Esta es la décimo tercera biografía de de defensoras y defensores del sistema de seguridad y justicia indígena del estado de Guerrero; esta biografía no debería de ser publicada si no fuera por una política clara de cerrazón al diálogo y de criminalización y represión a los movimientos sociales en el estado de Guerrero.
Arturo Campos Herrera. Consejero de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Arturo Campos Herrera tiene 43 años de edad. Es indígena Na savi. Con su pareja, Agustina, tiene seis hijas e hijos, dos de ellas tan pequeñas que ni siquiera han empezado sus primeros estudios.
Arturo nunca pudo alcanzar su sueño de ser abogado por la falta de recursos económicos. Su padre Cirilo falleció cuando tenía tan sólo tres años de edad, por lo que su madre tuvo que asumir la responsabilidad de educar a siete hijos e hijas, de los cuales cinco eran hombres y dos mujeres. Pero Arturo decidió desde pequeño que se abriría oportunidades para estudiar. Así que sus 12 años de edad, como muchos otros niños y niñas en la región de Ayutla, se trasladó a la cabecera municipal para poder ingresar a sus estudios secundarios.
Como la gran mayoría de los niños y niñas indígenas que migran a Ayutla desde las comunidades montañeras, Arturo tuvo que trabajar para poder continuar sus estudios, haciendo «mandados» para distintas familias mestizas o realizando trabajos de limpieza en casas particulares. Supo entonces de la desigualdad y de la discriminación que, de una forma naturalizada y recurrente, se prodiga en contra de los niños y las niñas indígenas a quienes se les «permite» quedarse en una casa para que estudien, encubriendo un esquema próximo a la explotación infantil.
Pero Arturo siguió adelante. Y aunque culminó sus estudios secundarios, no tuvo más opción que regresar a su comunidad, San Felipe, para trabajar en el campo.
Arturo, como pocos indígenas de su generación, aprendió a hablar castellano fluidamente. Al hacerlo, entendió que él podía ser una herramienta para apoyar a otros y otras integrantes de su comunidad que enfrentaban una insuperable barrera de discriminación por ser monolingües.
Así, Arturo inició muy pronto sus acciones en defensa y promoción de los derechos del pueblo Na Savi, y en general de los pueblos indígenas. Arturo y otros compañeros y compañeras de la región de Ayutla iniciaron un proceso organizativo en el 2000 que ha tenido repercusiones importantes hasta el día de hoy: fundaron la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, de la cual fue Secretario del 2000 al 2003. En ese marco, Arturo fue fundamental para comenzar la denuncia contra los abusos castrenses en la región.
Arturo ha sido uno de los más comprometidos denunciantes de la masacre del Charco. Para él, este era el más extremo ejemplo de los alcances que tenían la militarización y la impunidad de las violaciones a derechos humanos que el Ejército cometía en las comunidades indígenas de Ayutla. Muchas de las mujeres que perdieron a sus familiares en los hechos del de la comunidad del Charco y que perpetúan la lucha por justicia, reciben a Arturo todos los años como se recibe a quien conoce el dolor y las heridas que una lucha tan larga deja, pero que no deja de acompañar con la misma determinación de siempre.
Con el tiempo, Arturo decidió regresar a la cabecera municipal de Ayutla y servir como un puente entre las comunidades. Además buscó ser parte de los movimientos de las colonias de la periferia de la cabecera municipal, ahí donde no llegan los servicios públicos. Por eso fue delegado de la comunidad Nuevo Horizonte en 2008, cuando con el esfuerzo de muchos y muchas logró obtener la clave de centro de trabajo para la escuela comunitaria. Para continuar este proceso, en el 2009 Arturo fue elegido como Presidente de Padres de Familia de la Escuela Nueva Creación.
Debido a su larga experiencia en la lucha social, Arturo fue uno de los promotores más entusiastas frente a la creación de la CRAC-PC en la zona de Ayutla en el 2012. En su empeño de participar en los esfuerzos comunitarios por conseguir seguridad, no se arredró con las amenazas de los narcotraficantes que dominaban Ayutla ni tampoco cuando empezaron las detenciones de quienes buscaban desencadenar nuevos procesos de seguridad comunitaria, como Nestora Salgado García.
