- No se consultó de manera adecuada a los pueblos indígenas
- Atenta contra el derecho de autonomía y libre determinación reconocidos en la Constitución Política Federal.
- Es una reforma regresiva que atenta contra los derechos colectivos de los pueblos reconocidos previamente.
Chilpancingo, Guerrero a 06 de septiembre de 2018.- El Ayuntamiento de Malinaltepec acompañado de varias organizaciones sociales e indígenas como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) interpusieron el día de hoy una controversia constitucional contra el decreto por el que se reforman varias disposiciones de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos indígenas del Estado de Guerrero. El decreto de reforma fue enviado por el Ejecutivo del Estado de Guerrero y aprobado en sus términos por la legislatura pasada, sin que fueran consultados de manera adecuada los Pueblos originarios que forman parte de la CRAC-PC.
La reforma desconoce a la CRAC-PC como una Institución de los Pueblos indígenas Me’phaa, Na Savi, Naua y Metizos que realiza tareas de seguridad pública, procuración, administración e impartición de justicia de acuerdo a sus sistemas normativos en sus territorios.
Es fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revisar de manera objetiva la reforma a la Ley 701 y declarar su invalidez dado que viola los derechos de los Pueblos indígenas.
Esta reforma pisotea los derechos a la libre determinación y autonomía para que los Pueblos indígenas tengan su propia forma de organización social, política y económica.
En el año de 1995 los Pueblos indígenas de la Costa Montaña decidieron organizarse conformando la CRAC-PC y con sus sistemas normativos enfrentaron exitosamente la violencia provocada por la delincuencia. Durante décadas los pueblos organizados con este sistema de justicia enfrentaron la persecución y criminalización del gobierno. Con la reforma al artículo 2 de la Constitución y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo se dieron avances considerables en este tema, sin embargo, hace un par de meses y de manera sorpresiva el Congreso del Estado aprobó una reforma que desconoce todos los derechos ganados por décadas de lucha de los Pueblos de la Costa Montaña.
Como todo régimen autoritario el gobierno del Estado le niega a los Pueblos el ejercicio de sus derechos. Pretende incorporarlos a un sistema de justicia que no les pertenece y donde han sido discriminados históricamente. Este gobierno de corte neocolonial con esta reforma pretende colocarlos fuera de la legalidad para terminar de sojuzgarlos y pisotearlos. No se ha conformado con mantenerlos en la miseria, ahora pretende declarar ilegal el ejercicio de sus derechos.
Paradójicamente pretende acotar a las comunidades que pertenecen a la CRAC-PC pero otros grupos armados que incluso operan para la delincuencia organizada los tolera y les permite su libre actuación y movimiento, sin embargo, a la CRAC-PC que tiene un reglamento y que ha contribuido a la seguridad – hoy es la única región de Guerrero donde no operan los grupos de la delincuencia organizada – se le quitan sus derechos para después criminalizarlos.
En suma, la reforma a la Ley 701, se comenten varias violaciones a los derechos colectivos de los Pueblos indígenas, como su autonomía y autodeterminación, el ejercicio de sus sistemas normativos, su derecho a brindar seguridad pública, procuración, administración e impartición de justicia a las comunidades que pertenecen a la CRAC-PC y el derecho a la consulta.
Por todo lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la invalidez de la reforma inconstitucional de la Ley 701.
Atentamente
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
Centro de Derechos Humanos Minerva Bello