Con el presidente Ernesto Zedillo, en 1993 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Han pasado cinco presidentes de la república y lamentablemente la violencia se ha esparcido por todo el país, mostrando con cifras frías la tragedia que vivimos cotidianamente, con la muerte de un gran número de ciudadanos que son víctimas de homicidios dolosos.
Retomando los datos del secretariado ejecutivo de este Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guerrero se han contabilizado 800 víctimas de homicidios dolosos en lo que va del primer semestre, lo que representa un incremento del 20.12 por ciento, respecto del mismo periodo del 2022. Ocupamos el séptimo lugar a nivel nacional con mayor número de víctimas por homicidios dolosos. En el mes de mayo se registraron 140 casos, siendo el segundo mes con más personas afectadas. Los municipios donde la violencia se ha exacerbado es donde las disputas entre los grupos de la delincuencia han alcanzado mayor virulencia, como recientemente sucedió en la capital del estado. El puerto de Acapulco, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Tixtla concentran el mayor número de casos de homicidios dolosos que desde antes del 2023 estas ciudades se mantienen en foco rojo. Acapulco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional y está catalogada como una de las ciudades más violentas de México, donde los contrastes sociales son abismales. Lo más grave de esta desigualdad es que la violencia se concentra en las colonias más pobres, donde los jóvenes no tienen oportunidad de concluir su educación básica y mucho menos de continuar sus estudios de nivel medio superior. Los asesinatos de jóvenes, niños y niñas es alarmante y desolador. Las autoridades municipales tienen en total abandono a estas colonias, las familias sobreviven con el ambulantaje y las actividades ilícitas resultan ser atractivas para los jóvenes que no tienen trabajo.
El caso del periodista Nelson Matus Peña, director del portal de noticias lo Real de Guerrero, es un hecho indignante y reprobable por la forma en que fue asesinado a balazos este sábado en la colonia Emiliano Zapata. En plena luz del día y en el estacionamiento de la tienda Coppel fue atacado con armas de fuego por los homicidas que actuaron con la certeza de que el sistema de seguridad pública en Acapulco no funciona. De acuerdo con información del gremio periodístico de Guerrero, en los dos años de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, han asesinado a cuatro reporteros. Esta situación ha puesto en alerta a los periodistas porque están constatando que el clima de inseguridad que impera en el estado pone en riesgo su trabajo, al grado que hay regiones como la Tierra Caliente, la zona Norte y algunos municipios de la región Centro, donde la actividad periodística se ha restringido a causa de la violencia. Sus reportes nos describen los hechos de violencia que son parte de nuestra cotidianidad; nos presentan los registros de las personas asesinadas, de los vehículos incendiados con personas calcinadas, así como los reportes desgarradores de las personas decapitadas y desmembradas. Son realidades que como sociedad resultan terroríficas y detestables, sin embargo, el gremio periodístico ha asumido el compromiso de informar en condiciones sumamente riesgosas, porque no hay garantías para ejercer con libertad y seguridad el trabajo periodístico.
Con los asesinatos de los cuatro periodistas y el desplazamiento forzado que se ha dado en varios de ellos, es una forma de silenciar a quienes han asumido el compromiso de informar a la sociedad. Su trabajo es imprescindible, y por lo mismo, las autoridades están obligadas a protegerlos y a reconocer la loable labor que realizan. El asesinato de Nelson Matus ha encendido las alarmas en el gremio periodístico porque los riesgos son inminentes de sufrir más ataques en medio de una confrontación entre grupos de civiles armados y de un clima de inseguridad que alienta la violencia ante un gobierno que le está fallando a los ciudadanos y ciudadanas que se sienten desprotegidas.
Los mismos reportes de los periodistas nos muestran el grave deterioro de la seguridad que vivimos en el estado y hay fundados temores de sufrir ataques letales. Además de que la seguridad pública se ha resquebrajado, la Fiscalía General no ha estado a la altura de los familiares que han demandado que se investiguen estos crímenes y se logre dar con los responsables materiales e intelectuales. El distanciamiento que se ha dado entre los funcionarios de la Fiscalía y los familiares que han interpuesto denuncias incrementa la desconfianza y la desinformación sobre los avances de las investigaciones. Son las familias que en medio del dolor y el miedo se ven obligadas a presionar a los ministerios públicos para que realicen con agilidad todas las diligencias que requieren sus casos para fortalecer las carpetas de investigación y asegurar resultados tangibles.
Esta etapa de investigación junto con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se ha transformado en un calvario porque en la práctica no hay justicia pronta, gratuita, justa, humana y respetuosa de los derechos humanos de las víctimas. Ante la falta de personal suficiente para proporcionar asesoría jurídica las familias de las víctimas quedan en total indefensión. Tienen que buscar por sus propios medios a un abogado o persona de confianza que les ayude a interponer la denuncia. En una región indígena como la Montaña no hay suficientes peritos intérpretes que puedan garantizar a los familiares una defensa apropiada, tomando en cuenta la cultura y la lengua de las víctimas. Regularmente muchas familias desisten en su afán de justicia ante los riesgos que corren por atreverse a denunciar. Esta situación de indefensión no es valorada por los jueces para otorgar medidas cautelares y así garantizar la protección de las personas agraviadas. Esta enorme brecha entre el sistema de justicia estatal y la población que se siente amenazada ha causado grandes quebrantos debido a que las instituciones del estado no protegen a las víctimas, por el contrario, las abandonan y las revíctimizan. Las consecuencias son devastadoras porque han generado un vacío de poder que en la práctica lo están ocupando los grupos del crimen organizado que se han incrustado en el aparato gubernamental y tienen presencia en los 81 municipios.
En el estado se tienen registrados 16 grupos de la delincuencia organizada que han incrementado sus acciones violentas en las regiones donde disputan el territorio, el control de las presidencias, los negocios lícitos e ilícitos, así como el cobro de piso, las extorsiones y los secuestros. Actúan como si no existiera un aparato de seguridad que ha sido creado expresamente para proteger a la población. Los policías y militares portan armas y están entrenados para contener y disuadir a grupos que ponen en riesgo la convivencia pacífica y atentan contra el orden y el estado de derecho. Han pasado cinco sexenios y los resultados en cuanto a seguridad son nulos. Se han implementado varios programas federales y creado nuevos cuerpos de seguridad, pero todo ha sido un fracaso porque la violencia azota a todo el país. En nuestro estado, a pesar del incremento del número de elementos de la guardia nacional y del mismo ejército, la proliferación de las organizaciones delictivas sigue al alza en las siete regiones del estado.
Sobre sale el Cartel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y Sangre Nueva que disputan la plaza en la Costa Grande; la Familia Michoacana ha tomado el control territorial de los municipios de Tierra Caliente, sin embargo, no cesa la disputa con Los Tequileros, el Cartel Jalisco Nueva Generación y Caballeros Templarios. Los Rusos han aparecido como el grupo que se ha impuesto en el puerto de Acapulco peleando las colonias con el Cartel Independiente de Acapulco, así como el Cartel Jalisco Nueva Generación. En la ruta de la Costa Chica los Rusos se han aliado con algunos grupos de la UPOEG y están en disputa con los Añorve y Los Marín. Los Tlacos tienen su centro de operaciones en Heliodoro Castillo y han logrado irrumpir en varios municipios de la zona centro, al grado que ahora disputan con los Ardillos la capital del estado. En las ciudades de Iguala y Taxco hay una lucha encarnizada entre el grupo de La Bandera y Los Tlacos. El grupo de los Ardillos ha consolidado su presencia en la zona centro, en la Montaña baja y alta del estado de Guerrero.
Los aparatos de inteligencia del Estado, así como la mesa de coordinación para la construcción de la paz tienen la alta responsabilidad de atender un problema mayúsculo que se ha arraigado dentro de los mismos ayuntamientos y en las diferentes corporaciones policiales. El escenario se ha complejizado porque al interior de las instituciones persisten las redes delincuenciales que forman parte de los vasos comunicantes que apoyan a los diferentes grupos del crimen organizado para afianzar sus negocios y asegurar el control de la plaza.
Esta coyuntura política es una gran oportunidad para que se reestablezca el dialogo entre los partidos políticos y sus precandidatos con la multiplicidad de actores de la sociedad civil, con el fin de discutir el grave problema que nos afecta como nación. Hay un reclamo de una sociedad agraviada que se siente ofendida e indefensa porque en el campo de batalla los grupos de la delincuencia están tomando varios frentes y han logrado atrincherarse en varias regiones para afianzar su presencia. El Estado debe mostrar la capacidad para desmontar las estructuras delincuenciales y desarticular estas organizaciones, así como desbaratar su sistema financiero que ha logrado incursionar en las diferentes ramas de la economía estatal. El gran desafío es garantizar el derecho a la vida y seguridad de la población. Las autoridades deben brindar a los periodistas condiciones óptimas para ejercer con seguridad y libertad el derecho a informar, de lo contrario, nuestro sistema político seguirá resquebrajándose.
Foto: Jesus Saavedra