Tlapa de Comonfort, Guerrero. 4 de Octubre de 2017.- A un año del asesinato de los estudiantes normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, ocurrido en la carretera Chilpancingo-Tlapa cerca de Tixtla, los familiares no tienen verdad, justicia ni reparación.
Jonathan y Filimón cursaban el último año de la licenciatura en educación primaria. Ese año se graduarían. El 4 de abril regresaban de realizar sus prácticas docentes, alrededor de las seis de la tarde de manera coincidente se encontraron en la base de las urvan de Chilpancingo – Tixtla y abordaron la número 41. Al salir de la ciudad cinco personas se subieron a la unidad del transporte público y kilómetros más adelante empezaron a asaltar a los pasajeros. Según testigos del hecho los agresores dispararon contra los estudiantes y les dieron el tiro de gracia. Ese mismo día los agresores mataron e hirieron a otras personas en su ruta de escape.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado lograron identificar a seis personas. De acuerdo a las pesquisas, se trataba de un grupo delictivo que operaba en Chilpancingo y su modus operandi era el asalto con violencia. Estaban involucrados en por lo menos tres hechos violentos más, principalmente de asalto a tiendas Oxxo con saldo de varias personas asesinadas.
Cinco personas fueron detenidas y procesadas bajo el nuevo sistema de justicia penal. El 4 de septiembre de este año les dictaron una sentencia de 60 años de prisión.
No obstante lo anterior las investigaciones no lograron esclarecer el móvil del múltiple homicidio ni establecieron si este grupo delictivo formaba parte orgánica de la delincuencia organizada y si tenían un mando jerárquicamente superior.
Resulta difícil entender que este grupo delictivo tenía meses operando en Chilpancingo con toda impunidad y en plena ciudad y a la luz del día, sin que autoridad alguna actuara. Tuvieron que asesinar a dos Normalistas de Ayotzinapa para que el aparato estatal emprendiera acciones parciales.
El presente caso es emblemático de la violencia que prevalece en el Estado de Guerrero y la inacción de las autoridades para enfrentarla. Las deficiencias de las instituciones de justicia para ofrecer verdad y justicia se hizo patente en el presente asunto. Pese al nuevo sistema de justicia penal no se ha logrado establecer a cabalidad el móvil de la agresión ni la cadena de mando de los agresores.
Tragedias y episodios de violencia como el presente caso no sirven a la autoridad para marcar un punto de no retorno e implementar medidas de no repetición, por eso la violencia en el corredor de Chilpancingo – Chilapa – Tlapa aumenta exponencialmente, esas lugares se han convertido en zona de guerra en las que los grupos delincuenciales mantienen un autogobierno. Las instituciones están desdibujadas y solo son espectadores de los múltiples asesinatos y quemas de unidades del transporte público. Pero lo más preocupante es que abdican de su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos y sin y rubor alguno declaran que esos asuntos no son de su competencia, tal como lo hiciera el Fiscal del Estado de Guerrero, Javier Olea, en días recientes.
La impunidad en los casos como el de los normalistas de Ayotzinapa y la negativa de las autoridades para reconocer la gravedad de la violencia que azota nuestra entidad y emprender acciones para revertirla, tienen a Guerrero en vilo y a la intemperie
Frente a lo anterior exigimos:
- Esclarecer el móvil de la agresión a los dos normalistas de Ayotzinapa.
- Reparación del daño a familiares.
- Alto a la criminalización a los Normalistas de Ayotzinapa.
- Garantizar la seguridad de las personas transeúntes de las regiones Centro y Montaña de Guerrero.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”