Antonio Vivar Díaz CARTA ABIERTA | OMCT expresa preocupación por violaciones de derechos humanos cometidas en Tlapa por la Policía Federal CARTA ABIERTA AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DE MÉXICO Y A LA SRA. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Ginebra, 8 de julio de 2015 Re: a un mes de los hechos ocurridos el 7 de junio de 2015 en Tlapa de Comonfort, Guerrero, instamos a una apuesta firme por el diálogo y a la realización de investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales Estimado Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, estimada Lic. Arely Gómez González, De manera muy atenta, me dirigo a ustedes en calidad de Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), coordinadora de la red SOS-Tortura, la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, con el fin de manifestarle nuestra seria preocupación por los hechos ocurridos hace un mes, el 7 de junio de 2015, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, los cuales dejaron una persona muerta por herida de bala y varias personas heridas de gravedad. El Secretariado Internacional de la OMCT, mediante la presente misiva, quiere expresar preocupación por el presunto uso excesivo de la fuerza y los abusos perpetrados por miembros de la fuerza pública, el cual desencadenó en un maestro muerto y varios heridos de gravedad; así como instar a las autoridades a que se lleven a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes con el fin de enjuiciar y sancionar a las personas responsables. Creemos que, a la luz de la historia reciente, es necesario el respecto escrupuloso de los derechos humanos y una apuesta firme por el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas con la comunidad de maestros y estudiantes en Guerrero para evitar una progresiva escalada de la violencia y la prevención de ulteriores graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) a fines de septiembre de 2014. Según las informaciones recibidas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el 7 de junio de 2015, alrededor de las 2:30 pm, dos patrullas de la Policía Federal con los números económicos 1699 y 1566, con al menos 24 elementos, allanaron arbitrariamente una propiedad privada y las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, ubicada en la colonia Tepeyac a un costado de la Delegación Regional de la Montaña de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), y se llevaron detenidos a un grupo de 8 personas, compuestos por 6 hombres – entre ellos un menor de edad que iba subiendo al transporte público en el momento de los hechos – y 2 mujeres, sin ninguna orden de aprehensión. Según las mismas informaciones, posterior a la detención de los profesores, al menos 35 elementos de la policía federal ingresaron nuevamente a bordo de tres patrullas a la colonia Tepeyac con el objetivo de catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas de la Coordinadora, para lo cual se apoyaron de dos grúas de tránsito estatal. Diversos vecinos y vecinas de la colonia aledaña, al testiguar los hechos, salieron a las calles y comenzaron a reclamar a los policías sus actos. El altercado escaló y los pobladores de la colonia impidieron la salida al grupo de 35 policías federales advirtiendo que no los dejarían ir hasta que fuera liberado el grupo de maestros detenidos y detenidas, quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la Ciudad de México en un helicóptero de la Marina. Como respuesta a la retención, alrededor de las 3:30 pm, la policía federal desplegó un operativo en el que cientos de elementos mantuvieron asediada a la población hasta por dos horas. Según las informaciones recibidas, a partir de un proceso de mediación, la CETEG y la Colonia – encabezada por su autoridad civil – alcanzó un acuerdo con las autoridades federales con el cual los detenidos y detenidas serían trasladados a Tlapa de nueva cuenta y una vez que éstos llegaran a la ciudad, los policías serían liberados. Alrededor de las 6.30 pm., los policías retenidos fueron ingresados a la Capilla de la colonia Tepeyac con el objetivo de resguardarlos de grupos ajenos a la colonia. Dentro de la Capilla se encontraban, mujeres, jóvenes y niños resguardando en espera de que se consolidaran los acuerdos entre la CETEG y las autoridades federales. Según las mismas informaciones, aproximadamente a las 8 pm, la policía federal reactivó el operativo, incursionó en la colonia y procedió al desalojo para liberar a los federales retenidos; durante el operativo se utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y otros gases, lo que conllevó al terror entre las familias que se encontraban a la espera de noticias sobre el regreso de sus familiares detenidos. Asimismo, en el transcurso del mismo operativo, elementos de la policía federal habrían irrumpido en las casas particulares amedrentando a las familias de la colonia Tepeyac con gases lacrimógenos, generando un número indeterminado de heridos y personas en estado de shock. Diversos testimonios e imágenes en los medios de comunicación dan cuenta de la participación de elementos del 