Ayotzinapa: 8 años de lucha y ausencias

Chilpancingo, Guerrero, a 12 de septiembre de 2022. «Yo quiero a mi hijo con vida», expresó María Martínez, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, en el mitin que se realizó en las estelas de dos normalistas, Jorge Alexis y Gabriel Echeverría, ejecutados por la policía ministerial del estado.

A 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes, la jornada de lucha de las madres y padres dio inicio en las estelas de los normalistas porque el 12 de diciembre de 2011 estudiantes de la normal de Ayotzinapa protestaban en la autopista del Sol, en el parador del Marqués, en demanda de que les cumplieran un pliego petitorio sobre becas, matrícula de la escuela, infraestructura, entre otros. Exigían una reunión con el ejecutivo, pero la respuesta fue la represión, donde resultaron decenas de heridos, un torturado y dos asesinados.

Por estos hechos lamentables las madres, padres, estudiantes, organizaciones sociales y colectivos de desaparecidos empezaron las protestas con un bloqueo en los dos carriles de la autopista del sol mientras coreaban las consignas: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, presidida por Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, han realizado búsquedas en fosas clandestinas y han seguido las investigaciones con algunas pistas sobre los estudiantes, sin que aún se sepa el paradero. Después de la presentación del informe de la CoVAJ, la Fiscalía General de la República detuvo al arquitecto de la verdad histórica, Jesús Murillo Karam.

En este sentido, Doña María Martínez dijo que todos los responsables sean castigados. «No nos van a engañar diciendo simplemente que nuestros hijos ya no están, porque yo quiero pruebas. No voy a aceptar que me digan que fue un restito de unos 4 o 5 cm. Tampoco me van a decir: ‘tu hijo ya no está, aquí está una hoja firmada’. A mí me van a entregar todos los restos, pero yo quiero a mi hijo con vida».

«Este caso no puede quedar impune, no solo porque nuestros 43 valgan más, sino porque no hemos descansado. Hemos luchado con otras familias. Fuimos obligadas a tomar las calles, a protestar, porque nuestros hijos desaparecidos nos necesitan y tenemos que buscarlos como su familia. El gobierno no nos puede vencer. ¿Por qué siempre tienen que ser los pobres los que paguen?», señaló doña María Martínez.

Por su parte, doña Cristina Bautista comentó que a 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes siguen gritando por verdad y Justicia. «Hay una preocupación como madres y padres de no saber nada todavía. Por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos estamos aquí y tenemos que seguir exigiendo al gobierno que avance con las investigaciones».

Las madres y padres recordaron que siempre supieron que fue el Estado quien desapareció a los estudiantes. “Peña Nieto dijo que la delincuencia organizada se llevó a nuestros hijos, pero siempre señalamos que de manera coordinada los desaparecieron, y todavía nos engañaron. Pensaron que como campesinos no vamos a reclamar un hijo”.

“Como madres y padres tenemos que seguir en la lucha para alcanzar la verdad y la justicia, así como los familiares de los muchachos caídos no alcanzan justicia. Ángel Aguirre mandó asesinarlos y también mandó desaparecer a nuestros hijos. Como madres y padres exigimos que deben ser castigados los responsables que desaparecieron a nuestros hijos”, concluyó doña Cristina Bautista.

Ayotzinapa: de la criminalización a las ejecuciones y desaparición

Todo empezó con las represiones que padecen sistemáticamente los estudiantes de Ayotzinapa. No se olvida que el 12 de diciembre de 2011 la policía ministerial asesinó a dos estudiantes en el parador del Marqués.

«Antes de este crimen el Estado no se había atrevido a asesinar, y aunque se exigió juicio político, el Congreso de Guerrero decidió archivar la demanda contra el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero. A partir de ahí su autoritarismo creció y los actos violentos contra la normal rural de Ayotzinapa siguieron sucediendo, en Atoyac, en Casa Verde, los desalojos fueron violentos y las agresiones con bala», rememoró Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres.

“Desde ese momento resultó barato matar estudiantes de Ayotzinapa y utilizar armas letales en las manifestaciones públicas contra hijos de campesinos, de obreros, de gente pobre y luego estigmatizar a las normales rurales. Es la única escuela en el país donde se cuestionan las injusticias, la desigualdad, las violaciones a los derechos humanos, la pobreza en que vivimos millones de mexicanos”, declaro el abogado de las madres y padres.

La violencia aumentó con los estudiantes. El clímax de esta violencia fue el 26 y 27 de septiembre de 2014. El gobierno del estado de Guerrero tenía cabal conocimiento de los hechos, así como el subsecretario de gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y otros personajes sabían con precisión. El ejército mexicano sabía en tiempo real los movimientos de los estudiantes. Todas las autoridades estaban enteradas de lo que ocurría.

Las autoridades desestimaron, subvaloraron a los estudiantes normalistas rurales. Al fin y al cabo, si mataban a algunos estudiantes, pues qué más daba, ya el 12 de diciembre asesinaron a dos y no pasó nada. Otros tres asesinados en Iguala no sería una novedad para las autoridades. A partir de ese cálculo permitieron la desaparición de 43, dijo Vidulfo Rosales.

Hoy tenemos pruebas contundentes de que el ejército tenía un elemento infiltrado que estaba en riesgo y decidieron que desapareciera. Ese es el ejército mexicano. Ese es el ejército del pueblo. Ese es el pueblo uniformado que deja morir a un soldado porque está en una normal rural, el que deja morir a otros estudiantes y que permite que desaparezcan más jóvenes campesinos y pobres. También está corroborado que por lo menos un coronel del 27 batallón de infantería dio la orden de asesinar a seis de los estudiantes. Esas son las fuerzas de seguridad federales que tenemos. Ese es el ejército encargado de salvar a la patria. Esas fuerzas armadas que se toman de la mano con el crimen organizado para desplegar su violencia, para desplegar la muerte contra estudiantes campesinos, reclamó el abogado Vidulfo.

Las protestas de las madres y padres de los 43 protestan contra el mal gobierno, el ejército y clase política en el poder que permitió la desaparición de sus hijos. No hay silencio que pueda ocultar los gritos de esperanza. Los responsables tienen que ser castigados, incluido elementos del ejército mexicano. Es preocupante que a más de un mes del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia hoy no tengamos a ningún miembro del ejército detenido, a ningún soldado procesado, a ningún general detenido.

Las protestas seguirán. En esta jornada de lucha que empezó este 12 y termina el 27 de septiembre, las madres y padres siguen exigiendo que quieren con vida a sus hijos.