seis detenidos fueron dejados en libertad bajo una medida cautelar de presentación periódica.
[2] A los 7 detenidos restantes, incluyendo los tres menores de edad, se le puso en libertad porque no se encontraron elementos para procesar.
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