Padecen mujeres y niñas de la Montaña de Guerrero violencia y discriminación institucionalizada

• Impunidad e incapacidad del Estado mexicano para impartir justicia obstaculiza el ejercicio del derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
• Urgente prevenir, investigar y sancionar debidamente los feminicidios.
• Operadores de justicia obligados a realizar una correcta valoración en los casos en que la mujer es acusada por sus agresores en contextos de violencia de género.

La Montaña de Guerrero a 25 de noviembre de 2016.- Al conmemorar un año más del día internacional para erradicar la violencia contra la mujer, mujeres y niñas de la región de la Montaña de Guerrero siguen padeciendo la falta de garantías para acceder a una vida libre de violencia. La falta de atención especializada en casos de violencia contra la mujer y la impunidad en los casos denunciados han sido aliciente para que la violencia contra ellas escale a un nivel feminicida.

De noviembre 2015 a noviembre 2016 Tlachinollan ha atendido a 317 mujeres víctimas de violencia, de la cuales el 80% son mujeres indígenas Na’Savis, Nahuas y Me’Phaas; 85 mujeres refirieron ser víctimas de violencia física, 60 de violencia psicológica, 60 de violencia económica, 57 de violencia patrimonial, 31 de violencia institucional, 12 de ellas de violencia comunitaria y se documentaron 3 casos de feminicidio. Durante 2015, el estado de Guerrero ocupó el segundo lugar de homicidios dolosos a nivel nacional con 220 mujeres asesinadas. Tan solo en la región de la Montaña de noviembre de 2015 a la fecha se han registrado al menos 6 feminicidios de mujeres jóvenes de entre 18 y 32 años, originarias de los municipios de Copanatoyac, Acatepec y Tlapa de Comonfort; a pesar de ello el gobierno estatal se niega a declarar la alerta de género.

Es preocupante constatar que a estos casos de feminicidios han antecedido algún tipo de violencia que en su momento la mujer denunció ante las autoridades sin que su denuncia fuera investigada o no se emitieran las medidas de protección necesarias para inhibir este tipo de violencia extrema. En contraste, se han registrado casos en que las mujeres han sido condenadas en procesos iniciados por denuncias de sus agresores o familiares de éstos, como una forma de inhibir la búsqueda de justicia, sin que los jueces realicen un análisis del contexto de violencia que anteceden o envuelven este tipo de casos, mientras que las denuncias contra sus agresores quedan en la impunidad.

Por otra parte, la legislación a nivel estatal es muestra de la inoperatividad del sistema para garantizar a la mujer su acceso a la justicia, hasta 2013 el delito de violencia familiar se perseguía de oficio, actualmente se requiere la denuncia de la mujer para que las autoridades puedan iniciar una investigación en caso de violencia contra mujeres o niñas. Las mujeres que se atreven a denunciar y que cuentan con el apoyo necesario para hacerlo, se enfrentan a la falta de personal especializado en atención a casos de violencia de género, servidores públicos que les dan atención bajo estereotipos machistas y a la discriminación que permea las instituciones; todo ello hace que en la práctica las mujeres vean anulados sus derechos.

Así, la violencia que padecen mujeres y niñas se manifiesta de diversa manera, los contextos en que las mujeres viven y la condición de cada mujer son determinantes para entender cómo la violencia afecta de manera especial a las mujeres indígenas, quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer efectivamente su derecho a una vida libre de violencia. Tal como establece la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belem Do Para, la violencia que afecta de diversas maneras a las mujeres obstaculiza el ejercicio de otros derechos fundamentales de naturaleza civil y política, así como los derechos económicos, sociales y culturales.

En este sentido, preocupa que a la fecha se sigan registrando muertes maternas y de niñas en la región de la Montaña como consecuencia de la falta de médicos, infraestructura, atención especializada, medicamentos y material básico. La falta de escuelas dignas, profesores bilingües; la amenaza al territorio de los pueblos del que son parte, por proyectos extractivistas, vulneran sus derechos a la educación, a la alimentación, a la integridad cultural y a la propiedad territorial de mujeres y niñas. Esta situación evidencia la discriminación y exclusión en la que viven las mujeres indígenas de la región.

Aunado a esto, los medios de comunicación principalmente de nota amarillistas han generado una cultura de desprecio hacia la mujer, colocándolas como objeto del cual se puede disponer, exhibiéndolas como las culpables de la violencia que padecen. A pesar de que esto forma parte de la violencia contra la mujer, las autoridades siguen solo como espectadores permitiendo que esta cultura machista crezca, invisibilizando los altos índices de violencia de género en el estado.

Es por lo anterior que urgimos al Estado mexicano a implementar acciones tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre las cuales destacamos:

• Protección integral de las mujeres y niñas víctimas de violencia.
• Investigar con perspectiva de género y etnicidad los casos de violencia de género.
• Investigar diligentemente los casos de feminicidios.
• Garantizar efectivamente los derechos judiciales de mujeres y niñas.
• Implementar acciones tendientes a erradicar los estereotipos machistas y la discriminación que permea en las instituciones
• Verdad y justicia para las madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. No más violencia institucional!