COMUNICADO | CIDH hace un llamado urgente al Estado mexicano por el homicidio y desaparición de estudiantes

CIDH hace un llamado urgente al Estado mexicano por el homicidio y desaparición de estudiantes

10 de octubre de 2014

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por los presuntos graves hechos de violencia ocurridos en México en los que varios estudiantes entre 15 y 25 años de edad resultaron muertos, heridos y desaparecidos. La CIDH hace un llamado urgente al Estado mexicano, para localizar a aquellos estudiantes cuyo paradero aún se desconoce; para proteger la vida e integridad personal de los sobrevivientes, sus familiares y representantes; investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial, y adoptar las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro.

De acuerdo con información ampliamente difundida y confirmada por fuentes oficiales, entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre del presente año, se habrían producido en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, una secuencia de hechos de violencia contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, que se habría iniciado cuando un grupo de aproximadamente 80 estudiantes salían de la central de autobuses desde la ciudad de Iguala a la ciudad de Chilpancingo. A partir de ese momento, agentes de la policía municipal, presuntamente en colusión con sicarios vinculados al crimen organizado, habrían atacado en el curso de las horas siguientes a los estudiantes de manera indiscriminada con armas de fuego de grueso calibre. Estos graves hechos de violencia, cuyas causas aún no se han esclarecido, habrían dejado a la fecha un saldo de seis personas muertas (3 estudiantes del referido centro educativo, uno de ellos con presuntos signos visibles de tortura, dos futbolistas y una mujer); al menos 14 estudiantes heridos, algunos de ellos de gravedad; y 43 estudiantes cuyo paradero aún no se ha establecido.

Debido a la urgencia y gravedad de esta situación, el 3 de octubre de 2014, la Comisión otorgó medidas cautelares solicitando al Estado mexicano que adopte todas las medidas requeridas para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados como desaparecidos o no localizados con el fin de proteger su vida e integridad, así como para proteger a los estudiantes heridos que ingresaron en un hospital, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo.

Según fuentes oficiales, dos sicarios detenidos por las autoridades habrían confesado que 17 estudiantes habrían sido detenidos por la policía municipal de Iguala y entregados a miembros del grupo del crimen organizado denominado “Guerreros Unidos”, quienes los habrían asesinado y dejado en fosas clandestinas. “El hecho de que intervengan servidores públicos y terminen jóvenes estudiantes muertos es un signo de extraordinaria gravedad” refirió el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza. Poco después, en cinco fosas clandestinas ubicadas en las afueras de la localidad de Iguala habrían sido encontrados 28 cuerpos quemados que están siendo identificados por las autoridades correspondientes.

La CIDH urge al Estado mexicano a que adopte de forma inmediata todas las medidas necesarias para encontrar a aquellas personas cuyo destino aún se desconoce. Asimismo, la Comisión llama al Estado mexicano a que emprenda una investigación pronta, objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Iguala. La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares. De igual forma, la Comisión considera fundamental adoptar las medidas necesarias para proteger a aquellos estudiantes que sobrevivieron a estos ataques, así como a los familiares de las víctimas de estos hechos, y de sus representantes. Asimismo, el Estado debe adoptar todas aquellas medidas legales, institucionales y administrativas que sean necesarias para asegurar la no repetición de hechos similares. La CIDH valora positivamente las declaraciones del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y espera que los esfuerzos desplegados por el Gobierno lleven a un pronto esclarecimiento de los hechos. Igualmente, la Comisión considera importante que las autoridades del estado de Guerrero coadyuven a estos fines.

La CIDH recuerda que en el 2011 después de una visita de trabajo a México hizo hincapié en que el Estado enfrenta importantes desafíos relacionados con el aumento del poder de las organizaciones del crimen organizado, observando que estos grupos “poseen armas de alto poder destructivo y tendrían influencia en algunos ámbitos a nivel local y federal”. Además, indicó que muchos actos delictivos perpetrados por estas organizaciones criminales “habrían contado con la participación de elementos corruptos pertenecientes a la policía y órganos del Estado, lo que les habría facilitado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos propiciándose la impunidad”. Esta situación supone un deterioro manifiesto del Estado de derecho.

A este respecto, la Comisión Interamericana reitera que los Estados tienen la obligación ineludible de adoptar, en congruencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, todas aquellas medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas bajo su jurisdicción. Este deber, propio de las obligaciones del Estado en materia de seguridad ciudadana, implica también la protección de las personas frente a la violencia y el crimen.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.