Día 11. Gonzalo Molina González

Esta es la undécima de doce biografías de defensoras y defensores del sistema de seguridad y justicia indígena del estado de Guerrero; doce entregas enmarcadas en la campaña «12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad».

Día 11. Gonzalo Molina González. Promotor en Tixtla de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso.

Gonzalo Molina González, nació en Matialapa municipio de Tixtla, Guerrero en 1962, en el seno de una familia alfarera dedicados a la elaboración de ollas, cazuelas y comales. El tercero de diez hermanos, Gonzalo creció en la cabecera municipal de Tixtla, cerca de la capital del Estado, donde no le fue posible aspirar a una carrera profesional por falta de recursos económicos; sin embargo, su fuerza y tenacidad le permitieron concluir de manera satisfactoria la educación media superior.

Desde su juventud Gonzalo se ha caracterizado por ser luchador y trabajador. Se dedicó a la limpieza, a la jardinería y a recolectar basura, el trabajo digno que le ha permitido subsistir junto a su familia, sus padres, esposa y tres hijos.

La vida de familias artesanas y campesinas como la de Gonzalo, en las zonas semi-urbanas de la región Centro del estado de Guerrero, mantiene un profundo sentido comunitario que les permite organizarse para el trabajo conjunto.

Por su labor Gonzalo ha convivido con distintas comunidades de la región, viendo de cerca la pobreza y las carencias que predominan en las poblaciones rurales del municipio de Tixtla. Ante esta avasallante realidad, no pudo ser indiferente y desde muy joven comenzó a promover la organización comunitaria para realizar proyectos sociales de autoempleo como una medida para generar pequeños ingresos en aras de alcanzar una vida digna para todos y todas.

Sin embargo, en los años recientes la realidad le exigió incursionar en otras luchas. El aumento de los asaltos violentos, los secuestros, las extorsiones, y los homicidios dolosos generó la percepción en las comunidades de que la región Centro del estado se convertía poco a poco en una zona de mayor inseguridad. El trabajo digno de muchas familias de pronto se convirtió en un atractivo para la delincuencia organizada que actúa ante la omisión complaciente de gobernantes corruptos.

La corrupción y la complicidad de los gobernantes con la delincuencia organizada, así como el nulo acceso a la justicia, orillaron a Gonzalo a ser uno de los más visibles promotores de la organización comunitaria por la justicia y la seguridad de los pueblos de Tixtla. Las personas que compartían las mismas injusticias se adherían al hartazgo generado por tanta corruptela. La única solución que encontraron estas comunidades fue organizarse para resguardar su seguridad, tal y como lo hacían sus abuelas y abuelos nauas, acercándose al modelo exitoso de las comunidades Me’phaa, Na Savi y Nauas de la Montaña y Costa Chica de la CRAC-PC.

Sin embargo, Gonzalo y los líderes comunitarios de Tixtla no se limitaron solamente a organizarse ante la inseguridad. Ante el desdén de las autoridades estatales frente a los estragos ocasionados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en el estado, las y los policías comunitarios de Tixtla se organizaron para dar respuesta a la emergencia que dejó el desastre natural. Mientras Tixtla permanecía cubierta de agua por más de dos meses, fueron personas como Gonzalo las que tomaron picos y palas para generar la solución que el gobierno no pudo dar, lo que reconocieron incluso los medios masivos de comunicación que más estigmatizaron su movimiento. Cuando el Ejército quiso burlarse de los habitantes de Tixtla simulando un rescate para una producción televisiva, eran compañeros como Gonzalo quienes verdaderamente salvaban a Tixtla de una inundación nunca antes vista.

Pero Gonzalo fue detenido el 6 de noviembre de 2013 en un retén en la carretera federal Chilpancingo – Chilapa, a la altura de las instalaciones del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, en Tixtla. Es acusado de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones, dentro de la causa penal 157/2013-2 radicada en el Juzgado Cuarto en materia penal del Distrito Judicial de los Bravo con sede en Chilpancingo, Guerrero.

Gonzalo fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 13 en el Municipio de Miahuatlán, estado de Oaxaca. Las condiciones del encierro son severas pero en los siete minutos semanales de teléfono que le son permitidos, ha enviado mensajes al pueblo de Guerrero que dan cuenta de su entereza.

La imagen del «terrorista» se ha difundido por todo el mundo en los últimos años, especialmente a partir de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. En todo el mundo hay una idea nítida sobre quién es y qué hace un terrorista: alguien que sistemáticamente realiza actos para generar pavor en la sociedad persiguiendo un objetivo avieso.

Por eso cualquier guerrerense con sentido común se resiste a creer que un terrorista es quien organiza a un pueblo arrasado por la lluvia para empezar las tareas de reconstrucción ante la indiferencia gubernamental. Sin embargo, la justicia guerrerense hace tiempo dejó atrás la mesura y la proporcionalidad. Es inconcebible que en el estado donde la impunidad es la ley se le pretenda asignar a quienes se han visto orillados a organizarse ante las omisiones del Estado, las penas privativas de la libertad más gravosas que, precisamente, están reservadas para delitos que provocan un generalizado repudio social como el secuestro y el terrorismo.

Gonzalo es ante todo un líder comunitario que siente su pueblo, su barrio, en la piel. Y puede ser, sin duda, muchas cosas más. Pero Gonzalo no es un terrorista; vale la pena repetirlo para devolver a las palabras su significado real: Gonzalo no es terrorista. No entenderlo así y estigmatizarlo con ese calificativo para remitirlo arbitrariamente a un penal federal de otro estado, es una acción desproporcionada que sólo genera crispación social y encono. Si al gobierno de Ángel Aguirre Rivero aún le preocupa el legado que va a dejar en materia de derechos humanos; si a alguien en Casa Guerrero le interesa no ahondar en la peligrosa senda que se abrió el 12 de diciembre de 2011 -que mañana conmemoraremos-, el 2013 debería terminar con la corrección de una acusación y un traslado que, a todas luces, carecen de toda proporcionalidad. Aún hay tiempo.