El año de las catástrofes

 

 

Los procesos electorales, en lugar de que sean coyunturas propicias para impulsar el debate político, entre los ciudadanos, los partidos y sus candidatas o candidatos, predomina un ambiente hostil marcado por campañas centradas en desprestigiarlos. Prevalece mucha desinformación y los mismos debates presidenciales se ha reducidos a vituperios entre las mismas candidatas, quedando en segundo plano sus plataformas políticas y sus planteamientos de fondo orientados a resolver los grandes problemas nacionales que nos aquejan. En todos los niveles el clima político es de confrontación y descalificación.

Esta animadversión genera desencanto y desinterés entre amplios sectores de la población, por eso muchos electores solo esperan a que llegue el día de las alecciones para emitir sus votos. Entre los mismos candidatos predomina el discurso hueco, demagogo y superficial. Sus equipos se centran en generar una buena imagen y se preparan para dar la pelea en las redes sociales y en la cooptación de líderes para corporativizar y comprar los votos. Son triquiñuelas que se arman en sus cuartos de guerra para asegurar los votos cautivos y amarrar con dinero a los indecisos. Este ambiente turbio propicia que el dinero mal habido circule entre los candidatos que asumen compromisos en la penumbra, con patrocinadores que tienen intereses económicos y extralegales.

Con este telón de fondo, afloró la violencia focalizada contra los candidatos para presidentes municipales. La disputa política se concentró en el poder municipal, porque los grupos políticos saben muy bien que ahí se manejan muchos millones de pesos y que están en posibilidades de acceder a estos presupuestos estableciendo acuerdos con sus candidatos. En los gobiernos locales está el negocio seguro.

Lamentablemente este torbellino de la violencia política atentó contra la vida de varios personajes que se preparaban para ser candidatos o que ya estaban en la contienda electoral. Iniciando el año, en la región de la Montaña, el aspirante del PRD a la alcaldía de Atlixtac Marcelino Ruiz Esteban y su esposa Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del mismo partido, fueron arteramente asesinados cerca de la comunidad de Atempa, municipio de Chilapa, cuando se trasladaban a la ciudad de Chilpancingo.

El 8 de febrero Abraham Ramírez Rincón, fundador de Morena en Huamuxtitlán y padre de Rosalba Ramírez, una joven aspirante a la alcaldía, fue asesinado a balazos en el barrio de El Rosario de la cabecera municipal. En ese mismo mes el regidor de Cualac Manuel Eugenio Arriaga, aspirante a la alcaldía por el Partido del Trabajo PT, fue encontrado muerto por envenenamiento. El 3 de marzo en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez es asesinado el pre candidato para alcalde por el PT Alfredo González Díaz.

En la Costa Grande la violencia se focalizó en el municipio de Coyuca de Benítez. El 16 de mayo fueron encontrados los cuerpos del candidato a regidor Aníbal Zúñiga Cortés y su esposa Rubí Bravo, estaban en la batea de una camioneta en el puerto de Acapulco. Diez días después matan al candidato de la coalición del PRI, PRD y PAN José Alfredo Cabrera Barrientos cuando se dirigía al templete que habían instalado para el cierre de su campaña. A pesar de que estaba acompañado por elementos de la guardia nacional, nada impidió para que una persona accionara el arma al subir el candidato las escalinatas.

El 15 de junio, a dos semanas de la jornada electoral fue asesinado el alcalde electo de Copala, el capitán de fragata retirado Salvador Villalba Flores. Lo insólito fue que recibió dos balazos cuando viajaba en un autobús que había salido de la ciudad de México. Su triunfo lo obtuvo con el partido Alianza por México. En ese mismo mes asesinaron al presidente de Malinaltepec Acacio Flores Guerrero, quien no pudo refrendar su triunfo para un segundo período. En la tarde del jueves 20, después de inaugurar dos obras en la comunidad de Alacatlatzala, un grupo de personas encapuchadas lo esperaba en el interior de la delegación Guadalupe. Nunca imaginó que al pasar lo recibirían con golpes y le asestarían un tiro en la cabeza, que en el instante lo privó de la vida.

El mapa electoral reconfiguró a los grupos políticos y generó un reacomodo entre las organizaciones delictivas. La violencia poselectoral que se dio en la capital del estado, con el asesinato del nuevo presidente municipal Alejandro Arcos Catalán, precedido de los asesinatos de quienes serían su secretario general y su secretario de seguridad pública son mensajes funestos de que los poderes fácticos tienen también su cuota política y económica. El escenario para el nuevo trienio preludia una descomposición mayor de las instituciones gubernamentales y una supeditación de los gobiernos locales a los intereses extralegales y mafiosos.

El año que termina también estuvo marcado por una violencia extrema. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dan la pauta: en la entidad se registraron de enero a noviembre mil 693 homicidios. En enero hubo 145; en febrero 159; marzo 131; abril se elevó a 160; mayo bajó a 148; junio subió a 170; julio ascendió a 178, mientras que el mes de agosto fue el más alto con 179. Septiembre bajó a 114; octubre 175 y noviembre cerró con 134.

