Ciudad de México a 5 de agosto de 2016
Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
PRESENTE
Las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos, los colectivos de víctimas y expertas y expertos firmantes, nos dirigimos a Usted con el fin de manifestarle nuestra profunda preocupación por las iniciativas que se han presentado en días recientes correspondientes a la Ley General de Víctimas, mismas que plantean una inminente regresión del desarrollo normativo del Estado, particularmente del artículo 1º constitucional que establece: “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos”.
Tal y como Usted lo ha reconocido, el sistema de atención a víctimas vigente en el país enfrenta varios retos en cuanto a su operatividad y eficacia. En la actualidad, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas – particularmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas – han demostrado serias limitaciones para operar con estricto apego al espíritu protector de la Ley y con base en el principio constitucional pro persona.
La discrecionalidad, improvisación, burocratización de los procedimientos, entre otras limitaciones estructurales e institucionales, se generaron a partir del nombramiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la emisión del Reglamento, cuestión que no cumplió con los principios garantistas establecidos en la Ley General de Víctimas. Esto ha impedido que la misma funcione como un verdadero instrumento que garantice, promueva, proteja y respete los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos a la verdad, justicia y reparación integral.
A la luz de lo anterior, nos preocupa enormemente el actual clima de desinformación en el que, de manera infundada y desde el desconocimiento de las normas aplicables, se ha afirmado que los derechos de las víctimas del delito se contraponen a los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, concretamente pretendiendo hacer creer que las deficiencias en la atención y reparación a víctimas del delito se deben al reconocimiento de los mismos derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Esta narrativa no sólo polariza a la opinión pública y a la ciudadanía en general que padece la violencia e inseguridad, sino que fomenta la comisión de abusos como la tortura o las violaciones a las garantías judiciales, generando nuevas víctimas al mismo tiempo que socavan el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de delito.
Señor Presidente, el debilitar o desconocer los derechos de víctimas de violaciones a derechos humanos, no es una vía para mejorar la atención y reparación a víctimas del delito. No es más que el Estado quien debe corregir las fallas actuales en las instituciones de atención a víctimas y en las prácticas de investigación penal – entre otras cuestiones – para cumplir sus obligaciones de justicia y reparación hacia todas las víctimas. Diversas personas y organizaciones firmantes hemos exigido tal cambio en el marco de nuestro acompañamiento a víctimas de diversa índole.
En particular, recordamos que el respeto al debido proceso como única manera de llevar a cabo juicios justos y confiables, así como la prohibición expresa de la tortura, son garantías necesarias para brindar justicia a todas las partes. Solamente respetando el debido proceso es posible garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito y el respeto a los derechos humanos. Estos ejes de cualquier Estado democrático no pueden, bajo motivo alguno, supeditarse a discursos beligerantes o populistas.
Nos alarma que pese a los diversos señalamientos de mecanismos internacionales, y ante la clara omisión y falta de contundencia por parte del Estado para investigar diligentemente las violaciones a derechos humanos y proteger a las víctimas, éstas sigan siendo estigmatizadas. En muchas ocasiones, el mismo hecho de denunciar violaciones a derechos humanos ha resultado suficiente para que las víctimas sean señaladas como delincuentes. Esto sucede a tal grado que incluso parece que son las propias víctimas las culpables de la ineficiencia del propio Sistema Nacional de Atención que tiene la obligación de atender a todas las víctimas del país.
Es por ello, en consonancia con el Artículo 1º constitucional y los tratados internacionales que el Estado ha ratificado, que el Gobierno Federal debe pública y enérgicamente rechazar cualquier acto o discurso que criminalice y discrimine a las víctimas de violaciones a derechos humanos y que por lo tanto suponga un menoscabo de su integridad, seguridad y dignidad.
Por lo anteriormente expuesto, expresamos nuestro rotundo rechazo ante cualquier iniciativa de reforma o abrogación de la Ley General de Víctimas vigente que vaya en perjuicio de los principios y directrices básicos sobre los derechos de las víctimas, incluyendo víctimas de violaciones a derechos humanos. Así también, rechazamos todo intento de excluir del Sistema de Atención a Víctimas, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya que ello constituiría un acto regresivo contrario al Principio de Progresividad inscrito en el Artículo 1º Constitucional.
De acuerdo a las disposiciones que reconocen el derecho a un recurso a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos, mismas que figuran en numerosos instrumentos internacionales[1], le hacemos un atento llamado a que la discusión en torno a la reforma de la Ley General de Víctimas mantenga como pilar el derecho de todas las víctimas a acceder a la justicia a través de un procedimiento equitativo, efectivo y claro, actuando siempre bajo el principio de la no revictimización y de la debida diligencia.
Como lo hemos manifestado en diversos espacios ante autoridades federales y estatales, falta mucho para consolidar una política efectiva que prevenga, investigue, sancione y repare de manera integral los hechos victimizantes ocurridos en el país, bajo el estricto apego al principio de la no repetición.
Nos encontramos frente a la oportunidad de revisar y modificar en la Ley los esquemas burocráticos – incluidas las disposiciones reglamentarias de la Ley – que han impedido que se atiendan realmente las necesidades de las víctimas y que se garanticen, tanto sus derechos a la justicia, verdad y reparación integral, como el establecimiento de medidas de no repetición. Por ello, le solicitamos que a la brevedad, instruya a quien corresponda convocar, a un proceso transparente, participativo e incluyente para discutir la reforma a la Ley General de Víctimas.
Con la esperanza de que esta oportunidad de escuchar y reconocer la dignidad de las víctimas no será desestimada, le enviamos un cordial saludo.
Atentamente,
Activistas y Defensores
Amanda García Herrera
Amelia Hernández Namorado Yolanda Rivera Treviño Rosalía Castro Toss
Anais Palacios Perez, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz
Araceli Rodríguez
Carlos Saldaña Grajales. Xalapa, Ver.
Carolina Robledo Silvestre
David A. Shirk
Dra. Carolina Robledo Silvestre, Catedrática Conacyt del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS
Dra. Luz Paula Parra Rosales, Profesora-Investigadora de la Universidad de Estocolmo, Suecia
Eduardo J. Gallo y Tello, activista en Seguridad, Justicia y Derechos Humanos
Eliana García Laguna, activista de derechos humanos
Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Erika Lilia Mendoza González
Jacobo Dayán
Javier Sicilia Zardain
Karlos Castilla, investigador en la Universidad de Barcelona
Luis Daniel Vázquez Valencia
Magaly Malpica Mora Belén González Medrano María de Lourdes Pulido Monge
Manuel Emilio Hoyos Díaz
María Eugenia Suárez de Garay
Mariclaire Acosta
Miguel Concha Malo
Minerva Nora Martinez Lazaro, defensora de derechos humanos
Pablo Romo Cedano
Paulina Vega, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos
Roberto Villanueva Guzmán
Romualdo Hernandez Facundo
Sandra Serrano, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México
Sergio Aguayo
Silvano Cantú Martínez, Defensor de derechos humanos
Víctoria Delgadillo Romero, Xalapa, Ver.
Yolanda Hernández Contreras
Organizaciones y colectivos
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Asilegal)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California A.C.
Buscando a Nuestro Desaparecidos Huasteca Potosina
Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia A.C.)
Cauce Ciudadano A.C.
Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria, O.P.» A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A. C.
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)
Centro Regional de Derechos Humanos «Bartolomé. Carrasco Briseño» A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Colibrí Araceli Rodríguez
Colectivo Solecito de Córdoba, Ver.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C.
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Desaparecidos del Fuerte
Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos
Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos Desaparecidos de El Fuerte Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl) Mujeres de Michoacán Familiares de Desaparecidos de Michoacán Grupo Vida sigue en Búsqueda y Encontrando Red de Madres de Veracruz Alzando Voces Cofaddem, Morelia Unión de Madres y Familiares de Desaparecidos de Sinaloa, Años 70 Colectivo Solecito Veracruz Madres en Búsqueda, Coatzacoalcos, Veracruz
Documenta, Análisis y Acción para la justicia Social A.C.
En tu Búsqueda, Morelia, Mich. Ruth Yolotli Mánriquez López
Equis Justicia para las Mujeres
Familiares en Búsqueda María Herrera
Familiares en Búsqueda Maria Herrera Morelos
Familiares en Búsqueda Maria Herrera Poza Rica
Familiares en búsqueda Maria Herrera Puebla
Familiares en Búsqueda María Herrera Xalapa
Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, A.C.
Familias de Desaparecidos de Michoacán
Famílias de Desaparecidos Orizaba – Cordóba
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
Grupo VIDA Sigue en Búsqueda y Encontrando
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
Incluye A.C.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
INEDIM, Reflexión, investigación y debate sobre migración y asilo
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
La Alameda Morelos
Movimiento por la paz con Justicia y Dignidad
Mujeres de Michoacán A.C.
Mujeres guerrerenses por la democracia, A.C.
Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche
Observatorio Sonora por la Seguridad
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana
Red de Feministas Peninsulares
Red de Mujeres del Bajío A.C.
Red de Madres Veracruz
Red por los Derechos de la Infancia en México
Red Retoño, para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada
ReverdeSer Colectivo
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Ririki Intervención Social
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados
Visión Solidaria
Voces Unidas por la Vida
Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA): Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Albergue Manos Extendidas para los Necesitados, AC; Albergue Senda de Vida; Alma; Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM); Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México; Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Asociación Mexicana pro Naciones Unidas, AC; Babel Sur, Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales, AC; Be Foundation, Derecho a la Identidad, AC; Casa del Migrante en Tijuana AC; Caridad Sin Fronteras, AC; Catholic Relief Services (CRS); Casa Refugiados, AC; Casa Tochan; Centro de DH para los Pueblos Indígenas Oaxaca; Centro de Recursos Para Migrantes; Clínica Jurídica Alaide Foppa: Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Centro Bonó; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante Casa Nicolás; CEMAC, AC; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Centro de Atención al Migrante (EXODUS); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI); Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo); Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM); Centro de Apoyo Marista Al Migrante; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); CONFEMEX; Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes (COAMI); Colectivo Por Una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala; Colectivo Transnacional Codetzio; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Colectivo Vía Clandestina; Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC (CODEHUTAB); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso; CONVIHIVE, AC; Comité Las Dignas; Dignidad y Justicia en el Camino, AC (FM4-Paso Libre); ECOSUR; El Diamante de Fuego, AC; El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Es por los Niños, AC; Espacio Migrante, AC; Estancia del Migrante González y Martínez, AC (EMGM); Estudios Fronetrizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM; Federación Zacatecana, AC (FEDZAC); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); FOCA/ Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración-Capítulo México; Frontera con Justicia, AC (Casa del Migrante de Saltillo); Fundación Isidro Fabela, AC; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC (FJEDD); Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; IDHEAS; INSAMI; Global Workers Justice Alliance (GWJA), Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC (GIMTRAP); Identidad Migrante Derechos Humanos; Help for Be Progress, Immigrant Initiative; Inclusión y Equidad, AC; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC; Iniciativa Frontera Norte de México; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Inicicativa Ciudadana y Desarrollo Social, AC (Incide Social); Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC (INEDIM); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto Jose Pablo Rovalo Azcué; Instituto Madre Assunta; Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (INSYDE); Instituto Salvadoreño del Migrante; Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Irapuato Vive, AC; Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO); Jornaleros Safe; La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrante; Latin America Working Group; Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG); Migración y Desarrollo, AC; Migrantes LBGT; Migrantólogos; Mujeres Unidas y Activas – Immigrant Youth Coalition; Nosotras Somos tu Voz; Organización Binacional Aztlán; Por la Superación de la Mujer, AC; Red del Bajío en Apoyo al Migrante; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, AC (PRECADEM); Prevencasa A.C.; Red Binacional de Mujeres Artesanas; Red de Mujeres del Bajío, AC y su centro CEREMUBA; Red Jesuita con Migrantes de ALC; Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex); Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF); Red de Desarrollo Sustentable; Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicargüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Red para las Migraciones en Querétaro (RMQ); Salud Integral para la Mujer, AC (SIPAM); Ririki Intervención Social, SC; Servicio Jesuita Migrante (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Una mano amiga en la lucha contra el SIDA, AC; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Universidad de Guadalajara (UdeG); Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana (PRAMI-UIA, Cd. México); Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana, Puebla (PRAMI-UIA, Puebla); Un Mundo una Nación; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM); Washington Office on Latin America (WOLA); Contracorriente A.C; Otros Dreamers en Acción(ODA).
[1] Artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 68 y 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos