Día 6. Abad Francisco Ambrosio.

Esta es la sexta de doce biografías de defensoras y defensores del sistema de seguridad y justicia indígena del estado de Guerrero; doce entregas enmarcadas en la campaña «12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad».

Día 6. Abad Francisco Ambrosio. Consejero Comunitario de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa de Justicia de El Paraíso.

Abad Francisco Ambrosio es un hombre joven. Tuvo que dejar la primaria para dedicarse a las tareas del campo. Siembra de maíz, frijol, jamaica y jitomate. Es el mayor de siete hermanos y hermanas, originarios todos y todas de la comunidad Na Savi de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Abad Francisco tiene una pequeña hija de cinco años. Con su trabajo en el campo, espera lograr que ella no tenga que dejar las aulas para ir a los surcos. Esa es su esperanza.

Desde el 2011, Abad Francisco ha desempeñado distintos cargos comunitarios: Presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Juan de Salazar, fiscal de la iglesia del pueblo durante tres años, entre otros. Como ocurre en la Montaña, los sabios de los pueblos van delegando en los jóvenes más responsables y comprometidos las tareas que permiten la cohesión comunitaria y la reproducción de un modo de vida donde lo colectivo y lo individual no se escinden.

Al igual que sus demás compañeros, Abad Francisco acudió a la asamblea del 18 de noviembre de 2012, en la que fue nombrado Consejero de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.

La decisión que llevó a las comunidades de la región de la Ayutla a emular el modelo organizativo de la CRAC, cabe recordar, tiene su origen en la crisis de inseguridad que durante los últimos dos años comunidades indígenas y campesinas de los municipios de Ayutla, Titxtla, Huamuxtitlán y Olinalá han tenido que enfrentar. En varias cabeceras municipales, sólo la aparición de estas expresiones de seguridad comunitaria ha devuelto la paz y la tranquilidad a comunidades que vivían azoladas por los narcotraficantes en medio de la indiferencia gubernamental.

Sin embargo, el aporte que a costa de su propia seguridad dieron hombres y mujeres valientes como Abad Francisco no ha sido debidamente aquilatado. Por el contrario, en los meses recientes se desató una abierta persecución en contra de ellos, marcada por el uso desproporcionado del sistema de procuración de justicia.

En ese marco, el gobierno del Estado envió mensajes contradictorios. Por un lado buscó derogar los avances de la Ley 701 e incorporar al Sistema de Justicia Comunitario a un modelo de seguridad pública, que no corresponde a la identidad indígenas de los pueblos que lo conforman; dicho modelo se ha concretado en una Policía Rural cuyos alcances aún desconocemos. Simultáneamente, el gobierno del Estado enalteció la decisión de las comunidades de organizarse y de combatir al crimen organizado que asedia zonas donde las autoridades son incapaces de controlarlo. En Olinalá, todavía se recuerda la reunión en la que el Gobernador del Estado calificó como heroicos los esfuerzos de líderes comunitarios como Nestora Salgado García.
Pero pasados los meses, Nestora, Abad Francisco y otros 11 compañeros podrían dar testimonio -si no se encontraran en penales ubicados fuera del Estado-, de cómo la ambivalencia del gobierno del Estado no se reflejó en un proceso que, agazapado, se fue gestando sin pausas ni ambages en los últimos meses: la integración de averiguaciones previas contra quienes se organizaron para defender sus pueblos, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el propósito de equiparar ese esfuerzo a la acción cobarde de los secuestradores que tanto dolor siembran en nuestra entidad.

En lo que puede calificarse como una verdadera burla para quienes han padecido un secuestro y nunca han visto a la Procuraduría actuar enérgicamente contra sus victimarios, hoy Abad Francisco y sus compañeros son tratados como los más peligrosos plagiarios.

Detenido el 21 de agosto de 2013, junto a otros 11 activistas de la Casa de Justicia de El Paraíso y trasladado a Acapulco donde estuvo arraigado por un par de semanas; Abad Francisco hoy se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Acapulco, junto a otros 8 compañeros de la CRAC-PC, acusado del delito de secuestro, dentro de la causa penal 191/2013 que se instruye en el Juzgado 4º de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero.

El juez que le dictó el auto de formal prisión no revisó críticamente la acusación conforme al nuevo marco legal en materia de debido proceso: simplemente reprodujo la acusación de la Procuraduría, mostrando esa falta de independencia que bien conocemos en un estado donde la sujeción de la judicatura al poder político se expresa tanto en los casos más álgidos como en el ir y venir sin rubor de funcionarios que pasan del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.

Abad Francisco no es un secuestrador. Si él o sus compañeros cometieron alguna falta, no hay modo en que ésta pueda equipararse a la que cometen quienes hacen del plagio su perverso modo de vida. Abad Francisco jamás privaría a nadie de la libertad para obtener un rescate; lo sabe su pequeña hija de 5 años, que lo espera en El Paraíso con el anhelo de que sigan soñando juntos el sueño de ese día lejano en que celebrarán su graduación de la escuela primaria, la misma que él no pudo finalizar. Abad Francisco, repitámoslo, no es un secuestrador: es tiempo de que también lo reconozcan el gobierno del Estado, los jueces del Poder Judicial y, sobre todo, el pueblo de Guerrero.