93 Batallón de Infantería del Ejército mexicano con sede en Tlapa. En el marco del operativo conjunto de la Policía Federal y el Ejército, al menos 4 personas resultaron heridas de gravedad y Antonio Vivar Díaz, 28 años, maestro recién egresado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Tlapa de Comonfort, perdió su vida por herida de bala. Es de nuestro conocimiento que al día de hoy, la investigación de los hechos ha quedado soslayada y no se ha hecho ningún pronunciamiento público sobre la gravedad de los hechos y el compromiso del gobierno federal respecto la importancia de llevar a cabo una investigación de las graves violaciones cometidas. Antecedentes: Varios incidentes con la intervención de miembros de la fuerza pública federal, estatal y local, así como de efectivos del Ejército, han resultado en personas heridas de gravedad y en decenas de detenciones a raíz de las protestas iniciadas tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. El 14 de diciembre de 2014, varias personas, incluyendo estudiantes, maestros, periodistas, padres y madres de familia, resultaron heridas por elementos de la policía federal cuando realizaban los preparativos para el concierto “Una luz en la oscuridad”, el cual se iba a realizar en la tarde en solidaridad con las familias de los 43 estudiantes en Chilpancingo, Guerrero. Asimismo, en los días previos a la jornada electoral del pasado 7 de junio, enfrentamientos entre los agentes federales, estatales y municipales del orden (según las informaciones recibidas, con el apoyo de grupos simpatizantes) y protestantes que instaban al boicot electoral para exigir justicia por el caso de Ayotzinapa en varios municipios de Guerrero habrían terminado en diversos heridos. ***** El Secretariado Internacional de la OMCT quiere expresar su seria preocupación por la detención de 8 personas sin orden de aprehensión y sin indicios de flagrancia, la vulneración del derecho a la propiedad y vida privada de habitantes de Tlapa de Comonfort así como el uso de la fuerza utilizado por parte de los cuerpos de seguridad que participaron en el operativo durante la jornada electoral en esta ciudad, el cual desencadenó en la muerte de un maestro y varios heridos. Analizados en el contexto de los graves abusos descritos en el párrafo anterior, el actuar de las autoridades y fuerzas de seguridad el pasado 7 de junio indicaría la persistencia de un patrón consistente de represión y criminalización de comunidades estudiantiles y rurales de Guerrero, el cual pone en cuestión la plena observancia y vigencia de la obligación de respetar y prevenir violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal y a la libertad de reunión por parte de las autoridades competentes y las fuerzas del orden implicadas.Los estándares internacionales obligan a los Estados a respetar los derechos y libertades fundamentales durante los operativos de seguridad. Los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” de Naciones Unidas autorizan el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solamente cuando sea inevitable; en todo caso, deben reducirse al mínimo los daños y lesiones, así como respetar y proteger las vidas humanas[1]. Respecto el empleo de armas de fuego contra personas, “solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”[2]. Asimismo, cuando las manifestaciones o acciones de protesta ponen en peligro a terceros o a miembros de las fuerzas públicas de seguridad, los Estados deben tomar medidas para proteger la integridad física y psíquica de los posibles afectados y afectadas; sin embargo, el uso de la fuerza debe ser necesario y proporcional al fin deseado. El Secretariado Internacional de la OMCT lamenta asimismo la retención de los 35 policías federales y reconoce la legitimidad de las políticas y los operativos de seguridad que sean necesarios y apropiados para preservar el orden público cuando valores y derechos fundamentales se ven amenazados; pero recuerda que la respuesta ha de ser proporcionada y en línea con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, concretamente, los que regulan el derecho a la vida y el uso de la fuerza en el contexto del ejercicio de la libertad de reunión. En definitiva, tememos que los hechos arriba descritos inducen a tener serias dudas sobre un verdadero cambio de actitud y de prácticas por parte de las autoridades y las fuerzas del orden, el cual, como han reivindicado familiares, estudiantes y organizaciones de derechos humanos en Guerrero, es necesario para terminar con la criminalización y estigmatización de la comunidad estudiantil, así como la de los familiares, y los defensores de derechos humanos que los acompañan, las cuales han sido la principal causa de la cadena de agresiones que culminó en los trágicos incidentes de Iguala del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, junto con la impunidad. Cabe destacar que el Gobierno de la República se comprometió con los familiares de los 43 desaparecidos a respetar todos los derechos humanos, la honra y la reputación de los integrantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” teniendo