Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Tlapa, Guerrero, 08 de marzo de 2016.- En el marco del día internacional de la mujer, en la Montaña no hay nada que celebrar. Las mujeres del color de la tierra siguen padeciendo el sufrimiento y dolor que provoca un Estado patriarcal que continúa siendo la principal causa de opresión. .
Tal y como lo ha expresado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias emblemáticas en los casos de las mujeres Me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, las mujeres indígenas de Guerrero enfrentan una violencia institucional castrense día con día, la cual impacta de manera diferenciada a las mujeres al ser víctimas de una triple discriminación por su condición de género, etnicidad y pobreza.
Tlachinollan acompaña a las mujeres de la Montaña de Guerrero, documentando sus casos, asesorándolas y representando legalmente ante las instancias legales. Durante el año 2015 atendimos en nuestras oficinas a 254 mujeres víctimas de violencia. De estos 2 casos son de violencia feminicida, 74 de violencia familiar, 50 de violencia física, 14 de violencia psicológica, 9 de violencia sexual, 31 casos de detenciones arbitrarias y 74 de violencia económica. Todas ellas pertenecen a comunidades adscritas a los municipios de la Montaña, incluyendo Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Zapototitlán Tablas, Atlixtác y Malinaltepec.
Sin embargo, en contraste con lo documentado por la sociedad civil, Tlachinollan ha logrado monitorear a través de su trabajo, que durante el 2015 el Ministerio Público de Tlapa registró únicamente 19 averiguaciones previas por homicidios contra mujeres, y en ninguno de los casos éstas fueron radicadas por feminicidio, pese a que en más de 4 casos se configura este ilícito de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. Igualmente, se ha documentado que en el año 2014, el Ministerio Público consignó solamente dos casos por el delito de feminicidio, pero hasta el día de hoy las órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas y los perpetradores continúan en libertad.
En el marco del día internacional de la mujer, expresamos nuestra mayor preocupación porque pese a la existencia de leyes y mecanismos de protección a las mujeres, la violencia que vive, la falta de acceso a la justicia, la impunidad ante las agresiones que sufre y la indolencia de las autoridades para reconocer estos hechos y tomar medidas preventivas evidencia otra realidad que dista mucho de los avances que en materia legislativa y de protección a la mujer presume el gobierno.
Tal y como lo ha establecido la CEDAW en su evaluación a México en 2012, la violencia generalizada que se vive en México – en el marco de una grave crisis de derechos humanos – afecta diferenciadamente a las mujeres y se ha visto desdibujada debido a que no se cuenta con cifras desagregadas por género.
En ese marco, de poco sirven los mecanismos preventivos y los marcos normativos, si las autoridades se niegan a reconocer la existencia de la violencia feminicida en Guerrero – omitiendo iniciar las averiguaciones previas por este delito y ocultando las estadísticas oficiales – y sin que se sancione a los perpetradores.
El caso de Aurelia de la Cruz Modesto, es ilustrativo de la violencia que padece la mujer. Aurelia – indígena nahua, originaria de Ayotzinapa, municipio de Tlapa – tenía 27 años de edad y con su pareja procreó dos hijos. En el 2014, después de diversos eventos de violencia y una separación, su expareja la asesinó con arma de fuego, cuando ésta cargaba a su hijo de 8 meses de edad. El desdén de las autoridades de procuración de justicia por la vida de las mujeres indígenas se ve reflejado en el caso de Aurelia: la investigación no ha avanzado y la averiguación previa no fue abierta por feminicidio aun y cuando existen todos los elementos de acuerdo al Código Penal del estado.
Mientras los feminicidios como los de Aurelia y cientos de mujeres en el país permanecen en la impunidad, las mujeres que defienden y ejercen sus derechos como María de la Cruz Dorantes del CECOP y Nestora Salgado de la CRAC son encarceladas con pruebas falsas y artilugios legales.
Por otro lado, los Centros de Salud, al igual que los órganos que procuran justicia niegan una atención adecuada a las mujeres indígenas, las discriminan, maltratan y a menudo les niegan la atención. Debido a estas omisiones y por falta de equipamiento adecuado de los hospitales, mujeres pierden la vida en procedimientos comunes. Pese a los compromisos internacionales del Estado Mexicano para evitar las muertes maternas, sólo en el año 2015 el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense en Tlapa, registró 2 muertes maternas, 25 muertes de niños menores de un año de edad, mientras que el Hospital General registro la muerte de 37 niños del mismo rango de edad.
En este tenor, el día de hoy, demandamos al Estado que las autoridades tomen medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; así como que éstas realicen investigaciones exhaustivas y profesionales y brinden atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia; así como que se sancione a los funcionarios públicos que ofrecen un trato discriminatorio de las mujeres indígenas.
Finalmente, nos unimos a las exigencia de liberación de las mujeres que están presas, criminalizadas por su defensa de derechos humanos.
¡Libertad para Nestora y Justicia para Berta Cáceres!
“La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre na savi, me’phaa, nauas, nn’anncue y mestizos”