Ciudad de México. 7 de diciembre de 2017.
Hoy, figuras de la vida pública acudieron al llamado solidario de Arturo Campos Herrera para entregar a la representación del Estado de Guerrero en la Ciudad de México, las más de 33 mil firmas que demandan al Juez Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos en Tlapa, agilizar su caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por sus abogados y decretar su libertad inmediata.
Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina, Mardonio Carballo vinieron para hacerle saber al gobierno guerrerense que son miles las mexicanas y mexicanos que están preocupados por lo criminalización de los defensores de los derechos humanos.
En reunión con la representación del Estado de Guerrero, Daniel Giménez aseveró: “estamos en un callejón sin salida donde la autoridad criminaliza a la ciudadanía organizada”. Por su parte, Ofelia Medina externa su preocupación a la latente “criminalización de los luchadores sociales como Arturo y Nestora que son los verdaderos líderes del país que han levantado la dignidad de los mexicanos. La liberación de Arturo es el inicio de un proceso más grande para cambiar las instituciones”.
Mardonio Carballo dejó evidenciado que se “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la policía comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La policía comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad.”
También, desde Guerrero, acudió el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, la esposa de Arturo Campos, Agustina García, así como el abogado Rogelio Teliz e integrantes de Tlachinollan para instar a las autoridades la libertad de un defensor comunitario que está injustamente encarcelado.
Las firmas fueron recopiladas por la comunidad global de movilización online AVAAZ, quienes en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización con sede en la Montaña de Guerrero, promueven la libertad del defensor indígena. “Estas 33 mil firmas son voces que hacen una exigencia”, afirma Mardonio Carballo.
Desde hace más de dos décadas existe en la Montaña y en la Costa Chica de Guerrero una Policía Comunitaria (CRAC-PC), se trata de un ejercicio de las comunidades decidiendo en asamblea y seleccionando a los ciudadanos de mejor conducta para resguardar a sus propias comunidades. Arturo fue detenido el 1 de diciembre de 2013 mientras fungía como consejero regional de una de las casas de justicia del sistema indígena, al igual que Nestora Salgado y más policías comunitarios fueron encarcelados por la presión política y el uso faccioso del poder de las autoridades en turno.
Es por eso que las personas aquí reunidas rechazamos la fabricación de delitos para criminalizar a líderes comunitarios, exigimos respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento a las leyes y tratados internacionales que los avalan.
A cuatro años de su injusta prisión, el Juez del Distrito Judicial Morelos tiene la oportunidad de hacer justicia, juzgar bajo los principios de independencia e imparcialidad, apegado a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Al término de la reunión Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y Mardonio Carballo exigieron la liberación de Arturo y el cese a la criminalización de activistas en México.