Acapulco, Guerrero. 21 de marzo de 2018.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado Guerrero impidió la entrada al Centro de Regional de Reinserción Social de Acapulco (Cerereso) a integrantes de Brigadas de Paz Internacionales (PBI por sus siglas en inglés). La organización internacional buscaba en esta visita recabar testimonios de los 25 detenidos en los hechos del 7 de enero del 2018 en La Concepción, así como verificar las condiciones de reclusión en la que se encuentran.
Aunque la petición para la visita se entregó el 16 de marzo no hubo respuesta por parte de ninguna autoridad. En el momento de la visita el “encargado” del Cerereso, Víctor Hugo Sánchez Santos, respondió por escrito que la petición estaba en trámite y que las autoridades superiores no habían resuelto nada. De manera verbal justificó su negativa diciendo que necesitaba recibir una orden superior para dar el acceso y que además al ser un día de visita familiar se vulneraría la seguridad.
La respuesta es ambigua e injustificada la autoridad penitenciaria no establece de manera concreta y razonable los motivos por los cuales la visita de la organización internacional a los presos por los hechos de la Concepción pone en riesgo la seguridad.
El ingreso de la Organización internacional no entorpece la visita de los familiares del resto de las personas privadas de la libertad, mucho menos pone en riesgo la seguridad, pues se trata de una visita en la que tomarían el testimonio de las 25 personas para que expliquen cómo fueron detenidos y el estado que guarda su proceso, así como las condiciones de detención en ese lugar. Estos son derechos fundamentales de toda persona privada de libertad, ¿en qué medida ponen en riesgo la seguridad? Evidentemente el Gobierno del Estado continúa violando los derechos humanos de los 25 detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP). Al no permitir la visita prácticamente los mantiene aislados y conculca sus derechos como personas privadas de la libertad.
El aparato de justicia ni los Centros de detención se pueden utilizar para criminalizar y castigar a los defensores comunitarios, en un sistema democrático no pueden funcionar como mecanismos para acallar las protestas e inconformidades de voces disidentes y opositores políticos.
Pero el gobierno del Estado desde la detención, procesamiento y reclusión ha utilizado el aparato estatal de Justicia para detener arbitrariamente, incomunicar a los detenidos en instalaciones de la fiscalía, recabar pruebas ilícitas para inculparlos, mantener a los detenidos vulnerando sus derechos elementales, como la visita de sus familiares, abogados, falta de atención médica y ahora negando la visita de organizaciones internacionales.
Algunos familiares de los 25 detenidos presentes durante esta visita señalaron que prevalecen en condiciones deplorables pues no se respetan sus derechos humanos. Viven en celdas que no cuentan con las condiciones necesarias para su reclusión. No se les permite acceder a actividades recreativas o laborales. No se atiende su situación de salud, no tienen acceso puntual a medicamentos ni se les permiten seguir correctamente sus tratamientos médicos. Se les limita su acceso al agua, pues no cuentan con el líquido necesario para beber o para uso personal. A sus familiares les obstaculizan la entrada al Centro alegando cuestiones administrativas, por lo que en muchas ocasiones pasan más de 2 horas para poder ingresar al área donde se encuentran sus familiares.
Queremos resaltar que incluso después de la negativa de ingreso de la Organización internacional, Policías Estatales con el rostro cubierto de manera violenta expresaron a los visitantes se alejaran del Centro Penitenciario si querían dar declaraciones a la prensa, que en ese lugar estaba prohibido.
Cabe destacar que según testimonios habrían sido policías estatales quienes en el operativo del 7 de enero ejecutaron extrajudicialmente a tres integrantes del CECOP.
Al Centro de Derechos Humanos nos preocupa que las autoridades penitenciarias y el gobierno del Estado no permitan que exista observancia internacional que verifique el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y que esta situación signifique una obstaculización más al acceso a la justicia en el caso, así como la criminalización de los defensores del territorio y el río Papagayo.
Exhortamos a las autoridades del Estado para que en apego a los tratados internacionales y leyes nacionales vigentes en la materia se brinden condiciones de reclusión dignas para las personas privadas de su libertad.