Violencia e impunidad en la Montaña
A 4 años de la ejecución de Antonio Vivar los responsables gozan de protección
- SEDENA, SEMAR, FGE, FGR y el Gobierno del Estado han sido señaladas como responsables de diversas violaciones a derechos humanos durante la jornada electoral del 2015.
- A casi 6 meses de emitirse la recomendación 85/2018 de CNDH, no existe avance en su cumplimiento.
En 2015 la jornada electoral en Guerrero quedó marcada por la violencia ante la grave crisis de derechos humanos que se profundizó con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, acaecida el 26 y 27 de septiembre de 2014. Ante el compromiso asumido en la Asamblea Nacional Popular (ANP) realizada el 29 de octubre de 2014 en la normal de Ayotzinapa, las organizaciones sociales increparon al poder tomando varios Ayuntamientos para hacer visible la complicidad que se ha gestado en las estructuras gubernamentales con el crimen organizado.
En este marco electoral se impulsó una campaña para denunciar las tropelías cometidas tanto por las autoridades de los tres niveles de gobierno como los mismos partidos políticos, que han utilizado los cargos públicos para transformarlo en un negocio privado al estilo de las mafias. Se asumió una postura digna de cuestionar el proceso electoral y llamar a la población para que se abstuviera de votar. En el estado de Guerrero fueron tomados alrededor de 35 Ayuntamientos para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes y hacer visible la indignación ciudadana contra el modo de gobernar de la clase política.
En la ciudad de Tlapa el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) instaló un plantón en el corredor del Ayuntamiento desde el mes de noviembre hasta el mes de junio de 2015, cuando fueron violentamente desalojados por grupos de choque vinculados al PRI en alianza con otros partidos políticos. El joven activista, Antonio Vivar Díaz formó parte de la dirigencia colectiva que mantuvo una postura firme de no bajar la guardia estrechando los lazos de solidaridad con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Fue un movimiento ejemplar porque logró conjuntar a una multiplicidad de actores sociales y de las mismas comunidades indígenas que intentaron conformar un Consejo Municipal Ciudadano. Esta osadía llevó a que los grupos de poder se aliaran para desalojar con violencia a los miembros del MPG.
El primero de junio el grupo de choque arremetió contra los plantonistas, quienes evitaron cualquier confrontación, optando por retirarse. El grupo agresor destruyó y quemó las casas de campaña de los miembros del MPG. Fueron 7 días de mucha tensión, al grado que el día 5 de junio el grupo de choque estuvo apoyado por la policía del estado para tundir a palos y varillazos a las organizaciones aglutinadas en el MPG y así impedir cualquier protesta. El día de la jornada electoral, el gobierno federal envió militares y policías que se acuartelaron en las instalaciones del 93 Batallón de Infantería.
Fue un operativo para reprimir cualquier protesta o intento de boicot contra la jornada electoral. Ante la quema de un vehículo del INE sobre la Av. Colegio Militar, las corporaciones policiales focalizaron su fuerza contra los maestros y maestras de la CETEG. Se dirigieron a sus oficinas que se ubican en la colonia Tepeyac y en su incursión ilegal detuvieron a 8 personas que caminaban por las instalaciones de la coordinadora magisterial. Los detuvieron arbitrariamente y se los llevaron a las instalaciones militares donde les tomaron fotografías colocando a su lado bombas molotov, para señalarlos como autores de la quema del vehículo.
Posteriormente fueron trasladados en un helicóptero de la marina al puerto de Acapulco. La violencia escaló cuando la policía federal volvió a incursionar en las instalaciones de la CETEG para llevarse varios vehículos. Los colonos impidieron que se cometieran una arbitrariedad más. Los retuvieron y los llevaron al interior de la capilla. Su exigencia principal planteada al gobernador interino, Rogelio Ortega, era que regresaran a Tlapa las ocho personas detenidas. Sólo de esa manera cederían para liberar a los 35 policías retenidos.
El gobierno federal optó por el uso de la fuerza y envió más policías federales apoyados por militares para subir a la colonia y rescatar a sus compañeros al costo que fuera. Arremetieron contra los colonos utilizando gases lacrimógenos para abrirse paso, llegando hasta la capilla de la colonia. Fue en esa incursión donde uno de los policías detenidos sacó su arma y disparó directamente contra el joven activista Antonio Vivar Díaz.
Desde ese día la familia de Antonio Vivar Díaz y las otras víctimas iniciaron un proceso legal ante la ahora Fiscalía General de la República, exigiendo que se investiguen los casos de las torturas y la ejecución extrajudicial de Antonio; sin embargo, esta ha sido mandada en varias ocasiones a reserva y se ha observado una constante criminalización de las víctimas, ya que se les sigue acusando sin pruebas de la quema del vehículo oficial del Instituto Nacional Electoral y las boletas que contenía, sin que exista un avance real sobre las investigaciones de las graves violaciones a derechos humanos.
El 27 de diciembre de 2018, 3 años y medio después de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 85/2018 por las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la jornada electoral de 2015 en la ciudad Tlapa de Comonfort, en la que señala a la policía estatal, federal y miembros del Ejército Mexicano adscritos al 93 Batallón de Infantería y de la Secretaría de Marina que incurrieron en diversas violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas y la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz.
La recomendación enfatiza que la ahora Fiscalía General del Estado no procesó evidencia relevante como los casquillos encontrados en la escena del crimen ni las remitió a la FGR. Por su parte, la FGR no investigó esa omisión y se negó a iniciar las investigaciones por tortura. Finalmente, la CNDH recomienda que en todas las investigaciones tanto administrativas como penales, que puedan surgir respecto al caso, se deberán investigar a altos mandos.
Seis meses después no existen avances claros en cuanto al cumplimiento de la recomendación ni se conoce si todas las autoridades a las que se dirigió esta resolución han aceptado ya las recomendaciones. Dicha situación no sólo sigue obstaculizando el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas y la familia Vivar, sino que además sigue poniéndolos en grave riesgo pues la exigencia que durante 4 años han realizado para que se resuelvan tales hechos sigue provocando que sean víctimas de varios incidentes.
Por lo anterior, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” exigimos a todas las autoridades señaladas en la recomendación 85/2018 de la CNDH que acepten en su totalidad lo señalado por el organismo nacional de derechos humanos y den cumplimiento de manera inmediata, priorizando en todo momento los derechos de las víctimas y garantizando la integridad de todos los integrantes de la familia Vivar. Exigimos también que la Fiscalía General de la República cumpla con su responsabilidad de investigar y dar con el responsable material de la ejecución del joven activista Antonio Vivar Díaz.