CARTA URGENTE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS EN GUERRERO

El Estado de Guerrero con su estrategia fallida para abatir la delincuencia está vulnerando el derecho a la libre expresión y poniendo en riesgo la seguridad e integridad de los periodistas. Lo que hoy enfrentaron los compañeros Sergio Ocampo, Jorge Alberto Martínez, Alejandro Ortiz y el periodista extranjero Hans, en la región de la Tierra Caliente, donde fueron agredidos por parte de un grupo armado después de haber documentado los últimos acontecimientos que se viven en San Miguel Totoloapan; es un hecho grave y en el cual las autoridades competentes deben poner especial atención.

Como organismos en defensa de los derechos humanos en el Estado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad exigimos a las autoridades de Guerrero que garanticen la salvaguarda de la integridad física de los compañeros, la atención médica adecuada que necesiten y que se realice de manera inmediata una investigación sobre los hechos en donde se permita conocer móvil del ataque, mismo que al estar vinculado con su actividad periodística también pasaría a ser competencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión.

Según lo señalado en el informe preliminar del Relator Especial de Naciones Unidad sobre la Situación de Personas Defensoras y Periodistas, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ubicándose a Guerrero como uno de los Estados con mayor agresiones contra periodistas, quienes por su labor se vuelven más vulnerables ante el clima de violencia que presenta la entidad.

Lo anterior se agrava ya que como lo señalara Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre México, en “los crímenes contra periodistas, la ausencia de protocolos de investigación específicos para perseguir los casos que involucran posibles retaliaciones por el ejercicio periodístico y la alegada la falta de independencia de la justicia permiten que la impunidad sea cada vez mayor, hasta el punto de constituirse una falla estructural de la administración de justicia.”

Es por ello que exigimos a las autoridades que cumplan con las recomendaciones hechas por diversos mecanismos internacionales, removiendo todos aquellos obstáculos para que se realice una investigación adecuada de las agresiones que sufrieron hoy dichos periodistas a fin de garantizar su vida, integridad y el ejercicio de su labor y que de ser así, atraiga el caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión, para de esta forma hacer efectivo el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos de su competencia y garantizar que las violaciones más graves a la libertad de expresión, siempre sean investigadas por esa fiscalía.

Atentamente:

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”;

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad