Día 2. Ángel García García.

Esta es la segunda de doce biografías de defensoras y defensores del sistema de seguridad y justicia indígena del estado de Guerrero; doce entregas enmarcadas en la campaña «12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad», que frente al clima de violencia que prevalece en Guerrero y ante la escalada del uso desviado del sistema de justicia penal contra integrantes de las diversas expresiones de policía comunitaria, busca levantar la voz por aquellas y aquellos que han sido víctimas de un sistema de justicia que por un lado mantiene en la impunidad las agresiones, amenazas y asesinatos de activistas y personas defensoras de derechos humanos y por el otro pretender controlar coercitivamente a las autoridades indígenas que promueven la justicia comunitaria.

Día 2. Ángel García García. Primer Comandante de la Casa de Justicia de Ayutla de los Libres, de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Los sistemas normativos de los pueblos originarios del estado de Guerrero están basados en su cosmovisión que integra su forma de organización social, política y cultural propia; como sujetos de derechos, los pueblos y las comunidades deben ser respetados en una sociedad multicultural, pluralista y democrática.

Desde antes de la conformación del Estado Nacional, los pueblos indígenas ya contaban con un sistema de justicia propio, que hoy pervive en las comunidades como sistemas normativos internos, sin que esto implique desde luego sostener que se trata de sistemas inmutables e idealizados.

Los sistemas normativos internos comprenden instituciones, procedimientos principios y lineamientos, para garantizar la seguridad y justicia comunitaria. La defensa de estos sistemas hoy es reconocida como un derecho de los pueblos y comunidades, en instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En este marco se insertan experiencias como la CRAC-PC que en medio de la crisis de violencia que azota al país destaca como una alternativa de justicia y seguridad, regida por los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas. Al hablar de justicia indígena, la CRAC es y seguirá siendo el referente nacional y estatal en la materia, sin embargo, la respuesta del Estado ha sido la de criminalizar a quienes se han organizado por salvaguardar la integridad y seguridad de sus comunidades y defender los derechos colectivos de sus pueblos.

Tal es el caso de Ángel García García, indígena Na Savi de 24 de años es originario de la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Ángel, el sexto de diez hermanos y hermanas, está casado y tiene un pequeño niño de tres años, concluyó sus estudios básicos hasta la preparatoria. Entusiasmado por poder continuar sus estudios y alcanzar su objetivo de ser maestro, Ángel buscó diversas oportunidades para solventar sus estudios; en el 2006, cruzó la frontera y trabajó en el país vecino en un viñedo y del 2009 al 2010 fue capacitador de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en la comunidad de Tlacotepec, municipio de Eleodoro Castillo. Así en el 2011 decidió regresar a Ayutla e inscribirse en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); sin embargo, no pudo concluir sus estudios por falta de recursos económicos, aún y cuando se encontraba trabajando paralelamente en una panadería en la cabecera municipal.

Ante las dificultades de poder solventar sus gastos regresó a su comunidad de origen a finales del 2011. Lamentablemente, su situación económica en la comunidad no es mejor; Ángel no cuenta con tierras propias, por lo que tiene que compartir las parcelas que su padre trabaja para toda la familia.

Desde el momento de su regreso, Ángel se integró a las tareas de la comunidad. A los pocos meses fue nombrado Secretario de la Comisaría Municipal y debido a su vocación de servicio en 2012, fue nombrado Comandante de la Policía Comunitaria.

Ángel fue detenido durante los operativos del 21 de agosto pasado en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, durante el cual fueron detenidos 12 integrantes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso. Se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Acapulco, acusados del delito de secuestro, dentro de la causa penal 191/2013 que se instruye en el Juzgado 4º de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero.

Ángel, como muchos otros indígenas de la región, han dedicado parte de su vida en promover y defender el derecho de los pueblos indígenas a conservar y mantener sus propios sistemas normativos. En contraste, el Estado gobierna bajo la óptica del Código Penal y pretende controlar coercitivamente la justicia comunitaria generando mayores conflictos y polarización; así lo demuestra la detención del activista y Consejero de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, el día de ayer al terminar el evento público en el que se presentó esta campaña: «12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad».