El destierro de las familias indígenas y campesinas de Guerrero

 

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“Hoy venimos a escuchar sus historias…quiero darles un abrazo. También quiero hacerle de su conocimiento que integrantes de la ONU tienen presencia permanente en México para poder ayudar con las historias que nos contarán. Entendemos la difícil posición de los desplazados forzados, pero también esperamos que con estas historias se haga visible este fenómeno en el estado”, Relatora Especial de la ONU sobre Desplazados Internos, Cecilia Jiménez -Damary, en su visita a Guerrero. 

 

Nunca pensó dejar su pueblo. Sin embargo, una noche caía densa sobre el tejado, cuando don Esteban escuchó voces al otro de la calle donde anunciaban la muerte de su familia. Imaginó lo peor. Trató de mirar las esquinas de su casa, sus herramientas de trabajo y luego volteó la mirada a su esposa, a sus hijas y a sus hijos. Se resistía a pensar en otra cosa menos en la pesadilla que estaba por venir. No quería decirle nada a su familia. Se sentó y pensó en un puente entre la vida y la muerte. Su cuerpo se hizo pesado, sobre todo, porque tenía aproximadamente cuatro días de que a su hijo lo habían desaparecido a unas cuadras del centro de Chilapa, en el 2018. Su temor era fundado. Bastaron dos minutos de reflexión y al final concluyó en una huida silenciosa.

Se acercó a su esposa y le comentó lo que había escuchado de las personas armadas que se encontraban afuera de su casa. El semblante de todos y todas ya no era el mismo. Trataron de empacar lo más indispensable como ropa, un calzado y las tortillas secas que habían sobrado de la comida. Don Esteban organizó a su familia para que saliera de uno en uno, cada dos horas rumbo a uno de los cerros cercanos de la comunidad. Les dijo: “se van con mucho cuidado, sin que nadie los vea y sin que siquiera el silencio de la noche los escuche. Me esperan en la punta del cerro más alto hasta que yo llegue”. Así huyeron don Esteban y su familia de la violencia.

Por su parte, Dani, una joven Me’phaa originaria de la región de la Montaña relata una de las historias más desgarradoras ocurridas en el 2020. Su papá sembraba en el campo y cuidaba unas vacas. Un día decidió ir a Tlapa acompañado de su esposa y su niña. Habían avisado a la abuela que regresarían ese mismo día. Pasaron las horas hasta que llegó la noche. La preocupación aumentó en la familia. Empezaron a preguntar, pero nadie dio razón. Al siguiente día la noticia caló profundo cuando supieron de una camioneta calcinada en la carretera. Más tarde les avisarían que era la familia de Dani la que habían asesinado y calcinado. Dani tuvo que salirse de su comunidad de inmediato porque su vida corría peligro. Así como ella decenas de familias indígenas se han tenido que ir a otros lugares para no morir.

Estas historias se repiten en más de 22 mil familias desplazadas de 25 municipios en el estado de Guerrero. Estos desplazamientos forzados han sido generados por los grupos de la delincuencia organizada en contubernio con las autoridades municipales, estatales y federales.

Desde hace 16 años la violencia se acentuó en el estado. Las comunidades fueron asediadas y controladas por el crimen organizado. Más tarde, la violencia macrodelincuencial se incrementó. Las calles se llenaron de sangre y las casas quedaron vacías.

Uno de los municipios más violentos entre el 2012 y 2018 fue Chilapa. En el 2015, supuestos policías comunitarios tomaron las calles, donde fueron desaparecidos poco más de 30 personas en una semana. Los enfrentamientos entre el grupo delincuencial Los Rojos y Los Ardillos dejó una estela de asesinatos. La violencia irradió a los municipios de Zitlala, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo y otros más. En el 2018 Chilapa fue el segundo municipio más violento del país, con mil 200 asesinados y 500 desaparecidos en diez años. La disputa férrea de los grupos delincuenciales fue por el control del territorio para el trasiego de la droga.

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, desde noviembre de 2018 acompaña a familias indígenas desplazadas del municipio de Chilapa y Zitlala. En la comunidad náhuatl de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en la noche del 3 de noviembre del 2018 se desplazaron 18 familias, entre ellas dos mujeres que recién habían dado a luz, Alo y Yes, otra de ellas tenía dos meses. Sin embargo, tuvieron que dejar su comunidad para salvar sus vidas, mientras sus esposos les privaron de la vida, antes los obligaron a trabajar, otros más que se resistían al trabajo forzado hasta la fecha se desconoce su paradero.

La mayoría mujeres indígenas salieron cuando pardeaba la tarde para que los grupos de la delincuencia organizada que mantenían retenes en la comunidad no se dieran cuenta. Le dieron por veredas para no ser descubiertas. F estaba embarazada, pero las demás mujeres la cuidaron durante el trayecto. El 5 de noviembre llegaron al municipio de Copalillo, pero el entonces presidente municipal, Julián Castro, solo les dio permiso para que se quedaran una noche. Al día siguiente emprendieron su camino rumbo a Iguala hasta que llegaron a Chilpancingo. El Centro Morelos las acompañó en ese caminar. Era indescriptible el miedo y las lágrimas de niñas y niños. Lo único que llevaban para comer eran unas tortillas duras que ponían a secar bajo los rayos del sol. El Centro Morelos se movilizó para buscar apoyos alimenticios y un lugar para pernoctar.

La presión mediática ayudó para que las autoridades voltearan a verlos. “Si regresamos, en tres o cinco días nos matan o nos desaparecen”, decían las familias. El 17 de febrero del 2019 se sumaron al plantón por 37 días en la puerta de Palacio Nacional. Ahí mismo familias desplazadas de la región serrana se encontraban en calidad de desplazadas. El 11 de noviembre de 2018 llegaron al municipio de Leonardo Bravo aproximadamente mil 800 personas de 11 comunidades huyendo de la violencia implantada por los grupos de la delincuencia organizada. Estos grupos armados, apoyados por policías y el ejército mexicano, incursionaban en comunidades asesinando, desapareciendo, agrediendo sexualmente a las mujeres y quemando casas. Las amenazas de muerte continuaron después de su desplazamiento. No obstante, las familias desplazadas buscaron canales de diálogos con las autoridades para exigir seguridad, alimentación, apoyos de vivienda, el retorno a sus comunidades y reparaciones de daños. La lucha ha sido difícil, porque la violencia aumenta con los días y las autoridades no han querido desarticular a los grupos de la delincuencia organizada.

Ante una grave crisis de derechos humanos, las autoridades siguen patinando en el mismo lodazal de la militarización, con una estrategia de seguridad que lejos de abatir la violencia se incrementa. Las calles son escenarios de carros incendiados, de asesinatos, desaparecidos y familias desplazadas. Es importe que los gobiernos escuchen el clamor de las familias que padecen las consecuencias de la violencia.

 

Foto: Lenin Ocampo Torres