La solidaridad de Arturo con las y los detenidos fue ejemplar y nunca regateó apoyo para quienes están presos. Su fogueo en la lucha social lo hacía plenamente consciente de que las diferencias tácticas deben terminar cuando se requiere una estrategia conjunta para demandar la liberación quienes son privados de su libertad por razones políticas; Arturo sabe bien que ni el compañero ni la compañera presa necesitan las diferencias de los que están afuera sino, ante todo, su solidaridad para enfrentar el encierro y construir caminos de libertad, superando las estériles diferencias previas.
Precisamente, fue por esa solidaridad que el 1 de diciembre de 2013 Arturo acudió a la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo para participar en el evento cultural que marcó el inicio de la campaña «12 días por la defensa de nuestra vida y libertad». Valiente como siempre, Arturo tomó el micrófono y arengó a las y los asistentes a no olvidar a las y los detenidos. «Nos faltan a todos», dijo.
Ese día, muchos y muchas observaron que las fuerzas policiales merodeaban el acto. Pero nadie imaginaba que la embestida estatal llegaría al extremo de detener a otro activista de la justicia comunitaria el mismo día que iniciaba una campaña por la liberación de las y los detenidos. Así ocurrió con Arturo: lo detuvieron cuando regresaba del acto, tras haber externado la solidaridad por la que es reconocido en el estado.
Hoy se encuentra acusado del delito de secuestro y otros, dentro de la causa penal 191/2013, que instruye el Juzgado 4º del Distrito Judicial de Tabares con sede en Acapulco, Guerrero.
Pero aunque la acusación es similar a la que enfrentan otros compañeros y compañeras, lo que ocurrió en su caso no se había presentado: fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «Altiplano», ubicado en el Estado de México. Se trata del tristemente célebre penal de Almoloya, esa prisión de Máxima Seguridad que se volvió famosa por albergar en su frío interior a legendarios narcotraficantes o famosos magnicidas.
La decisión del gobierno de Ángel Aguirre Rivero de enviar a Arturo al penal de Almoloya no tiene parangón: es una medida que no se había aplicado ni siquiera contra aquellas personas a quienes la justicia guerrerense les había imputado los más graves delitos. Pensemos en dos ejemplos evidentes: los policías ministeriales acusados de la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, normalistas de Ayotzinapa, no fueron enviados a un penal federal; tampoco fue enviado a un penal federal el comandante implicado en la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, pese a que se le acusa de una de las graves violaciones a derechos humanos. Para los activistas de la policía comunitaria hay prisiones federales de máxima seguridad; para quienes atentan contra estudiantes o personas defensoras de derechos humanos, las cárceles ordinarias del estado o peor, cartas blancas de impunidad.
Hoy Arturo está encerrado en una prisión construida para los más peligrosos delincuentes. La desmesura y la desproporción a la que ha llegado el gobierno es palpable: Arturo no es un secuestrador ni tampoco un criminal que merezca estar en una prisión de Máxima Seguridad. Las decisiones que el gobierno estatal ha adoptado en el caso del activista Na Savi generan múltiples preguntas; pero una de ellas es la esencial: ¿Por qué en Guerrero la justicia no es la misma para todos y todas?
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Durante 13 días se han publicado en este espacio, gracias a la infinita generosidad de El Sur, breves biografías de los activistas de la justicia comunitaria que hoy se encuentran presos y presas. Esperamos que estos pequeños retratos contribuyan a develar los excesos que la justicia guerrerense está cometiendo. Sin duda, la justicia comunitaria desata tensiones al interactuar con la legalidad estatal; pero atajar estas tensiones con castigos inusitados y traslados arbitrarios no es la solución. Como hemos mostrado en esta ventana, este fin de año 13 guerrerenses valientes duermen en cárceles para criminales, acusados de delitos que no tienen relación proporcional con sus acciones. Para empezar a poner fin a esta injusticia, es preciso -por lo menos- acercar a Guerrero a los trasladados y sentar las bases para que las acusaciones no sean tan absurdamente desproporcionales. A dos años de la represión de Ayotzinapa, ¿Sabrá entender el gobierno estatal que el camino que ha elegido es el del encono y la confrontación? Si fuera así, quizá las y los detenidos de la justicia comunitaria podrán enfrentar juicios justos y no las farsas que han iniciado. Si no es así, las cárceles tendrán que ampliarse para dar cabida a miles de policías comunitarios. El desenlace está por verse.