COMUNICADO | Demanda comunidad indígena al Ejecutivo Federal por entrega de concesiones mineras en su territorio

Demanda comunidad indígena al Ejecutivo Federal por entrega de concesiones mineras en su territorio

Entrega de concesiones para exploración y explotación minera en territorios indígenas contraviene tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Poder Judicial de la Federación deberá analizar inconstitucionalidad de la Ley Minera.   Ciudad de México a 14 de noviembre de 2013. La comunidad indígena Me’phaa de San Miguel El Progreso, ubicada en el municipio de Malinaltepec en la Montaña de Guerrero, demandó al Ejecutivo Federal por considerar inconstitucional la entrega de concesiones para exploración y explotación minera dentro de su territorio. A través de una demanda de amparo la comunidad indígena de San Miguel El Progreso sostiene que la entrega de las concesiones mineras en favor de la empresa de capital inglés Hochschild Mining, relativas a los lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, contraviene la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. La demanda de amparo interpuesta el 15 de julio de 2013, radicada en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, bajo el número de expediente 1131/2013, argumenta que las concesiones entregadas por la Secretaría de Economía contravienen el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena, el derecho constitucional a la protección integral de las tierras indígenas, el derecho a la consulta, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a la protección de las tierras comunales. La demanda presentada por San Miguel El Progreso no sólo alega la inconstitucionalidad de los actos de autoridad que derivaron en la entrega de las concesiones mineras, sino que también pide que se analice la inconstitucionalidad de los actos en los que se fundamentó la entrega de las concesiones mineras. En otras palabras, la demanda solicita que el Poder Judicial de la Federación  analice si la Ley Minera vigente es compatible con la Constitución y con los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México. Cabe señalar que para ello, la Comunidad insiste en que su carácter indígena y agrario es inescindible. En los últimos años, el territorio de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero ha despertado la ambición económica debido a los 42 yacimientos mineros que en ella se encuentran. El Gobierno Federal ha otorgado alrededor de 30 concesiones por 50 años para que se realicen actividades de exploración y explotación minera, sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas Naua, Me’phaa y Na Savi. Los títulos entregados en la Montaña corresponden a cerca de 200,000 hectáreas, equivalentes a un tercio de la extensión territorial de esta región. Las comunidades indígenas y campesinas que realizan actos de resistencia contra la minería y otros proyectos que alteran sus territorios en diferentes regiones de Guerrero, no están rechazando el llamado “desarrollo”; por el contrario, se están defendiendo de aquellos megaproyectos que ponen en riesgo sus tierras y su entorno natural, debido a que estos atentan directamente contra el espacio físico donde se construye la identidad y la supervivencia de los pueblos: el territorio. Frente a esta amenaza, la Comunidad de San Miguel El Progreso –Júba Wajíín  en lengua materna– decidió no dar su anuencia a la realización de actividades de exploración y explotación minera en una Asamblea General de Comuneros que se realizó con todas las formalidades que exige la Ley Agraria el 17 de abril de 2011, la cual quedóinscrita en el Registro Agrario Nacional el 13 de septiembre de 2012. Es importante resaltar que del Juicio de Amparo 1131/2013, el Juez Primero de Distrito ya ha concedido a la Comunidad San Miguel El Progreso la suspensión de plano de los actos impugnados, lo que implica que no puede llevarse a cabo ninguna actividad de exploración o explotación minera en el territorio de Júba Wajíín hasta que concluya el proceso. Así mismo es importante señalar que el expediente fue enviado al Juzgado Tercero Auxiliar de Distrito con sede en Acapulco para su resolución.