CHILPANCINGO—Una nueva evaluación independiente del sistema de justicia en el estado mexicano de Guerrero ha evidenciado la falla sistemática de las autoridades en el estado para investigar y perseguir los graves delitos de homicidios, torturas y desaparición forzada.
El informe Justicia fallida en el estado de Guerrero ha sido elaborado por investigadores de la Open Society Justice Initiative, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El resultado de una exhaustiva investigación en Guerrero que comenzó en 2013 es un informe que ofrece la más completa evaluación hasta la fecha de los problemas estructurales que enfrenta el sistema de justicia penal de Guerrero, basado en entrevistas en primera persona con fiscales, policías, políticos locales y defensores de los derechos humanos. Incluye datos actualizados sobre los delitos y las investigaciones en el estado, procedentes de decenas de solicitudes de acceso a la información, incluyendo:
- Asesinatos: De los 19.434 homicidios denunciados a los fiscales desde 2005 a 2014, los fiscales abrieron 10.921 investigaciones por homicidio intencional o no intencional, lo cual derivó en sólo 2.391 acusaciones y en únicamente 1.269 condenas. Entre 2011 y 2013, hubo 77 muertes bajo custodia en las cárceles de Guerrero, sin que esto derivara en ninguna investigación penal.
- Desapariciones forzadas: La Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 90 casos de desapariciones forzadas e involuntarias, entre 1990 y 2014. Los fiscales no han iniciado investigaciones penales en ninguno de esos casos, pero recibieron 44 casos adicionales. Ninguno de ellos ha dado lugar a acusaciones. No ha habido ninguna detención.
- Tortura: La Comisión de Derechos Humanos del Estado ha documentado 54 casos de tortura, entre 1994 y 2014. Los fiscales no han emitido ninguna acusación por ese delito, y tampoco ha habido condenas por tortura.
El informe también señala las prioridades en esta materia para el nuevo gobernador y su administración, quien asumirá el cargo el 27 de octubre.
James A. Goldston, director ejecutivo de la Justice Initiative, sostuvo: “Guerrero es uno de los numerosos estados mexicanos que han sido tomados por asalto por la corrupción y la violencia. Restaurar la confianza pública en la seguridad y en el estado de derecho en Guerrero requiere de un correcto funcionamiento del sistema de justicia penal. Así, el presente informe busca diagnosticar los problemas existentes y determinar lo que hay que cambiar”.
El informe atribuye la crisis de la impunidad en Guerrero a una falla política: la erosión de los controles y equilibrios, elementos que son parte esencial en un sistema de justicia que funciona. Asimismo, llega a la conclusión de que los fiscales estatales, jueces y policías se han alineado con los estrechos intereses de los líderes políticos del estado, en lugar de proteger a la población mediante la investigación y la persecución de los delitos. La interferencia política también ha inhabilitado la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para enfrentarse a la inacción oficial.
También detalla otras deficiencias graves, entre las cuales se incluyen: la falta de servicios forenses independientes; un sistema débil o inexistente de protección de testigos; dependencia de la tortura por parte de los fiscales para obtener confesiones; lagunas fundamentales en el marco legal para la persecución de la tortura y las desapariciones forzadas; falta de coordinación entre los fiscales del estado y sus análogos federales; falta de servicios de defensa legal confiables; y un sistema penitenciario disfuncional.
El nuevo gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, declaró durante su campaña para las elecciones en este mes de junio: “Hay que enfrentar la impunidad y acabar con los abusos desde el poder”.
El informe llama al gobernado a impulsar una serie de cambios urgentes, incluyendo las siguientes propuestas:
- Crear el cargo de fiscal adjunto independiente estatal, responsable de investigar los casos de abusos y atrocidades contra los derechos humanos, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas en este ámbito.
- Establecer equipos integrados y multidisciplinarios de fiscales, investigadores y trabajadores sociales para investigar las desapariciones, y llevar a cabo investigaciones penales relacionadas.
- Localizar, exhumar, e investigar fosas comunes y clandestinas, en colaboración con las autoridades federales, y buscar ayuda nacional e internacional para la exhumación oportuna y la investigación de dichas fosas.
- Asegurarse de que los servicios forenses y de testigos expertos sean independientes de las autoridades políticas y de la oficina del procurador del estado.
- Modificar la ley de tortura, para armonizarla con la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, asegurando así adecuadas penas según las normas internacionales; incluir formalmente los delitos de tortura y desaparición forzada en el Código Penal.
- Modificar la ley para crear un comité de supervisión de la Comisión de Derechos Humanos, compuesto por representantes de los ciudadanos, incluidos los representantes de la sociedad civil, e incluyendo un papel formal para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al respecto Goldston afirmó: “En el pasado han habido numerosos llamados al cambio en Guerrero. Pero el cambio más básico y necesario para comenzar es un cambio de actitud: las autoridades deben reconocer que tienen un problema y estar abiertas a todos los que puedan ayudar, tanto desde dentro como de fuera de México”.
La Open Society Justice Initiative es parte de las Open Society Foundations, fundadas por el filántropo y financista George Soros, con el fin de apoyar el desarrollo de democracias fuertes y tolerantes, cuyos gobiernos sean responsables ante su propio pueblo.
La organización ha estado trabajando con sus asociadas en México desde 2004, inicialmente en Nuevo León y luego en Morelos, donde ayudamos a establecer primera agencia de servicios previos al juicio en México. La agencia se compromete a realizar evaluaciones de riesgo de los arrestados y proporciona servicios de supervisión de la libertad bajo fianza. Este modelo ha sido adoptado en al menos otros dos estados mexicanos. Además, nosotros y nuestras asociadas hemos tenido éxito en lograr que el nuevo código federal de procedimientos penales para que las agencias de servicios previos al juicio sean obligatorias a nivel federal, y para que lo sean a nivel estatal en los próximos años.
Más recientemente, nuestros expertos legales que trabajan en el campo del Derecho a la Información y el Derecho a la Verdad han brindado apoyo a través de sus asociados, Artículo 19 y la Fundación para la Justicia (FJEDD), que tiene por objetivo elaborar documentos públicos relacionados con la investigación de los asesinatos en masa en San Fernando.
Open Society Foundations es el mayor financiador privado del mundo de las causas de derechos humanos, y nuestro trabajo en México incluye el apoyo a muchos de los principales grupos que abogan por los derechos humanos, la rendición de cuentas por parte del gobierno y la libertad de expresión.