A 1 año del encarcelamiento de los miembros del CECOP
Tlapa de Comonfort, a 8 de enero del 2019.- A un año de las detenciones arbitrarias de Marco Antonio Suástegui Muñoz y 16 de sus compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), las autoridades del Estado se empecinan a mantenerlos privados de su libertad.
El 7 de enero de 2018 en la comunidad de la Concepción, municipio de Acapulco, fue escenario de un episodio sangriento donde murieron 6 personas del grupo del comisario municipal y tres elementos de la policía comunitaria, en el marco de la celebración de la fiesta patronal. Ante estos hechos de violencia, el gobierno del estado implementó un operativo de 200 policías estatales y ministeriales, quienes llegaron a la población fuertemente armados para someter a los miembros de la policía comunitaria. La acción de fuerza fue desproporcionada y letal, porque además de desarmar a los policías a tres de ellos les dieron el tiro de gracia. En ese operativo fue detenido y torturado el vocero Marco Antonio Suástegui quien llegó a prestar auxilio a la familia de los caídos. De manera arbitraria, fue esposado y trasladado al puerto de Acapulco. Los policías realizaron cateos ilegales y a varios de los detenidos los sacaron de sus domicilios, siendo 37 las personas que fueron privadas de su libertad y llevadas en camionetas a la Fiscalía del puerto de Acapulco. Fueron acusadas por narcomenudeo sin que se lograra probar de manera fehaciente su responsabilidad, en este proceso no se les garantizó una defensa adecuada y se trató de una argucia jurídica para ganar tiempo y mantenerlos detenidos, mientras se habría otra carpeta de investigación sobre el delito de homicidio.
Actualmente la Fiscalía ha basado sus señalamientos en testimonios fabricados y en pruebas periciales sin sustento científico señalando como principal responsable de los hechos sangrientos a Marco Antonio Suástegui. A pesar haber demostrado que varias de las personas detenidas no se encontraban en el lugar de los hechos y que varios de ellos fueron torturados, la autoridad judicial se ha negado a valorar en su justa dimensión las pruebas, y testimonios de los acusados, así como investigar los hechos de tortura y graves violaciones a derechos humanos cometidas.
Los hechos Forman parte de una disputa intracomunitaria que fue atizada por el gobierno Federal y Estatal al querer imponer la empresa hidroeléctrica la Parota, este megaproyecto que fue truncado por la oposición tenaz del CECOP ha dejado una estéla de agravios contra las familias pobres que siguen siendo excluidas del presupuesto público.
Como organizaciones sociales y civiles exigimos que las autoridades garanticen un debido proceso legal y que dejen de criminalizar al movimiento del CECOP. Es necesario que los juzgadores actúen con imparcialidad y objetividad a la hora emitir una resolución sobre los hechos y que se garantice una investigación exhaustiva sobre los actos de tortura señalados por más de 8 personas y las 3 ejecuciones extrajudiciales, retomando los protocolos e instrumentos internacionales en la materia.
Para que cese la persecución contra las igual forma, emplazamos al Estado y a la federación para que el discurso en contra de las personas defensoras cambie. Para que cese la persecución contra las personas defensoras del territorio y ponga en libertad a los 16 presos del CECOP.
Atentamente
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
