Abel Barrera Hernández
En las barrancas de Ayutla de los Libres, Guerrero, corren impetuosas las aguas bravías de las mujeres indómitas del pueblo Mè’phàà. Desde Barranca Bejuco municipio de Acatepec, hasta Barranca Tecoani, en plena montaña, los pueblos se hermanaron para exigir la salida del ejército y acuerparse para defender su territorio ancestral. Se organizaron para resistir la embestida de los militares que acampaban dentro de sus tierras comunales, sin pedir permiso a las autoridades. Trozaban las mangueras para surtirse de agua, cortaban caña, plátanos, elotes y frutas de la temporada, para aplicar el libreto de la guerra de baja intensidad. Instalaban retenes en las entradas de sus localidades, y con lista en mano, preguntaban por “los encapuchados”.
En la madrugada del 7 de junio de 1998 rodearon la escuela indígena Caritino Maldonado, y con el grito de “salgan perros”, perpetraron la masacre de El Charco, ejecutando a 10 indígenas del pueblo Na Savi y un estudiante universitario. Dejaron a 4 adultos y un niño gravemente heridos, que posteriormente fueron detenidos de manera arbitraria. Otras 22 personas, 4 de ellas niños y una estudiante universitaria fueron detenidas y torturadas por el ejército. Las autoridades federales se coludieron con los militares criminales, para impedir que se investigaran a los autores materiales e intelectuales de esta matanza.
En el 2002 elementos del 41 batallón del ejército instalaron su campamento en las inmediaciones de Yerbasanta y Barranca Tecoani, como parte de la operación “Méndez”. Se apostaron para detener a los líderes de las organizaciones sociales y continuar con sus incursiones en las comisarías municipales. El 22 de marzo se desplegó un pelotón del ejército hacia Barranca Tecoani. Al filo de las tres de la tarde, once militares irrumpieron en la casa de adobe de Inés Fernández. Entraron cortando cartucho, con el pretexto de que había carne tendida en su patio. Para los “guachos” las familias indígenas que comen carne, son robavacas o siembran amapola. Llegaron hasta la cocina donde se encontraba Inés con sus pequeñas hijas Nohemi, Ana Luz y su hijo Colosio. Con la jamaica que recién había cortado, preparaba agua fresca para sus hijos. Le preguntaron con gritos ¿dónde robó esta carne tu marido? ¿dónde está él?. En las condiciones de extrema vulnerabilidad de Inés y sus pequeños hijos, tres militares la amenazaron con matarla para someterla y torturarla sexualmente. Nohemi y sus dos hermanitos en medio del llanto, corrieron a pedir auxilio a su abuelo paterno.
A sus 25 años, Inés fue víctima de la violencia institucional castrense, alentada por el gobierno federal, con el fin de destruir la organización comunitaria. Los ministerios públicos, en lugar de investigar los hechos se mofaban de su tragedia. Los militares se encargaron de acallar cualquier reclamo de las autoridades comunitarias. Los operativos continuaron para desmovilizar a la población. En la casa de piso de tierra de Inés se registraron muchos incidentes con la intención de que desistiera en su afán de justicia. Su esposo Fortunato enfrentó varias amenazas y agresiones. La misma comunidad se volvió contra ellos, por la presión que ejercía el ejército al propiciar la división y la cooptación de sus líderes. Hasta la fecha, Inés y Fortunato continúan con la misma puerta de madera, cuya seguridad es una tranca que se sostiene en el piso de tierra. Llevan más de 6 mil ochocientas noches, durmiendo en sus petates y bajo su techo de lámina. Con el envenenamiento de sus peces, el robo de sus chivos y la muerte de sus perros, Inés y Nato han experimentado que la muerte es una realidad inminente. A pesar de tantos riesgos, han defendido su derecho a vivir en Barranca Tecoani.
En su búsqueda por la justicia, siempre fue discriminada. La ignoraban porque hablaba en Mè’phàà y le restaban credibilidad cuando señalaba a los militares como sus torturadores. El ministerio público en lugar de investigar los hechos, trasladó el expediente a la procuraduría de justicia militar. No solo quedó en estado de indefensión, sino que arreciaron los ataques contra su familia. Al no encontrar justicia en México, acudió al sistema interamericano de derechos humanos. Después de 10 años de incansable lucha la Corte Interamericana dictó sentencia contra el Estado Mexicano, el 30 de agosto de 2010. Determinó que Inés Fernández había sido víctima de tortura sexual por elementos del ejercito mexicano en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia castrense.
La sentencia ordenó medidas reparatorias tanto de carácter individual como estructural, con el fin de asegurar que nunca más estos hechos vuelvan a repetirse. El caso de Inés no solo repercutió en el ámbito individual, sino que por ser una mujer indígena, la agresión sexual tuvo un impacto comunitario que destruyó el tejido social y la convivencia entre las familias. Fue inédita la reparación comunitaria que la Corte ordenó al Estado Mexicano “la creación de un centro comunitario, que se constituya como un centro de la mujer, en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer”. Además, “El Estado deberá adoptar medidas para que las niñas de la comunidad de Barranca Tecoani que actualmente realizan estudios secundarios en la ciudad de Ayutla de los Libres, cuenten con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de manera que puedan continuar recibiendo educación en las instituciones a las que asisten”.
Para alcanzar esta determinación del Tribunal Interamericano, Inés enfrentó graves pruebas como el asesinato de su hermano Lorenzo Fernández, un año antes de la sentencia. Fue el tiempo más critico, porque la violencia arreció en la cabecera de Ayutla de los Libres donde Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores comunitarios del pueblo Na Savi, fueron desaparecidos, torturados y asesinados. Ante el riesgo inminente que enfrentaba Inés Fernández y su familia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales para obligar al Estado Mexicano a proteger su vida y su seguridad.
Después de 11 años de la sentencia de la Corte, Inés junto con su familia no solo sufrió el escarnio de la comunidad y las autoridades, también tuvo que enfrentar amenazas y recorrer un camino escabroso, como el de Barranca Tecoani, para que se materializara la construcción del centro comunitario Gúwa Kúma “Inés Fernández Ortega”, con el fin de brindar una atención integral a las mujeres indígenas de Ayutla de los Libres. Un espacio digno donde las mujeres encontrarán alivio a sus múltiples pesares. En esta noche sombría, donde las mujeres indígenas luchan contra la discriminación y el olvido, Inés aparece en el horizonte como un resplandor en la Montaña.
Publicado en el diario La Jornada