La Relatoría Especial condena el asesinato de una periodista ciudadana en México e insta a investigar la relación con sus publicaciones y sancionar a los responsables

14 de febrero de 2018

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato premeditado de la periodista Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, en Acapulco estado de Guerrero. Al tiempo de expresar su enérgica condena frente a este crimen premeditado, toma nota del inicio de una investigación que relaciona el asesinato con un grupo delictivo e insta a que la indagatoria continúe con la debida diligencia y se sancione a sus autores materiales e intelectuales.

De acuerdo con la información disponible, el 5 de febrero la bloguera fue víctima letal de un ataque con arma de fuego perpetrado por individuos que irrumpieron en un restaurante que era de su propiedad en la zona de Costa Azul, municipio de Acapulco.

La bloguera, conocida como “Nana Pelucas”, venía siendo amenazada desde 2016 por medio de mantas plantadas en distintos lugares de la región portuaria de Acapulco. Asimismo, a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que Montenegro del Real, previamente a su muerte, había sufrido amenazas por parte de un servidor público municipal supuestamente vinculado con un grupo delictivo liderado por Javi Daniel Cervantes Magno, alias “El Barbas”, desde donde se habría ordenado el asesinato de la bloguera. El mismo órgano identificó como línea principal de investigación aquella que se relaciona con las recientes publicaciones de la víctima en su blog en internet.

La Relatoría Especial ha observado un aumento de periodistas ejerciendo su labor periodística desde portales web, blogs o las redes sociales; a ello se suma el incremento de los periodistas ciudadanos quienes a través de las diferentes tecnologías comparten aquellos temas que resultan de interés público para las comunidades en las que viven. El caso de Pamela era justamente el de una periodista ciudadana que investigaba y publicaba en forma habitual informaciones de interés público para su comunidad, a través de su blog.

Esta oficina ha recordado la necesidad de que los Estados prevengan, protejan e investiguen las agresiones que se comentan en detrimento de quienes informan a través de Internet. En este sentido, la Relatoría Especial de la CIDH, junto al Relator Especial para la libertad de Opinión y Expresión de la ONU y la Unesco, han llamado insistentemente la atención sobre este fenómeno y la necesidad de adoptar una definición amplia y funcional de periodistas, a los efectos de establecer mecanismos de protección.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tras la realización de su reciente visita in loco a México, junto al Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, también subrayó que las “[l]as mujeres periodistas enfrentan contextos amenazantes particulares. Según informes de la sociedad civil, ha habido un aumento del 200% en ataques contra periodistas mujeres. (…) Asimismo existe una falta de perspectiva de género en la investigación, persecución del delito y en la protección de la situación de las periodistas mujeres”.

En este contexto, los expertos de Naciones Unidas y CIDH recomendaron “[i]ncorporar un punto focal o unidad sobre género o especialistas en violencia contra las mujeres periodistas y establecer un programa de capacitación dentro de la FEADLE que se enfoque en particular en los ataques contra las mujeres periodistas”.

Asimismo, recordamos que la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas; una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto de la región, así como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados. La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.