“Una vez más el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, ni para investigar y castigar los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA. “Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”.

Por ejemplo, recientemente un juez resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esta sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos.

LEER EL RESUMEN EJECUTIVO DEL MEMORÁNDUM

A continuación WOLA describe los requisitos que México debe cumplir para recibir la asistencia de Estados Unidos y las razones que demuestran que no se cumplieron.

REQUISITO 1) El Gobierno de México debe investigar y perseguir en forma exhaustiva y convincente y en tribunales civiles las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la masacre de Tlatlaya ocurrida en junio de 2014, de conformidad con la legislación mexicana.

• La investigación penal sobre el homicidio de 22 civiles por soldados mexicanos en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014 no ha progresado. Las autoridades mexicanas no han obtenido órdenes de aprehensión contra los soldados implicados por homicidio, encubrimiento, y manipulación de evidencia ni han investigado la “orden de matar” bajo la cual operaba el ejército mexicano cuando ocurrió la masacre.
• No ha habido condenas en varios casos emblemáticos de violaciones y abusos sexuales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados mexicanos, la Policía Federal lo que ha obligado a las víctimas a llevar dos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente están pendientes de resolverse.
• A pesar de las reformas de 2014 que dan competencia a la PGR para investigar los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, las investigaciones militares obstruyen las investigaciones civiles, además de que las investigaciones de la PGR son lentas, burocráticas y no son transparentes.
• De forma consistente, la PGR no investiga la cadena de mando, lo que quiere decir que en sus investigaciones la PGR no toma en cuenta que los delitos cometidos por soldados a menudo ocurren cuando esos soldados están cumpliendo órdenes militares.
• El Congreso de México está debatiendo una Ley de Seguridad Interior que normalizaría el papel de los militares en operaciones de seguridad pública en el país. Estos debates no han tomando en cuenta suficientemente las implicaciones que esto tendría en los derechos humanos en el país.

REQUISITO 2) Cumplir de manera vigorosa las prohibiciones contra la tortura y la prohibición del uso de testimonios obtenidos a través de la tortura.

• Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México y la PGR han recibido decenas de miles de denuncias de tortura, entre 2012 y 2016 los agentes del ministerio público presentaron cargos en sólo 22 casos. Sólo hay pruebas de 15 condenas por tortura en México desde 1999.
• La Ley General contra la Tortura de México, que entró en vigor en junio de 2017, corrige algunos defectos en la legislación anterior sobre la tortura. La aplicación plena y correcta de esta ley será crucial si México quiere poner fin a la práctica generalizada de la tortura en el país.

REQUISITO 3)  Búsqueda efectiva de las víctimas de desapariciones forzadas, e investigación y persecución convincente de las personas responsables de tales crímenes.

• Según cifras oficiales, hay más de 32.000 desaparecidos en México. Los recientes descubrimientos por un colectivo de familiares de desaparecidos de varias fosas comunes ponen de manifiesto la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para buscar y exhumar cuerpos, identificarlos y regresarlos a sus familias.
• La discusión de la Ley General Contra la Desaparición Forzada ha sido larga y complicada, y los miembros de la sociedad civil y familiares de los desaparecidos siguen luchando para asegurar que sus aportes sean considerados e incorporados en la versión final de la ley.

REQUISITO 4)  El Comité espera la cooperación completa del Gobierno de México con el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014.

• El GIEI ha refutado científicamente la teoría del gobierno federal sobre lo que sucedió en la noche de la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, funcionarios mexicanos aún insisten en que esta teoría debe ser considerada.
• Aunque ha habido algunos avances en la investigación este año no se ha hecho ninguna nueva acusación en el caso.
• Aunque la PGR abrió una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de funcionarios mexicanos, como había recomendado el GIEI, la investigación no tuvo el resultado esperado y el Visitador General que inicialmente estaba a cargo de la investigación reveló que había sido presionado para cambiar su decisión sobre el caso (en la que consideraba que habían existido faltas graves).
• Los miembros del GIEI han reportado haber sido objeto de intentos de espionaje digital mientras que trabajaban en México. Esta información viene después de una serie de casos documentados del uso de espionaje contra activistas y periodistas en México, incluyendo a tres miembros de Centro Prodh, los representantes legales de las familias de Ayotzinapa.

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés)