Esta es la primera de doce biografías de defensoras y defensores del sistema de seguridad y justicia indígena del estado de Guerrero; doce entregas enmarcadas en la campaña «12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad», que frente al clima de violencia que prevalece en Guerrero y ante la escalada del uso desviado del sistema de justicia penal contra integrantes de las diversas expresiones de policía comunitaria, busca levantar la voz por aquellas y aquellos que han sido víctimas de un sistema de justicia que por un lado mantiene en la impunidad las agresiones, amenazas y asesinatos de activistas y personas defensoras de derechos humanos y por el otro pretender controlar coercitivamente a las autoridades indígenas que promueven la justicia comunitaria.
Día 1. Bernardino García Francisco. Coordinador de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) en Ayutla de Los Libres.
Bernardino García Francisco, indígena Na Savi, originario de la comunidad de El Paraíso, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, ha dedicado gran parte de su vida a la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Bernardino, es uno de los sobrevivientes de la Masacre del Charco, cuyos terribles hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de junio de 1998, donde descansaban varias autoridades indígenas que habrían participado en una asamblea; cuando elementos del Ejército mexicano irrumpieron en la escuela «Claritino Maldonado», ejecutando a 10 indígenas na’savi y a un estudiante universitario. Durante los hechos, Bernardino fue herido, detenido y encarcelado por poco más de un año.
Bernardino, de 53 años, fue comisario municipal de El Paraíso y en el trienio de 2004 al 2006 ocupó el cargo de Presidente de los Bienes Comunales de Coapinola, municipio de Ayutla de los Libres. Fue fundador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y compañero de lucha de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, dos dirigentes de la OFPM, quienes fueron desaparecidos, torturados y posteriormente ejecutados en febrero del 2009. Estos crímenes no han sido debidamente investigados y los responsables continúan sin ser castigados.
Ante el clima de violencia y seguridad que se vive en la región de la Costa Chica de Guerrero, Bernardino fue víctima de varios asaltos durante los últimos años, por ejemplo en el 2007, estuvo a punto de perder la vista cuando fue atacado en su ojo derecho. Estos y los hechos de violencia cada vez más generalizada que constataba en la región fueron determinantes para que, como consejero de su comunidad, impulsara la creación de la policía comunitaria en la región de Ayutla, adscrita a la CRAC.
La CRAC – PC – con más de dieciocho años funcionando – es un modelo de justicia que ha reducido los niveles de la delincuencia casi en su totalidad en el territorio comunitario de la Montaña y la Costa Chica. Su persistencia y su fuerza se basan en la legitimidad comunitaria. Aunado a ello, en el año 2011 el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que reconoce expresamente a la CRAC y la faculta para desempeñar tareas de prevención del delito, procuración e impartición de justicia y readaptación.
Sin embargo, el miércoles 21 de agosto de 2013, un operativo conjunto de gran magnitud que involucró a fuerzas estatales y federales –incluidas las Fuerzas Armadas–, irrumpió en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, con el objetivo de detener a los integrantes de la Policía Comunitaria, así como de poner fin al proceso de reeducación que ahí enfrentaban varias personas por acusaciones investigadas y juzgadas en la justicia comunitaria. Durante el operativo, Bernardino fue detenido junto a otros 12 policías comunitarios.
Simultáneamente, en la región Montaña, se realizó otro operativo de las mismas características ordenado expresamente para ejecutar una orden de aprehensión en contra de Nestora Salgado, Coordinadora de la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá.
Al día de hoy, el defensor de los derechos de los pueblos indígenas, se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Acapulco, acusado del delito de secuestro, dentro de la causa penal 191/2013 que se instruye en el Juzgado 4º de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero.
La respuesta del Estado ante la organización de los pueblos por garantizar su seguridad ha sido la de colocar a las autoridades indígenas que defienden a su pueblo fuera de la legalidad e imputarles delitos como si se trataran de delincuentes de alta peligrosidad. Las autoridades del Estado, no sólo se empeñan en criminalizar y estigmatizar la justicia indígena, sino de destruir un sistema de justicia y seguridad comunitaria que ha demostrado a lo largo de dieciocho años ser un modelo exitoso al interior de uno de los estados más violentos del país.
«12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad»