Día 4. Eleuterio García Carmen

Esta es la cuarta de doce biografías de defensoras y defensores del sistema de seguridad y justicia indígena del estado de Guerrero; doce entregas enmarcadas en la campaña «12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad».

Día 4. Eleuterio García Carmen. Consejero de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC),de la Casa de Justicia de El Paraíso.

Eleuterio, joven Na Savi, tiene dos niños y una niña que se encuentran estudiando; él, sin embargo, hoy duerme en una prisión lejos de ellos.

En la Montaña Alta y parte de la Costa Chica, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) tiene su origen en el seno de los pueblos indígenas de la región. A pesar de la violencia endémica y la estela de muerte que se extiende por el estado, los pueblos y comunidades siguen de pie, resistiendo y buscando cómo defenderse de las organizaciones delincuenciales; cómo obligar a que las autoridades cumplan con sus responsabilidades. Los pueblos indígenas y campesinos han apelado a su organización comunitaria para hacer efectiva la defensa de sus territorios. Saben que la mejor manera de garantizar sus derechos colectivos es ejercer el control sobre su patrimonio, implementando un régimen de vigilancia y defensa de su territorio. Su máxima es sólo el pueblo defiende al pueblo.

El sistema de justicia y seguridad indígena que han instaurado los pueblos de la Costa Montaña está anclado en todo un sistema de territorios, de autogobiernos, de cosmovisiones propias, que demanda a las autoridades del estado respeto y reconocimiento a sus instituciones, a sus derechos y a su propia jurisdicción. Es un sistema que tiene una historia larga, una memoria prolongada, constituida con mucho sufrimiento y también con muchísima resistencia. Es un sistema que cuestiona frontalmente la concepción del sistema de justicia estatal e interpela su modo de actuar, su intolerancia, su inaccesibilidad, su trato discriminatorio, su ineficacia y sus prácticas corruptas. La CRAC, que es la instancia formalmente reconocida por la Asamblea Regional como el órgano representativo de la Policía Comunitaria, es la cara pública de las autoridades indígenas de la Costa Montaña que tienen como mandato popular administrar justicia al interior del sistema comunitario.

El prestigio y el respeto lo adquieren en la medida que cumplen con lo que la Asamblea les ordena y en cuanto son fieles y firmes defensores y defensoras de las leyes comunitarias. Su mayor desafío es garantiza seguridad a las comunidades, cuidar el patrimonio colectivo, resolver de manera pacífica los conflictos, administrar sabiamente la justicia, reeducar a las personas que delinquen y prevenir acciones delictivas que pongan en riesgo la paz entre los pueblos.

Así lo entendieron y adoptaron las comunidades de la región de Ayutla que en noviembre de 2012 fueron presentadas formalmente como integrantes de la CRAC-PC y cuando se fundó la Casa de Justicia de El Paraíso. Fue en ese contexto donde Eleuterio fue propuesto para ser policía comunitario.

Eleuterio es un joven Na Savi de treinta años. Fue asignado como Consejero de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres en la asamblea del 18 de noviembre de 2012.

Eleuterio es originario de la comunidad de El Paraíso, donde estudió hasta el quinto año de primaria, cuando ante la falta de oportunidades tuvo que dejar sus estudios para dedicarse de tiempo completo al trabajo en el campo, junto a su padre Juan Teodoro y su madre Arnulfa. Eleuterio, como muchos otros indígenas de la región ha tenido que salir a trabajar otras tierras; como otros jóvenes Na Savi de esa zona, él migró hacia los campos de hortalizas de Altamirano, del 2009 al 2012.

Eleuterio fue detenido durante los operativos del 21 de agosto pasado en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, durante el cual fueron detenidos 12 integrantes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso. Se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Acapulco, acusados del delito de secuestro, dentro de la causa penal 191/2013 que se instruye en el Juzgado 4º de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero. Este dato no debe soslayarse: al joven Na Savi que decidió servir a su comunidad cuando la inseguridad se cernía sobre ella y que jamás se benefició económicamente de esa alta responsabilidad, le imputan la misma conducta que cometen los más peligrosos delincuentes, que encuentran en el plagio una ruin vía de subsistencia, muchas veces al amparo de policías corruptas.

Las detenciones mediante grandes operativos como en el que fueron detenidos Eleuterio y sus compañeros, contrastan con la negligencia de las autoridades encargadas de brindar seguridad a las comunidades. El crecimiento de este sistema es una realidad que obliga a las autoridades a respetarlo y a verlo como parte de las instituciones ciudadanas que están contribuyendo a la democratización del sistema policial. Como un llamado a que se depuren y transformen los cuerpos de seguridad para contener esta crisis y abatir de manera conjunta la avalancha delincuencial. Pero de un tiempo a esta parte, la Procuraduría del Estado sólo reacciona al desesperado llamado de estas policías con la reducida óptica del Código Penal; código que, por cierto, nunca se aplica con igual rigor para todos en Guerrero.

Eleuterio no es un secuestrador. Buscó organizarse con su comunidad para responder a la seguridad, como lo hacen muchos ciudadanos honestos de otros municipios, incluso de la capital. La desmesura de la acusación que enfrenta es evidente. Aún aceptando que la justicia comunitaria genera debates, hoy debemos preguntarnos si en verdad son las cárceles de máxima seguridad y las acusaciones por delitos gravísimos como el secuestro el destino justo para padres jóvenes como Eleuterio. Afirmar que se ha beneficiado de su cargo como policía sería irrisorio sino fuera trágico: dada la persistencia de la pobreza en la Montaña, al dejar su cargo Eleuterio iba a migrar de nuevo a Altamirano, a seguir trabajando el campo para enfrentar el hambre. Es tiempo de preguntar si es razonable que un líder comunitario como Arturo Campos, compañero de Eleuterio, hoy se encuentre en una cárcel de máxima seguridad con los más peligrosos capos del país. ¿Es eso justicia?

Si este valiente policía comunitario cometió alguna falta, no es sin duda la misma que cometen las organizaciones criminales que se dedican al secuestro para satisfacer sus deleznables ambiciones económicas; estamos ante fenómenos diferenciables entre sí a partir de las dimensiones de gravedad, premeditación y sistematicidad. No verlo así, como hoy lo hace la justicia guerrerense, es usar la ley y la prisión en contra de quienes, a veces de manera desesperada pero siempre de forma honrada, deciden no tolerar la inseguridad que campea en el estado.

Eleuterio no debería seguir apartado de sus hijos. Aún hay tiempo para enmendar esa injusticia.