en cuenta que son una “comunidad estudiantil que se encuentra agraviada por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año en curso”, así como a tomar medidas que hicieran frente a las necesidades y retos estructurales de las Escuelas Normales Rurales del país[3]. En este marco, el Secretariado Internacional emplaza a las autoridades mexicanas a anteponer el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas en base a las necesidades y derechos de los estudiantes normalistas, descartando el recurso a operativos de seguridad con cuerpos altamente armados y la intervención de elementos castrenses, como estrategia de acción para hacer frente a las reclamaciones legítimas y la crispación de estudiantes, maestros y familiares de los desaparecidos. Asimismo, instamos a las autoridades mexicanas a respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión, así como a respetar y proteger el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de aquellos y aquellas que lo ejercitan, de acuerdo con las compromisos internacionales adquiridos a través de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Creemos que es necesario un proceso de revisión de las políticas de seguridad que incluya reformas legislativas sobre el uso de la fuerza, armas letales y armas no letales, en general, y en el marco de la gestión de la protesta pública, en particular. Este proceso debe ser transparente y resultar de un proceso participativo que involucre a las comunidades afectadas, con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro y restaurar la confianza en el Estado de derecho en México. En este contexto, estimado Lic. Osorio Chong, le pedimos que de forma expedita tome las medidas necesarias para implementar desde su Secretaría las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y de los Relatores Especiales sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre la tortura de Naciones Unidas. En particular, este último ha instado recientemente al Estado mexicano a “retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública”[4], así como a “legislar el uso de la fuerza en conformidad con principios internacionales, capacitar a los operadores de seguridad respecto a estos estándares e investigar y sancionar las instancias de uso excesivo de la fuerza”[5]. También solicitamos que redoble sus esfuerzos con miras a prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos a los que pueden ser sujetos los familiares de personas sometidas a desaparición forzada y tortura, así como los defensores de derechos humanos que asisten a las víctimas, de conformidad con las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada[6]. De la misma forma, estimada Lic. Aracely Gomez, le instamos a que se garantice la realización de una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a estos hechos, en particular la muerte de Antonio Vivar Díaz, el uso excesivo de la fuerza y las alegadas vulneraciones al derecho a la libertad personal, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial, aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley y otorgar a las víctimas y familiares una reparación adecuada que incluya una compensación, medidas para una rehabilitación completa y garantías de no repetición. Estimado Lic. Osorio Chong, estimada Lic. Aracely Gómez, confiando en su firme compromiso con los derechos humanos, nos suscribimos de Usted muy respetuosamente, Gerald Staberock Secretario General Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) [1] Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ppio. 5º.[2] Ibid, ppio. 9º. [3] Ver cláusulas cuarta, sexta y novena del Acuerdo firmado entre autoridades y familiares el 29 de octubre de 2014. [4] Informe del Relator Especial sobre la tortura de la ONU, Juan E. Méndez, Misión a México, Doc. ONU A/HRC/28/68/Add.3, párr. 83(a). En la misma línea, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU recomendó a México adoptar “todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares” (Informe sobre su visita oficial a México, Doc. ONU A/HRC/26/36/Add. 1, párr. 103). [5] Ibid, 80(g). [6] Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre México, CED/C/MEX/CO/1, párr. 31 Direcciones:Comunicación dirigida al Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación: C. Abraham González No.48 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc C. P. 06600, México, D. F. Tel. + 52 55 5728-7400 ó 7300 e-mail: secretario(at)segob.gob.mx Comunicación dirigida a la Procuradora General de la República, Lic. Aracely Gómez: Paseo de la Reforma 211-213, Piso 16 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México D. F. Tel: + 52 55 53460000 ext. 0108 Fax: + 52 55 53460908 e-mail: ofproc(at)pgr.gob.mx Para más información, póngase en contacto con: Helena Solà Martín, datos de contacto: +49 22 809 4939 / hs@omct.org Share This Previous ArticleOPINIÓN | Las ejecuciones del Ejército en Guerrero Next ArticleCARTA PÚBLICA | OSC urgen al TSJE en Guerrero actuar con independencia en el caso de Marco Antonio Suástegui | 8 julio, 2015
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