-Negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios en Guerrero
-La emisión de juicios de valor asegurando que las mujeres víctimas de feminicidio pertenecen al crimen organizado: “desafortunada e intolerable, contribuye a que los verdaderos perpetradores pululen por las calles y sigan cometiendo más atrocidades”
-La impunidad y nula prevención propicia la prevalencia y agudización de la violencia de género
Enero 31, 2018.
A pesar de contar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMLV), de protocolos de investigación y de que el feminicidio ha sido tipificado en todo el país, la violencia feminicida se agudiza e incrementa. Tan sólo en el primer mes de este 2018, los registros hemerográficos documentan 25 feminicidios en Guerrero.
De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en relación a los feminicidios en México, difundidos en la “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género”, Acapulco se ubica en el número 9 de los 100 municipios con mayor incidencia de presuntos feminicidios, tan sólo por debajo de municipios de Sinaloa, Sonora y Veracruz.
La negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios en Guerrero forma parte de la ruta de impunidad y se ve reflejada en la postura pública emitida por Xavier Olea Peláez, titular de la Fiscalía General del Estado, en la que asegura que los feminicidios en la entidad, muchas veces ocurren porque “lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio”. Dicha aseveración preocupa sobremanera a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), pues además de ser una postura misógina y revictimizante, evidencia la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en las investigaciones, y lejos de actuar de manera diligente, fomenta la falta de acceso a la justicia.
De igual manera, la postura pública no es la forma que los familiares de las víctimas esperan en relación a las investigaciones sobre los feminicidios de sus hijas, madres, etc. Contrario a ello, es un escarnio irresponsable, sin un compromiso frente a las víctimas y con juicios que denigran a las mujeres, lo que a todas luces es intolerable.
Así también, es alarmante que en los casos de muertes violentas de mujeres, a pesar de que -desde el primer momento- las víctimas indirectas que presenciaron los hechos, hacen el señalamiento directo del o los perpetradores del crimen, las carpetas de investigación son iniciadas como homicidios y no como feminicidios, y mucho menos se aplican los protocolos de investigación sobre feminicidio. Es necesario destacar que en casos de feminicidio que se encuentran en proceso judicial actualmente, muchas de las víctimas denunciaron previamente violencia doméstica, y las instituciones encargadas, no garantizaron la seguridad de las mujeres, dejándolas en total indefensión que derivó en daños irreparables.
Por otra parte, no se cuenta con el personal suficiente y adecuado para la atención de estos casos, por ejemplo en Tlapa, sólo se cuenta con una abogada que da atención a los 19 municipios de la Región de la Montaña, quien no cuenta con los recursos humanos ni de infraestructura necesarios para la realización efectiva de su trabajo, pese a que el municipio de Tlapa forma parte de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y de que el Gobierno está obligado a implementar medidas de seguridad por considerarse zona de riesgo.
En ese sentido, las acciones y omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la vida de las mujeres a una vida libre de violencia, y la falta de su atención pronta y efectiva, deriva en que muchas de las agresiones puedan concluir en feminicidios. Es así que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio nos manifestamos y exigimos a las autoridades:
-Implementar de manera inmediata y efectiva políticas públicas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres en el estado.
-Que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, dote de recursos humanos e infraestructura a la Unidad Especializada en Feminicidios y en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en Tlapa, Guerrero; para dar seguimiento a las carpetas de investigación por feminicidio y violencia familiar.
-Que el personal adscrito a las unidades de atención a mujeres cuente con perspectiva de género, interculturalidad y de derechos humanos.
-Que la Fiscalía General, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia familiar, cuente con personal suficiente e infraestructura para asegurar medidas de prevención a mujeres que denuncian violencia familiar cuando son amenazadas con privarlas de la vida.
Como organizaciones defensoras de los derechos humanos estaremos atentas de las acciones que el gobierno de Guerrero realice para erradicar la violencia contra las mujeres, que en lo que va del año, continúa siendo letal.
Atentamente,
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio