Omiso el Estado ante derechos de jornaleras y jornaleros agrícolas

 

 

Ciudad de México a 5 de mayo de 2017.

 

La pobreza extrema, discriminación y la exclusión social son realidades que forman parte de la tragedia que padecen cotidianamente las jornaleras y jornaleros agrícolas en los enclaves más recónditos del país.

La falta de trabajo y la violación sistemática a los derechos básicos como la alimentación, salud y la educación obliga a miles de familias a abandonar sus hogares y buscar en los campos agrícolas una oportunidad que les permita sobrevivir.

La Red de Jornaleras/os Agrícolas Internos ha documentado la existencia de al menos 2 millones de jornaleros en todo el país. La mayoría son originarios de pueblos indígenas, principalmente de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero -también los estados más pobres de México-.

En el caso de Guerrero, el Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña documentó tan solo del 1 de septiembre al 14 de octubre de 2016, la salida de 677 jornaleros y jornaleras agrícolas, entre ellos, menores de edad, mujeres embarazadas y personas enfermas.

La migración forzada de las familias indígenas ha causado severos daños a los niños y niñas al negarles la oportunidad de estudiar en sus comunidades y truncarles una infancia sana y alegre. Estos niños y niñas tienen que enfrentarse a un mundo adverso donde sus padres trabajan en empresas chinas como seres sin derechos.

Según los registros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los estados a los que migra la población jornalera de Guerrero son estados como: Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero (Tierra Caliente), -por lo menos 90 % de estas zonas enfrentan delincuencia organizada-.

Los abusos y violaciones a sus derechos, inician desde el momento de su partida. En el caso de Guerrero, las autoridades han incumplido sus compromisos. Un ejemplo de ello es la Casa del Migrante, ubicada en Tlapa de Comonfort, dicho espacio se encuentra en condiciones deplorables y los recursos para los insumos básicos como la limpieza, acondicionamiento y alimentación no están garantizados (a pesar de que existe presupuesto específico para la atención a jornaleros agrícolas). Ante ello, son los mismos jornaleras y jornaleros los que luchan para contar con insumos básicos mientras esperan las salidas de los autobuses.

En su traslado enfrentan los tratos discriminatorios de los mismos choferes, las extorsiones de los policías y los tratos cruentos de los militares cuando instalan sus retenes. Cargan con el estigma de ser migrantes ilegales, los someten a interrogatorios que rayan en la agresión por no dominar bien la lengua castellana. Cuando regresan a sus hogares y traen algún televisor los policías arbitrariamente se los decomisan. No hay forma de impedir estas acciones ilegales de las corporaciones policiales especializadas en maltratar a los indígenas.

En los campos agrícolas las y los jornaleros son explotados por los empresarios y sus capataces. Nunca firman un contrato de trabajo y mucho menos se garantiza un salario digno. No cuentan con contratos formales sino que les pagan a destajo, es decir, según la cantidad de fruta o verdura que cosechen. Las jornadas laborales son de 9 a 15 horas. Enfrentan condiciones infrahumanas en las galeras donde viven hacinados.

Ante esta realidad, jornaleras y jornaleros agrícolas se han organizado y conformado espacios como el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas con el objetivo de incidir para que las autoridades garanticen sus derechos laborales como lo marca la ley y se atienda de manera integral la problemática que origina la migración de miles de personas año con año.

La respuesta que se necesita no es un paliativo sino una transformación estructural que garantice a los niños/as permanecer en sus hogares y recibir educación sin la necesidad de trabajar, que las mujeres jornaleras no sean acosadas ni abusadas sexualmente, que la juventud no sea cooptada por la delincuencia en los campos agrícolas y que hombres y mujeres tengan un salario justo y las condiciones necesarias en un trabajo digno.

Recientemente en el Foro “Jornaleros y jornaleras agrícolas, presente y futuro”, además de visualizar un escenario más adverso ante la envestida de la economía de mercado, los jornaleros/as agrícolas, académicas/os, estudiantes, defensoras/es de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil organizada enfatizaron que hay una responsabilidad para transformar esta realidad. Las autoridades están obligadas a centrar su atención en la población que nadie ve ni escucha y que es víctima permanente tanto de las empresas agrícolas extranjeras como de las mismas instituciones gubernamentales que se coluden con la delincuencia para desangrar la vida de quienes con su sudor y su hambre generan jugosas ganancias al capital transnacional y a la economía criminal.