- Inaceptable la normalización de la presencia militar así como el desplazamiento forzado en distintos municipios del estado de Guerrero.
- Personas y organizaciones defensoras de derechos humanos realizan un trabajo fundamental con las personas en el territorio que es reconocido y acompañado por diversas instancias nacionales e internacionales.
- Víctimas y familiares de desaparición requieren políticas públicas eficientes que respondan a las necesidades expresadas por ellas y las colectividades en que se agrupan.
El día de ayer una Misión de Observación conformada por Amnistía Internacional México, Serapaz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), CodigoDH y Tequio Jurídico de Oaxaca con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la CNDH sostuvo diversos encuentros tanto en Chilapa como en Chilpancingo con familiares de víctimas de desaparición forzada y con miembros de organizaciones de defensa de derechos humanos del estado de Guerrero.
De la misma forma se realizó un recorrido por diversas comunidades de la zona que han sufrido desplazamiento forzado. Como resultado de dichas actividades han decidido sumarse a la Alerta Defensa DH emitida por la Red TDT para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero y realizan un enfático llamado al gobierno del estado a garantizar derechos de víctimas, comunidades y personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el Estado.
En cuanto a la situación de las personas familiares de víctimas de desaparición forzada, la Misión de Observación atestiguó el dolor y la impotencia derivados de la impunidad e indolencia de las autoridades responsables de garantizar el acceso a la justicia para víctimas y familiares. De la misma manera los testimonios apuntaban claramente a una deficiente estructuración de las políticas públicas enfocadas a atender esta problemática. La Misión plantea la necesidad de que la atención a estas personas se dé con base en los principios rectores para la atención del desplazamiento interno de la ONU.
En este sentido la Misión hace un llamado a los distintos niveles de gobierno a establecer políticas públicas que efectivamente ofrezcan apoyo a este sector de la sociedad, comenzando por construir de manera conjunta dichas políticas. De la misma manera pensamos que la exigencia de los colectivos de víctimas de aprobar una ley de desaparición acorde con sus exigencias en el plano federal es un primer paso al que debe de seguir el compromiso de los gobiernos estatales.
La Misión desea expresar su solidaridad irrestricta con las comunidades que en los últimos dos años han sufrido desplazamiento forzado. A pesar de que las comunidades visitadas tienen importantes índices de retorno, el temor expresado por los pobladores, las milpas que aún están abandonadas, así como la irregularidad en el funcionamiento de los servicios públicos como la educación y la salud, son muestras de la deuda que el Estado tiene con estas comunidades. En contraste, nos parece alarmante la normalización de la presencia militar en distintos municipios del estado de Guerrero son una muestra del incorrecto enfoque de la presencia estatal que restringe derechos en lugar de garantizarlos.
Finalmente deseamos expresar nuestra preocupación por la estigmatización en contra de personas defensoras de derechos humanos, tanto por parte de actores estatales como no estatales. Pretender que las personas defensoras asuman responsabilidades del Estado en cuanto a señalar a presuntos responsables, o que nieguen asesoría a las personas a partir de negarles la presunción de inocencia, es una muestra del desconocimiento de nuestro marco legal y de la importancia del debido proceso en una democracia.
El papel de las personas defensora reside en la defensa, promoción y reivindicación de los derechos humanos independientemente de la situación jurídica de las personas y comunidades. Cabe señalar que ello no es un obstáculo para que las organizaciones tengan un trabajo fundamental con las personas en el territorio que es reconocido y acompañado por diversas instancias nacionales e internacionales. Muestra de ello es esta Misión de observación.
Por ello reiteramos nuestro interés en sostener una reunión con las más altas autoridades estatales para conocer de primera mano su enfoque en torno a estas problemáticas y tratar de colaborar con ellas en la construcción de mecanismos de solución que consideren los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Somos plenamente conscientes de que el actual momento de emergencia nacional plantea urgencias ineludibles, pero al mismo tiempo reiteramos la necesidad de no dejar de lado asuntos tan impostergables como los observados durante esta Misión.
En esta lógica haremos del conocimiento de los medios de comunicación la nueva fecha de reunión con el gobernador y distintos miembros de su gabinete para dar seguimiento a estos relevantes temas de la agenda Guerrerense.
