El pasado 14 de octubre de 2024, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Santa Cruz del Rincón realizó un desfile-marcha para conmemorar el 29 aniversario de la fundación del sistema de justicia comunitario en la Costa Montaña de Guerrero. Exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que los voltee a ver y los apoye en lo que requiera la policía comunitaria porque están luchando por la paz y contra la inseguridad.
En un acto de mucha solemnidad pidieron un minuto de silencio en memoria del párroco finado Mario Campos Hernández y otros, quienes iniciaron el proyecto de la CRAC-PC de pueblos fundadores. Después se pronunciaron por los derechos de los pueblos indígenas, donde citaron que “el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece que los pueblos indígenas y tribales deben tener los derechos: gozar de los derechos humanos y libertades sin discriminación; tener valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales protegidos; tener sus programas de educación que incluyan su historia, conocimientos, técnicas, y sistema de valores; ser consultados en las decisiones que afecten su desarrollo económico o social”.
En este tenor, surge la ley 701 publicada el 8 de abril del 2011 en el estado de Guerrero, “denominada Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. En su art. 42 octies establece que la policía indígena y afromexicana debe orientar, prestar servicio de prevención del delito, vigilancia, auxilio y protección a sus habitantes. Además, reconoce que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho de determinar libremente su existencia como tales, vivir de acuerdo a su cultura, en libertad, paz, seguridad y justicia, así mismo tienen derecho al respeto y preservación de sus usos y costumbres, tradiciones, lengua, religión e indumentaria, siendo libres de todo”. Sin embargo, esta ley tuvo una reforma que dejó fuera del marco legal a la policía comunitaria, es decir, le quitaron personalidad jurídica.
En el pronunciamiento las autoridades llamaron “a los ciudadanos (as) grupos sociales, luchadores sociales, intelectuales, magisterio, comerciantes, fortalezcan este proyecto comunitario dando su aportación moral, servicio social, económico, físico. También solicitaron al presidente municipal de Santa Cruz del Rincón, Said Olguín Mendoza y su cabildo, apoye a esta casa de justicia por sus necesidades para el cuidado de sus ciudadanos (as). Especialmente el apoyo con armamento, vestimenta, un dron para la vigilancia aérea del territorio comunitario, 10 cámaras vigilantes para ubicar en lugares estratégicos, una patrulla para el transporte de grupos de policías, cartuchos de diferentes calibres, apoyo económico para gastos internos de la coordinadora”.
Se insistió a los medios de comunicación para que sus peticiones lleguen a la gobernadora del estado y a la presidenta de la república. A 29 años de existencia de la policía comunitaria dijeron que es necesario que los gobiernos volteen a verlos y que no criminalicen su sistema de justicia comunitaria. La lucha por los derechos continúa.
El pronunciamiento termina con ¡Viva la policía comunitaria! ¡Viva el párroco Mario Campos Hernández! ¡viva los pueblos indígenas! ¡Viva los hombres y mujeres que lucharon para el origen de la policía comunitaria!