Acapulco, Guerrero. Se cumplieron 11 meses desde que Vicente Suástegui, fuera privado de su libertad y desaparecido. Desde aquel 5 de agosto del 2021, su hermano Marco Antonio Suástegui con el respaldo del Cecop y las organizaciones sociales aliadas han exigido a las autoridades estatales y federales dar con el paradero del defensor de la tierra, sobre todo, detener a los autores intelectuales que continúan operando y causando terror en la zona rural del puerto de Acapulco.
La tarde de este 5 de julio, se llevo a cabo un mitin político en el asta bandera del puerto de Acapulco para recordar a las autoridades del estado que el Cecop y las organizaciones sociales no dejarán de manifestarse para exigir la presentación de Vicente.
El mitin político fue encabezado por Marco Antonio Suástegui representante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), así como representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Frente Magisterial por la Transformación de México, Capama y de Tuderpi.
En su participación Marco Antonio Suástegui destacó que “han pasado 11 meses desde que hombres armados se llevaron a Vicente, 11 meses que quizá esté siendo torturado, quizá con hambre, quizá enfermo, quizá herido, porque hay que recordar que a Vicente le dispararon estos narcos de la Upoeg antes de llevárselo y entregarlo al crimen organizado».
Remarcó que existe una complicidad entre grupos del crimen organizado y los miembros de la Upoeg que operan en la zona rural de Acapulco, siendo esta dupla criminal la que privó de su libertad y desapareció a su hermano Vicente Suástegui ante los ojos de un estado ciego de la violencia criminal que acecha todos los días las comunidades de Acapulco.
Por esta razón Marco Antonio Suástegui condenó que el gobierno de Evelyn Salgado haya pactado recientemente con el grupo paramilitar de la Upoeg, y aunque su líder Bruno Placido Valerio, reconoció que algunos grupos de la policía se encuentran infiltradas con el crimen organizado, el gobierno del estado pactó una depuración de la Upoeg.
“¿Qué quiere decir esto? ¿que ahora ya van a ser delincuentes pero con charolas? ¿sustentados, aprobados y apoyados por el gobierno del estado? ¿Entonces vamos a tener un narco gobierno en Guerrero? porque este pacto no es un pacto solamente de impunidad, no es un pacto solamente de complicidad, sino que es un pacto que hace el gobierno del estado para tener este grupo paramilitar como su brazo armado. Entonces la Upoeg a partir de este pacto se está convirtiendo en el brazo armado del gobierno del estado, y eso es un grave mensaje para el movimiento social. Quiere decir que entonces cuando un movimiento social como el Cecop, como los compañeros de Ayotzinapa, como los compañeros de la OCSS, como los compañeros de los sindicatos, como los compañeros estudiantes, cuando le hagan estorbo al gobierno, el gobierno ya tiene quien le haga el trabajo sucio, y este trabajo sucio lo va a hacer la Upoeg, porque es el pacto que está haciendo la gobernadora con estos delincuentes.
Marco Antonio Suástegui resaltó que este pacto entre el gobierno y la Upoeg dará pie a que continúen las desapariciones, el aumento de los asesinatos y que los grupos delincuenciales serán avalados por el gobierno y que este era un mensaje de terror que manda el gobierno del estado encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
“La verdad estamos muy decepcionados, estamos llenos de coraje, y lo que va a provocar la gobernadora con este pacto de complicidad y de apoyo a la Upoeg es enfrentar al pueblo. Va a llegar el momento en que el pueblo se va a cansar y el pueblo se va a armar para enfrentar a esta narco Upoeg. Sí, la verdad muy desconsolado, lleno de rabia, lleno de dolor y lleno de coraje. Muy desencantado con este gobierno al cual nosotros pusimos y habíamos defendido durante muchos años”, continuó.
Denunció públicamente que en su última visita al reclusorio de Las Cruces se enteró que el gobierno de Evelyn Salgado había liberado una sentencia condenatoria en su contra que lo sentenciaba a 4 años de prisión por delitos que él no había cometido, pero que mediante un amparo pudo permanecer en libertad y continuar el proceso
“Hago el llamado a la gobernadora, al presidente de la república, que los hacemos responsables, sobre todo a mí en este momento, imagínense cómo nos ponen en peligro al aceptar sentarse, reunirse con este brazo armado ahora del gobierno. Realmente es algo indignante, algo decepcionante. No pensábamos que esto pudiera ocurrir”, concluyó.
Las organizaciones sociales remarcaron que la historia de los activistas del Cecop ha estado plagada de violaciones a los derechos humanos, de persecución, de asesinatos, de presos, de personas que fueron detenidas arbitrariamente, que sufrieron faltas al debido proceso legal, y ahora la desaparición de Vicente que casi cumple un año.
“No queremos llegar al 5 de agosto próximo y seguir con Vicente desaparecido. Le exigimos al gobierno del estado que agilicen las investigaciones y den resultados antes de que tengamos que estar aquí nuevamente reunidos, y que el Cecop tenga por lo menos el alivio de recibir a Vicente antes del próximo 5 de agosto”, concluyeron.