No olvidemos a quienes desde la infancia cargan el pesado yugo de la discriminación. Su vida al ras de la tierra, pasa desapercibida por nuestra vista.

BOLETÍN | Nulos avances en la investigación, a tres años de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar

 

Tlapa de Comonfort, 7 de junio de 2018. En plena jornada electoral marcada por una polarización social y política, hace tres años fue ejecutado extrajudicialmente por policías federales, el dirigente del pueblo na savi Antonio Vivar Díaz en la colonia El Tepeyac municipio de Tlapa. De acuerdo a los testimonios de sus compañeros Antonio se encontraba cerca de la capilla apoyando a las madres de familia que resguardaban a los policías.

El malestar de los colonos se debió a la acción arbitraria de estos policías que detuvieron a  8 personas que fueron llevadas al 93 Batallón donde elementos de la Marina los trasladaron en  helicóptero al puerto de Acapulco. Los señalaron como los autores de la quema de un vehículo del INE en la vía principal de la ciudad en el puente del río  Jale. En esa fecha el gobierno federal envió tropas de la Marina y del mismo Ejército junto con un grupo de policías de fuerzas especiales a la ciudad de Tlapa que estaba catalogada como un foco rojo. El uso de la fuerza fue desproporcionado por la forma en como procedieron a detener a ciudadanos y ciudadanas  que tuvieron  la mala suerte de pasar por las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Para las autoridades federales la CETEG y el MPG representaban una amenaza para la jornada electoral. El gobierno federal se preparó para actuar represivamente, el mismo comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo coordinó la estrategia policial para arremeter contra la población que se atreviera a boicotear el proceso electoral.

Cuando 34 policías federales se disponían a  trasladar dos de los vehículos de la CETEG, los habitantes de la colonia se organizaron para impedir que continuaran con estas acciones ilegales. Los retuvieron, les quitaron sus escudos y los encerraron en el interior de la iglesia. La población exigía que regresaran en el mismo helicóptero a los ocho detenidos a cambio su liberación. La federación optó por el uso de la fuerza. Dio la orden de que subieran los policías federales con el apoyo del ejército para liberar  a los policías retenidos. Avanzaron golpeando a las personas que impedían su paso y en esa arremetida fue cuando uno de los policías que estaba en el interior de la capilla sacó su arma y la accionó contra Antonio Vivar, que formaba parte del grupo que los resguardaba. Fue una acción letal, contra un estudiante indígena comprometido con la causa de los 43 padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Fue una ejecución extrajudicial de un dirigente social que desde el mes de octubre del 2014 se había incorporado al movimiento de la toma de ayuntamientos en el estado de Guerrero como una medida de presión para exigir a las autoridades que presentaran con vida a los 43 estudiantes. A tres años de esta ejecución extrajudicial la Procuraduría General de la República en lugar de investigar  este delito sumamente grave se empeñó en criminalizar a los colonos  por haber retenido a los policías  federales. Lo inadmisible es que Antonio Vivar formaba parte de los acusados y no como la principal  víctima de esta acción letal. La misma PGR se ha mostrado reticente para agilizar las investigaciones sobre el policía federal que disparó su arma  contra Antonio Vivar.

Exigimos a la Procuraduría General de la República agilice la investigación de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar perpetrada por uno de los policías federales retenidos en la colonia El Tepeyac. Por otra parte demandamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que concluya la investigación y emita la recomendación de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar. Demandamos también a las autoridades del Estado que garanticen seguridad a los familiares de Antonio Vivar quienes solicitaron medidas cautelares ante las amenazas vertidas por grupos de choque que hace tres años participaron en la agresión a miembros de la CETEG y el MPG.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Colectivo El Grito

OPIG CNPA-MN

Bad Tlapa

Colectivo Tioko

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