Boletín BOLETÍN DE PRENSA | Entre la muerte y la indefensión Tlapa, Guerrero a 08 de marzo de 2021.- Las condiciones de múltiple discriminación de las mujeres en la Montaña de Guerrero es una realidad. El cambio de gobierno y la puesta en marcha de los programas sociales no han logrado revertir objetivamente las condiciones de vulnerabilidad y violencia que padecen las mujeres indígenas. La violencia familiar, feminicida, económica e institucional son lastres que las mujeres indígenas padecen día a día. La violencia que viven en el seno del núcleo familiar ha ido creciendo exponencialmente, sobre todo en el contexto de la pandemia que produjo el virus del SARS COV2. Las autoridades municipales lejos de cumplir con su deber de prevención se han convertido en entes que encubren y propician las agresiones en contra de las mujeres. son los órganos operadores de justicia quienes no realizan investigaciones prontas e imparciales y los tribunales que tienen conocimiento de violencia sexual no resuelven los casos con perspectivas de género y a menudo exoneran a los agresores, contribuyendo así a incentivar la violencia contra las mujeres. En lo que va de este año el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan ha documentado 20 casos de feminicidios, 15 de violencia sexual, 4 de desapariciones, 75 de violencia física y 73 de violencia económica, en ningún caso de feminicidio o violencia física se ha dictado condena ni se ha brindado medidas de protección a los familiares y las víctimas. Los casos de violencia siguen en aumento, mientras que las autoridades municipales de Tlapa y otros municipios, así como varias instituciones estatales como ciudad mujer, el DIF, la CEAV, entre otras, con el pretexto de la pandemia se mantuvieron cerradas y con poca atención a las mujeres. Tan solo los casos aquí enumerados no se presentaron avances en las respectivas investigaciones, no se decretaron medidas de protección para salvaguardar la vida de las mujeres y sus familiares y mucho menos se ha dictado condena alguna. Por el contrario, en algunos casos los tribunales estatales y del poder judicial federal emitieron sentencias que exoneran a los agresores de mujeres indígenas. Adoptaron criterios regresivos y desprovistos de perspectiva de género, contrario a los ya adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso del poder judicial de la Federación. Ilustra lo anterior, el caso de Cecilia N. indígena Tu’un Savi de la región de la Montaña. En el 2014 llegó a Tlapa, se empleó como trabajadora doméstica en un domicilio. Ella tenía en su proyecto estudiar para salir adelante, pero el patrón la violó sexualmente. Cecilia se animó a denunciar y detuvieron al agresor, pero el Juez de primera instancia de Tlapa liberó al agresor, aunque el fallo fue apelado la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco, Guerrero volvieron a exonerar al responsable. Particularmente los Magistrados José Alfredo Barba, Juan Pedro Contreras Navarro y Xóchitl Guido Guzmán integrantes del primer tribunal colegiado del Vigésimo Primer Circuito y la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia no valoraron las pruebas con perspectiva de género como lo ordenan los más altos estándares de los derechos de las mujeres, liberando al agresor de Cecilia. Por su parte, los feminicidios de las indígenas Me’phaa Florencia Sánchez Joaquín e Isabel Roque Cortez tienen más de dos años en proceso sin que se dicte sentencia pese a que el último se tramita en el sistema penal acusatorio. Por todo lo anterior, Tlachinollan condena la continuidad de la triple discriminación contra las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero, las violencias que día a día padecen, la omisión de las autoridades para prevenir las violencias contra las mujeres, la falta de debida diligencia en las investigaciones y las omisiones para sancionar a los feminicidas y agresores y exigimos un alto a los feminicidios, desapariciones y todo tipo de violencia contras las mujeres, investigar con debida diligencia sus casos y sancionar a los responsables para erradicar este lastre que lacera la vida de las mujeres de la Montaña. ATENTAMENTE Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Share This Previous ArticleOPINIÓN | A’gu: como el roble y el viento de la Montaña Next ArticleCOMUNICADO | ¡Qué tiemble el Estado! 8 marzo, 2021