COMUNICADO | Presenta gobierno de Guerrero nuevas acusaciones infundadas contra Marco Antonio Suástegui, líder de los opositores al Proyecto Hidroeléctrico La Parota

Presenta gobierno de Guerrero nuevas acusaciones infundadas contra Marco Antonio Suástegui, líder de los opositores al Proyecto Hidroeléctrico La Parota

Profundiza la PGJE la injusta criminalización del activista comunitario

Evidencian procesos contra líder del CECOP el uso desviado del sistema de justicia estatal y la utilización los penales de máxima seguridad para obstaculizar el derecho a la defensa adecuada

Tlapa, Guerrero, 3 de julio de 2014.- El día de ayer, a las 14:00 horas, el Juez Primero en materia Penal de Tepic, Nayarit, dictó auto de formal prisión por el delito de robo calificado en contra del líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz dentro de la causa penal número 110/2014-I. El connotado luchador social no podrá obtener su libertad bajo caución, toda vez que dicho ilícito es considerado como grave en el Estado de Guerrero. Esta decisión judicial se suma al auto de formal prisión emitido por el mismo órgano jurisdiccional el pasado viernes 27 de junio de 2014, cuando el Juez reclasificó el delito de tentativa de homicidio, por el de lesiones agravadas dentro de la causa penal número 64/2014. Suástegui, cabe recordar, fue detenido con violencia el 17 de junio de este año y trasladado inmediatamente fuera del estado de Guerrero.

Esta nueva resolución forma parte de un complejo entramado jurídico urdido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la cual en menos de 20 días ha armado al menos cinco averiguaciones previas y las ha consignado en menos de una semana. Lo anterior, lejos de demostrar la capacidad del gobierno del estado de impartir justicia  “pronta, imparcial y eficaz”, demuestra su estrategia de criminalización de los luchadores sociales, pues el ilegal traslado de Marco Antonio Suástegui a un Penal Federal y la deliberada obstrucción de su defensa es lo que ha permitido al Gobierno del Estado ganar tiempo para manipular las acusaciones en contra del líder comunitario y así evitar que logre su libertad.

Marco Antonio Suástegui fue ilegalmente trasladado a distintos penales por criterios políticos arbitrarios, en abierta violación de sus derechos humanos. Primero, al Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Unión, ubicado en la Costa Grande del Estado de Guerrero; y finalmente al Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en Tepic Nayarit, violentando desde un inicio su derecho a poder comunicarse fluidamente con su defensa.

Dichos traslados ilegales se llevaron a cabo en abierto desacato a dos suspensiones concedidas por Juzgados de Distrito en dos juicios de amparo, de números 543/2014 y 649/2014. En el primero, el Juez Segundo de Distrito en Acapulco concedió una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra dentro de la causa penal 064-2/2014 para efecto de que en caso de ser aprehendido quedara a disposición del mencionado órgano jurisdiccional. El segundo amparo fue interpuesto previendo un traslado a un penal federal, tal y como se ha visto en otros casos de criminalización de activistas sociales guerrerenses, por lo cual la Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, concedió la suspensión de plano respecto de la eventual orden de traslado, que a la postre se materializó.

Además de los dos procesos abiertos en los que ya se ha dictado orden de aprensión, el día 1º de julio de 2014, le fueron notificadas dos causas penales más, una por lesiones simples y la otra por despojo. Respecto de estas acusaciones, ya le ha sido tomada su declaración preparatoria y se encuentra a la espera de la decisión judicial dentro del plazo constitucional. Además, existe una averiguación previa en contra de Marco Antonio Suástegui por ataques a las vías de comunicación, motín y sabotaje, respecto de la cual no le ha sido notificada ninguna resolución aún.

Todas estas acusaciones están plagadas de violaciones al debido proceso y tienen un trasfondo claramente político, por lo que se tratan de procesos que ocultan las intenciones del Estado de criminalizar la lucha social; con el claro objetivo de debilitar el movimiento que desde hace once años han emprendido comuneros y campesinos en la defensa de su territorio organizados en el CECOP. En este sentido, la detención y actual procesamiento del líder histórico del CECOP pone en evidencia el uso desviado del sistema de justicia estatal y la utilización los penales de máxima seguridad para desacreditar la trayectoria de un luchador social, sumando el caso de Suástegui a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero. Con ello, el gobierno estatal busca legalizar el despojo sistemático por parte de actores estatales y no estatales del Río Papagayo; pues no puede olvidarse que el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, ha sido incluido en el Plan de Reconstrucción del Estado y en el Programa Nacional de Infraestructura por el Ejecutivo Federal, ahora con la denominación “Nuevo Guerrero”.

El carácter político de la persecución penal contra Marco Antonio Suástegui y la arbitrariedad de su encarcelamiento en un penal federal, ha sido señalado por diversas organizaciones y activistas de México y de toda América Latina, que en días pasados generosamente dirigieron miles de cartas a las autoridades guerrerenses[1] demandando que se respeten los derechos humanos del líder del CECOP; entre muchas otras las organizaciones que se han unido con acciones urgentes son la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (RedTDT)[2]; el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos[3], programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Frontline Defenders[4], y Amnistía Internacional[5], esta última presentó en días pasados ante la Representación del estado de Guerrero en la Ciudad de México, los cientos de firmas reunidas por activistas a nivel mundial. En otras palabras, la comunidad nacional e internacional de defensores y defensoras de derechos humanos sigue con atención los procesos iniciados contra Suástegui.

Frente a la desinformación que genera el Gobierno del Estado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan enfatiza que el trasfondo de los delitos imputados a Marco Antonio Suástegui es la intención de reactivar el proceso con el cual se busca imponer el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, mediante la inhibición que generan las imputaciones penales falsas a los opositores, y sobre todo, los traslados arbitrarios a penales federales. Por eso, Tlachinollan continuará con la defensa legal de Marco Antonio Suástegui y seguirá apelando a la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional para seguir denunciando la inviabilidad legal, ambiental y social del Proyecto Hidroeléctrico La Parota.