*Celebran familiares de los normalistas la valentía de los magistrados y agradecen a la CIDH por abrir caminos para la verdad.
Ciudad de México, 07 de junio de 2017. Ante la sentencia inapelable de un tribunal colegiado federal, que ordenó reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora especial, las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos le exigieron al titular del Poder Ejecutivo federal una señal de que cumplirá lo ordenado por los magistrados.
“Los 43 padres sabemos perfectamente que es el mismo gobierno que no nos ha dado respuesta durante cuatro años, pero es una oportunidad para el señor presidente de tener un poquito de dignidad y apoyar la nueva comisión», sostuvo don Mario González, quien recordó que la sentencia es de obligatorio cumplimiento y acusó la actitud ambigua de la PGR al decir que no comparte el criterio del tribunal.
En conferencia de prensa, las familias resaltaron que la sentencia del tribunal nacional da la razón a lo que ellas han sostenido durante casi cuatro años y a los informes presentados por organismos internacionales. “Lo dijo el GIEI y lo corrieron, lo dijo la ONU y los maltrataron, ahora lo dice un tribunal mexicano con valentía: la teoría del basurero está sepultada», sentenció la señora María Elena Guerrero.
Los representantes legales de los normalistas precisaron que la comisión ordenada por el tribunal colegiado es un mecanismo extraordinario de investigación que no quita a la PGR la potestad de investigar, pero sí establece la participación de víctimas, CNDH y organismos internacionales como controles externos para dar condiciones de independencia e imparcialidad, considerando el cúmulo de las irregularidades en el caso. Además, recordaron, el incumplimiento de lo ordenado por el tribunal podría generar responsabilidades penales para las autoridades omisas.
“La Comisión es una buena oportunidad para que regresen los expertos del GIEI, es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido», demandó la señora Blanca Nava. Los representantes legales destacaron que la sentencia establece que la CNDH y las víctimas tienen la facultad de nombrar a quienes integrarán la comisión, y que expresamente se recomienda al GIEI.
Ante las dudas suscitadas en la opinión pública, el jurista Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, precisó que la comisión especial de investigación tiene pleno fundamento en el derecho internacional, “que también es parte de nuestro marco jurídico. Es falso que sea ilegal ordenar su creación».
A pregunta expresa, las familias indicaron que la posible liberación de personas que participaron en hechos por violación al debido proceso es producto de deficiencias de la PGR y puede afectar su derecho a la verdad, por lo que pidieron que esa instancia adopte medidas para que no se pierda la información que esas personas pueden tener.
Las familias resaltaron la coincidencia entre el informe de la CIDH –que acusó falta de profundidad y resultados, así como lentitud en la investigación oficial- y la “devastadora” sentencia del tribunal, que señaló que la investigación de PGR carece de imparcialidad, independencia y autonomía, no ha sido eficaz y tiene sesgo hacia una teoría del caso sin asidero.
«Conocer la verdad es nuestro derecho, como dijo ayer la CIDH. El Estado está obligado a garantizarlo. Agradecemos a la comisionada Esmeralda, al comisionado Vargas y a todos los comisionados y comisionadas por acompañar nuestro caminar», finalizó doña Cristina Bautista.