Varios casos nos indican la exacerbación de la barbarie. En los primeros 10 días del 2024, 14 personas fueron asesinadas, tres de ellas en Chilapa; seis en un palenque en Petatlán y cinco fueron encontradas calcinadas dentro de un vehículo en Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, debido a una posible confrontación entre organizaciones delictivas. En la mañana del 12 de febrero fueron encontrados sobre la carretera Chilapa-Tlapa los restos de una familia nahua de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín de Herrera. Cecilia Gaspar y José Teodoro Domingo, ambos de 52 años, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años que estaban desaparecidos desde el 19 de enero en Zacatepec, municipio de Chilapa. El 20 de febrero un enfrentamiento entre el grupo de  los Tlacos contra la Familia Michoacana dejó 17 personas muertas, en la comunidad de Las Tunas, municipio de San Miguel Totolapan, por la férrea disputa territorial que no cesa.

El 22 de febrero la ciudad de Tlapa quedó consternada ante el feminicidio de la maestra Griselda Martínez Morán, originaria de Tlacuiloya, municipio de Tlapa. Su probable asesino fue su novio, quien la apuñaló en el cuarto donde vivía. En redes sociales se mencionaba de forma anónima que la misma noche de su asesinato, su novio compartió un estado de WhatsApp donde “ella estaba tirada y él sostenía el cuchillo, estaba hablando y diciendo que eso le pasaba a ella por faltarle el respeto”.

El 26 de marzo la niña Camila fue secuestrada en Taxco por sus vecinos. A pesar de que Margarita, la mamá de Camila, estaba dispuesta a entregar el dinero a cambio de que le devolvieran a su hija, nunca se la entregaron; por el contrario, su pequeño cuerpo fue encontrado en una bolsa negra sobre la carretera Taxco-Iguala. Este crimen atroz enardeció a la población y el 27 de marzo Ana Rosa y sus hijos Axel y Juan Alfredo, secuestradores de Camila, fueron sacados de su casa y linchados en la calle sin piedad. A mitad de año, el 14 de junio, Isabi Ortiz, hijo de Felipe Ortiz, ex alcalde de Metlatónoc, fue asesinado mientras se encontraba haciendo obras públicas en el municipio. En venganza, vecinos de Loma Bonita y otros poblados de Metlatónoc mataron a tiros a los tres presuntos responsables.

El 3 de agosto cinco hombres fueron abatidos en un enfrentamiento entre un grupo armado y la guardia nacional y el ejército en la comunidad de Oxtotitlán, municipio de Teloloapan. Decomisaron ocho armas largas y una corta; más de 50 cargadores, más de 900 cartuchos útiles de diverso calibre, equipo táctico y dos vehículos tipo pick up, puestos a disposición de la FGE.

En la Montaña de Guerrero el 7 de agosto, el primer reporte fue siete personas fueron asesinadas y cuatro heridas en un enfrentamiento entre hombres armados en el crucero de Amatlicha e Ixcamilpa, en Olinalá.

Del 21 al 27 de octubre desaparecieron en la comunidad del Epazote, municipio de Chilapa, 17 vecinos de la comunidad de Chautipan, 5 menores y 2 mujeres que regularmente salen a vender enseres domésticos a las comunidades rurales. Ante la exigencia de los familiares de que las autoridades agilizaran las búsquedas, el comandante de la 35 Zona Militar anunció un aparatoso operativo con helicópteros y fuerzas especiales, sin embargo, no dieron con su paradero. Lamentablemente esa misma noche aparecieron 11 cuerpos, entre ellos 2 mujeres y 2 menores, en una camioneta abandonada a la altura del Parador del Marqués al sur de Chilpancingo.

La irrupción de un grupo armado en la madrugada del 24 de octubre en la cabecera municipal de Tecpan de Galeana que amenazó con sacar al grupo de los Granados, dejó un saldo de 34 personas asesinadas y 21 detenidos, entre ellos identificaron a 16 guatemaltecos, 1 salvadoreño y 4 mexicanos. En la refriega fueron asesinados dos policías.

El 8 de octubre, varios grupos de la policía comunitaria de la casa de enlace de San Juan Escalerilla, municipio de Zapotitlán Tablas acudieron a Olinalá para liberar a una persona secuestrada. En la balacera detuvieron a dos jóvenes que fueron amarrados, golpeados y sus cuerpos quemados. El 27 de octubre, habitantes de Huitzapula se enfrentaron a balazos con los policías de San Juan. El saldo fue una persona asesinada y otra herida. El pasado 15 de diciembre decenas de comuneros de Zapotitlán Tablas, Acatepec y Atlixtac se organizaron para impedir el paso al Ejército en la comunidad de Cerro Verde. La población reclamó a los militares su inacción ante las llamadas de auxilio que requieren de su intervención. Le advirtieron que no regresaran a la región, porque la seguridad la van a brindar los mismos pueblos con el apoyo de su Policía Comunitaria.

Los huracanes de la violencia con el huracán John han devastado la precaria infraestructura del puerto de Acapulco y sobre todo de las comunidades rurales que sobreviven en el fango del olvido. El horizonte se ha enturbiado por la falta de rumbo y por el distanciamiento de las autoridades con la población que no se siente escuchada ni atendida. Lo más grave es que los poderes fácticos parecen tomar el timón en varias regiones del estado.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan