Tlapa, Guerrero, 08 de noviembre de 2017.
Cuatro de las 39 personas que acusan a policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, advierten que quienes se desempeñaban entonces como policías comunitarios: Bernardino García, Abad Francisco, Eleuterio García, Florentino García y Ángel García, todos de la comunidad Na Savi de El Paraíso y Benito Morales de Ayutla de los Libres, no son quienes los privaron de la libertad.
En el transcurso del careo realizado el pasado 7 de noviembre en el Juzgado Penal de Primera Instancia en Tlapa, Guerrero, los tres supuestos agraviados originarios de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Huamuxtitlán y uno de Tlatlauquitepec, aseguraron que es la primera vez que los han visto, “ellos no fueron, ellos no son”, afirmó uno de los agraviados.
En dicho careo los acusadores no ratificaron en totalidad su declaración. Si bien declararon que estuvieron retenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en ningún momento señalaron a los policías comunitarios acusados -quienes obtuvieron su libertad bajo fianza-. Cabe mencionar que los agraviados tampoco refirieron a Arturo Campos, quien desde 2013 continúa preso en el penal de Ayutla de los Libres.
Con lo anterior, los agraviados reconocen que no fueron secuestrados y menos estuvieron privados de su libertad personal, y si fueron retenidos, fue por una infracción o falta dentro de su territorio en la comunidad de Santa Cruz que está adscrita a la Casa de Justicia de El Paraíso.
“Este es un elemento más que demuestra la inocencia de los policías comunitarios y que debe derivar en su libertad total, pues no cometieron ningún delito, y en todo caso sólo aplicaron y se apegaron a sus sistemas normativos” dijo Rogelio Teliz, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, al finalizar el careo.
Los elementos que emergieron del careo de hoy refuerzan también el camino hacia la liberación de Arturo Campos Hernández, ya que en su momento los mismos agraviados declararon que en los mismos términos, no lo reconocieron, que en ningún momento los secuestró, no les pidió dinero ni participó en su detención.
El sistema de justicia del estado de Guerrero ha criminalizado al sistema de justicia comunitaria, acusándolos falsamente de secuestro cuando lo que ejercen es su derecho a la autodeterminación y a construir sus propios sistemas de seguridad y justicia bajo sus usos y costumbres.
Frente a la criminalización y negación de sus derechos, el propio sistema comunitario ha decidido continuar la exigencia de justicia y libertad hasta lograr la liberación anhelada de los policías comunitarios que aún siguen en prisión o con procesos en su contra y de quienes se exige la libertad incondicional, inmediata y el ejercicio irrestricto de sus derechos.