Esta es la novena de doce biografías de defensoras y defensores del sistema de seguridad y justicia indígena del estado de Guerrero; doce entregas enmarcadas en la campaña «12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad».
Día 9. José Leobardo Maximino. Policía Comunitario de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso.
José Leobardo Maximino, indígena Na Savi de 50 años de edad, se encuentra recluido en el penal de Acapulco. No entiende mucho español pues no cuenta con ninguna instrucción, aunque estudió hasta el segundo año de primaria.
Desde que recuerda, se ha dedicado al campo en la comunidad de Chacalapa, municipio de Ayutla de los Libres, con su padre José Maximino, su madre Juana y sus otros dos hermanos y ahora en su parcela junto a su esposa Regina, donde siembran maíz, frijol, calabaza y matas de plátano para su autoconsumo y, cuando la tierra da, para vender. José y Regina tienen seis hijos, todos han logrado acceder a educación elemental, incluso más allá del grado al que llegó su padre. Dos aún cursan la secundaria y dos la primaria. Sin embargo, como es costumbre, todos ellos también trabajan en el campo para poder mantener a toda la familia.
Durante el 2012, José Leobardo decidió salir de su comunidad para ir a trabajar en el corte de café en Coyuca de Catalán, en la región de la Costa Grande del Estado. Ahí, José Leobardo se dio cuenta de la terrible situación y la violencia generalizada que se vive en esa región; de la permisividad con la que opera el crimen organizado, de la negligencia con la que el Estado permite que la violencia y los abusos sean una realidad cotidiana para los habitantes de la Costa Grande, y de las dificultades que enfrenta la sociedad civil para organizarse. La Costa Grande marcó a José Leobardo, quien no podía dejar de pensar en cómo las condiciones en la región de Ayutla se iban asemejando cada vez más a las que veía al migrar.
José Leobardo no estaba equivocado, el estado de Guerrero ha sido considerado como uno de los más violentos del país, con los números más altos de asesinatos en los últimos años.
Por antecedentes como este, José Leobardo fue uno de los miembros de Chacalapa que entusiasmadamente promovió la adscripción de esta comunidad a la CRAC-PC, al verla como una experiencia que había probado ser exitosa en la región de la Montaña y que podría construirse en la región de Ayutla como respuesta al hartazgo ciudadano frente a la inseguridad. La forma de organización de la Policía Comuinitaria, coincidía además con la manera en que se articula el tejido social en la región donde José Leobardo había crecido.
La decisión de Chacalapa de integrarse al modelo no fue sencilla, implicaba un compromiso de toda la comunidad. Fueron necesarias voces promotoras como la de José Leobardo para contar con el respaldo comunitario y la anuencia de asamblea. La voz de José Leobardo es escuchada en la comunidad debido a su compromiso: él fue Comisario municipal de Chacalapa en el 2007 y volvió a ser elegido como Secretario del Comisario Municipal para el año 2013. De igual forma, José fue nombrado en una Asamblea celebrada en diciembre de 2012, como Policía Comunitario.
José Leobardo fue detenido el 27 de agosto en Cruz Grande, junto a otros 2 compañeros, cuando participaba en una marcha multitudinaria de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia El Paraíso, junto a integrantes de otras comunidades adscritas a esta Casa de Justicia. La marcha, como hemos recordado en este espacio, fue una respuesta espontánea para exigir el cese de los operativos y las detenciones contra la Policía Comunitaria; paradójicamente, José Leobardo fue detenido por demandar que no detuvieran a más compañeros y compañeras.
Hoy José Leobardo se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Acapulco acusado del delito de portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, dentro de la causa penal 54/2013, que instruye el Juzgado Sexto de Distrito de Acapulco, Guerrero.
Seguramente, en su celda, José Leobardo se pregunta cómo es que el Estado ha decidido criminalizarlo a él y a sus compañeros, cuando fueron ellos quienes salieron a defender a aquellos que como él se habían organizado para enfrentar la grave crisis de violencia e inseguridad que había en sus comunidades, siendo que ese mismo Estado no ha logrado detener la violencia en Chacalapa, ni en la región de Costa Grande, ni en ninguna de las otras seis regiones del estado.
La familia de José Leobardo ha perdido temporalmente al padre de familia y Chacalapa a uno de sus principales líderes. ¿Quién se beneficia de esta detención? ¿Cómo abona el encarcelamiento de los policías comunitarios a la construcción de un Guerrero más justo y seguro?
Nadie puede desestimar las tensiones que genera la seguridad comunitaria al poner en jaque uno de los pilares del Estado occidental como lo es el monopolio de las labores de seguridad y justicia, aunque lo cierto es que poco se invocan estas tensiones frente a fenómenos como los de los cuerpos de seguridad empresariales o las instancias de arbitraje comercial. Pero dejando esto de lado y asumiendo, como se decía, que esas tensiones pueden presentarse, nadie puede afirmar desde una lógica democrática que la solución a estos fenómenos es el encarcelamiento de quienes se suman a las filas de la policía comunitaria; menos aún que la respuesta óptima sea caracterizarlos como secuestradores y remitirlos a las cárceles más severas. De persistir en esta ruta, serán cientos e incluso miles los líderes comunitarios como José Leobardo que la Procuraduría tendrá que investigar y consignar, para beneplácito de los verdaderos secuestradores, quienes hoy caminan en Guerrero con el paso firme de los que se saben intocables. Este no es el camino que la gente de la Costa Montaña merece. Aún hay tiempo para enderezar el uso desviado de las instituciones de procuración e impartición de justicia que mantiene a José Leobardo en prisión.